El Gobierno ha recalcado que la decisión "final" sobre la postura de la Fiscalía acerca de la imputación de Carles Puigdemont depende de la número dos del Ministerio Público, María de los Ángeles Sánchez Conde, y no de la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, que este martes se ha postulado a favor de abrir causa contra el expresident de la Generalitat fugado de la Justicia.
Doce de los quince fiscales de lo Penal del Supremo han rechazado la ponencia de su compañero Álvaro Redondo, que era contrario a imputar al líder de Junts por terrorismo. La noticia no ha causado sorpresa en el Ejecutivo, según señalan fuentes gubernamentales, que también recuerdan que este órgano es consultivo.
"La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha analizado la ponencia del fiscal encargado del caso que entiende que no concurre terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic", ha comenzado narrando la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. La también ministra de Educación y Deportes ha sido preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes nada más conocerse la decisión de la Junta, en la que doce vocales han considerado que hubo un posible delito de terrorismo en las acciones de la organización independentista y otros once aprecian indicios de vinculación de Puigdemont con la misma.
Alegría ha insistido en el "respeto" a la Junta de Fiscales, pero ha recordado que "de acuerdo con los estatutos orgánicos" del Ministerio Fiscal, "la decisión definitiva habrá de adaptarse por los órganos que establezca esta normativa". Es decir, que los fiscales del Supremo no tienen la última palabra al respecto, sino la teniente fiscal del alto tribunal.
"Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y los tribunales", ha remachado la portavoz. Este argumento también ha sido expuesto por el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. En declaraciones en los pasillos del Senado, ha enmarcado la decisión de la Junta de Fiscales en la "normalidad democrática e institucional", remarcando que la decisión final no está tomada: "Vamos a respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal".
En esta última idea insisten en privado las fuentes del Gobierno consultadas, que recuerdan que la Junta de Fiscales es un "órgano consultivo" y que la decisión es "jerárquica" y "la tiene quien la tiene".
A este respecto fuentes del Gobierno señalan que no les ha sorprendido la decisión adoptada por la mayoría de la junta de fiscales y remarcan que este es un órgano consultivo mientras que la decisión es "jerárquica" y "la tiene quien la tiene".
En este caso, la decisión recaerá sobre Ángeles Sánchez-Conde, número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y una de las personas de máxima confianza del sucesor de Dolores Delgado. Según recoge la agencia Europa Press, fuentes fiscales explican que suele alinearse con las tesis que mantiene el actual fiscal general del Estado, por lo que critican que no suele tener autonomía en sus decisiones.
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