Las negociaciones entre PSOE y Junts para superar su último desencuentro por la ley de amnistía, que llevó a los segundos a votar en contra de su aprobación en definitiva, parecían estar en punto muerto. Algo preocupante para el Gobierno, puesto que los independentistas ya habían avisado de que la medida de gracia es lo que da vida a la coalición, cuya supervivencia reside en los siete votos de los posconvergentes. En este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha hecho una oferta: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los tiempos de instrucción judicial. Esto supondría revertir un cambio legislativo que fue aprobado por el actual Gobierno en la anterior legislatura, entonces con Unidas Podemos y no Sumar formando binomio con los socialistas y de la que el propio Sánchez presumió por poner fin "a una limitación para luchar contra la corrupción".
"Hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales han puesto en cuestión", respondió ayer el presidente en una entrevista en La Sexta al ser preguntado por si se plantea una reforma de la LECrim. Sánchez apuntó a ello y señaló que "se incardina perfectamente en una reforma que hemos convalidado del real decreto de eficiencia de la Justicia". Al ser preguntados al respecto, desde Moncloa no ofrecieron más detalles. El presidente aseguró que negociaría con la formación catalana en los próximos días. Cabe apuntar que deberán pactar finalmente qué texto aprueban antes de dos semanas que empezarán a contar este mismo martes.
La idea de reforma lanzada por Sánchez podría suponer la reversión de otra modificación legal que realizó su propio Gobierno en 2020. El Ministerio de Justicia, dirigido entonces por el hoy magistrado del Constitucional Juan Carlos Campo, reformó el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar el plazo de instrucción de seis meses a un año. Defendió entonces el Ejecutivo que la modificación legal suponía "un elemento destacado de la lucha contra la impunidad y la corrupción". El propio presidente anunció la reforma de este artículo en el discurso de investidura que hilvanó en enero de ese año: "La apuesta por una justicia eficaz será una prioridad en esta legislatura [...] Vamos a modificar la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política".
Unidas Podemos -la coalición a la que pertenecía entonces Yolanda Díaz y como cuota de la cual estaba en el Gobierno- presumía de haber "derogado la ley Berlusconi que puso el PP para proteger a los corruptos". "A partir de ahora los que pretenden saquear lo público y llenarse los bolsillos a su costa lo tendrán difícil", señalaba entonces la formación, que sostenía que "la impunidad de los poderosos no tiene lugar en esta legislatura progresista". "Discutir sobre esto es discutir sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, porque el artículo 324 de la Lecrim es un instrumento al servicio de su impunidad", llegó a señalar en 2020 en sede parlamentaria el entonces diputado morado Jaume Asens, ahora principal negociador de Sumar con Junts.
El Partido Popular votó en contra de su aprobación, puesto que era suya la última reforma de dicho artículo. Fue bajo el mandato de Mariano Rajoy, en 2015, cuando se modificó ese artículo para que las diligencias de instrucción se pudieran practicar como mucho durante medio año desde que se incoasen las diligencias previas.
Con todo, lo que se puede interpretar como un 'guiño' a Junts llega después de que la semana pasada dos decisiones judiciales provocaran que la formación posconvergente se desmarcara del 'ok' definitivo a un texto en el que han trabajado sus propios juristas. Y las dos tenían que ver con la prórroga de los plazos de instrucción. Uno del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón con el que prorrogó seis meses la investigación del caso Tsunami, en el que pide investigar al dirigente independentista por terrorismo.
Otro, de Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que realizó el mismo movimiento para seguir investigando el llamado 'caso Voloh', en el que las presuntas "estrechas relaciones personales" entre el círculo de Puigdemont y algunos miembros de la inteligencia rusa podrían llegar a considerarse un "delito contra la paz y la independencia del Estado" -es decir, de traición-, dejando al expresident al margen del olvido jurídico. Esto provocó que desde Junts aumentasen la presión para lograr una amnistía "integral", a lo que Sánchez se niega por temor a que la ley no pase el filtro del Tribunal Constitucional. Tras deslizar el viernes que no aceptaría nuevos cambios, este lunes lo confirmó asegurando que no se introducirán otros casos de terrorismo -en la redacción actual se incluye este tipo penal siempre que no suponga una violación "grave" de los Derechos Humanos- ni de traición.
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