La carrera del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por mantenerse en Moncloa com el apoyo de sus socios no está siendo sencilla. El líder socialista comenzó a allanar el camino para su tercer mandato al frente del Ejecutivo en 2021. Fue entonces cuando sacó de la mesa del Consejo de Ministros los indultos a los líderes del procés. Ahora, después de tres años de negociaciones, ya son cinco las principales cesiones a los independentistas catalanes. La última: modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El no de Junts a la ley de amnistía de la pasada semana no ha hecho al Ejecutivo de coalición plantearse de nuevo la norma, pero sí pensar en qué otras cosas pueden ayudar a obtener el favor independentista. "Ya lo dijimos con la votación: no", aseveró este mismo lunes el presidente ante una posible ampliación de la ley para que sea "integral", como piden los de Carles Puigdemont. Pese a esto, Sánchez se abrió a limitar las instrucciones judiciales después de que se prorrogaran las dos investigaciones contra el expresident por el caso Voloh y el de Tsunami Democràtic.
Se da la tesitura de que esta reforma de la LECrim para "luchar contra la corrupción" fue algo que el propio Gobierno de Sánchez, entonces con Unidas Podemos y no Sumar, reformó en 2020 para alargar los plazos de instrucción- de seis meses a un año, es decir, lo contrario de lo que defiende ahora.
Indultos para un nuevo tiempo de diálogo
Pero hay que mirar hacia atrás, a 2021, para ver el camino recorrido por Sánchez hasta llegar a su pacto de investidura con Junts. En junio de ese año, el presidente anunciaba que se aplicarían los indultos a los encausados por el procés. En concreto, indultos parciales por los que se conmutaba la pena pendiente de prisión mientras que se mantenían las condenas por inhabilitación, siempre condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado.
Entonces, el socialista justificó la decisión, rubricada por el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, en que existían razones de utilidad pública para esta medida de gracia, concretamente "la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española", conforme con el espíritu de la Constitución Española. Ni la negativa del Tribunal Supremo hizo dudar al socialista.
El objetivo del entonces Gobierno de coalición, según las palabras del presidente en una declaración institucional, pasaba por restablecer un nuevo tiempo de diálogo y tender puentes entre personas muy alejadas en lo político. "España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España, no sería Cataluña", dijo entonces.
La reforma del Código Penal para eliminar la sedición
En diciembre de 2022, el PP calificaba de "traición" el siguiente paso del Ejecutivo en pro de firmar la paz con Junts. El Senado daba luz verde a la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición (el principal delito por el que fueron condenados los líderes del procés) y rebajar las penas en algunos supuestos del de malversación.
El principal cambio fue la eliminación del artículo 544 del Código Penal, que recogía el delito de sedición, penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación para crear uno nuevo de desórdenes públicos agravados en el artículo 557, donde las penas equiparables al tipo derogado van de los 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación.
PSOE y Unidas Podemos se apoyaron para esta reforma en que la sedición era un delito confuso, con un castigo desproporcionado y sin equiparación a los códigos penales de otras democracias europeas. PP, Vox y Cs tacharon la nueva norma de "traje a medida para los independentistas".
Una ley "impecable"
Pocos días antes del debate de investidura de Pedro Sánchez del pasado noviembre, el líder socialista acordaba con Junts y ERC dar luz verde a una ley de amnistía en su nuevo mandato como presidente. Algo, que a día de hoy, no está siendo suficiente para los independentistas, que en la votación en el Senado de la semana pasada se negaron a apoyar.
El visto bueno de Puigdemont, huído en Bélgica desde que declarara ilegalmente la independencia de Cataluña, fue el punto clave de un acuerdo que le está dando quebraderos de cabeza al Ejecutivo.
La Proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña incluye todos los delitos relacionados con el proceso independentista, desde 2012, con la convocatoria de la consulta del 9N, en 2014, pasando por los hechos ocurridos en 2017 con el 1O, y en el texto se incluye también el lawfare, es decir, lo que los independentistas consideran una persecución judicial en torno al procés.
Además, el texto inicial del PSOE proponía amnistiar los casos de terrorismo siempre y cuando no hubiera condena firme, pero, ante las exigencias de sus socios (en especial Junts y ERC), accedió a proponer una redacción que incluyese a todos los casos en los que no hubiesen causado "violaciones graves de derechos humanos".
"Es impecable desde el punto de vista constitucional y un paso de gigante para la convivencia en Cataluña", aseguró el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el momento de dar a conocer el texto. "El hecho de que se encargue al Congreso la solución de la mayor crisis política sufrida en décadas es ejemplo de que reforzamos las instituciones y el estado de derecho", añadió.
Pero pasados los meses y con Sánchez, de nuevo, como presidente del Ejecutivo, Junts quiere más y desde la bancada de la oposición, tanto PP como Vox no cesan en su empeño de evitar que salga adelante. A tal punto llega la batalla declarada de Alberto Núñez Feijóo, que en la pasada votación en el Senado, donde no salió adelante, eliminó en el último momento sus 22 enmiendas a sabiendas del voto negativo de Junts. "La ley es un atentado contra el Estado de Derecho y una traición de Pedro Sánchez a la tradición constitucionalista del PSOE", afirman los pòpulares.
Acortar plazos
Los de Puigdemont, por su parte, reclaman una aplicación "integral" de la ley y dice que son 4.000 los "represaliados" a los que debería amparar la ley de amnistía. "No firmaremos una amnistía selectiva y en diferido y marcada por una justicia prevaricadora", avisaron. "Detener la represión a medias no es detenerla y que Junts no puede dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española", añadieron. Y votaron que no.
Ahora, con una previsible modificación de la LECrim, que ya ha sufrido reformas en otras ocasiones, la última en 2021, Sánchez trata de acortar unos plazos que, a su juicio, "se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión".
Concretamente, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que ha implicado a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa Tsunami Democràtic por posibles delitos de terrorismo, ha pedido una prórroga de seis meses sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por períodos de seis meses o inferiores que pudieran acordarse si procediera antes de la finalización de ese plazo, amparándose en el artículo 324 de la LECrim.
El caso comenzó a investigarse hace cuatro años y medio, en 2020, y durante el tiempo que dure esta instrucción, Puigdemont no podrá beneficiarse de la ley de amnistía.
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