La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, un documento contrario a imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en el alto tribunal, como ha pedido el juez Manuel García Castellón. De los 15 vocales de la junta, 12 consideran que hay causa para investigar un posible delito de terrorismo en las acciones de Tsunami Democràtic y 11 aprecian indicios de la vinculación de Puigdemont a la organización.
Por tanto, la mayoría se muestra favorable a admitir la solicitud (exposición razonada) que el juez instructor de la Audiencia Nacional García Castellón remitió al Tribunal Supremo el pasado noviembre. El togado pidió al tribunal que se encargara de investigar la vinculación del expresident y del diputado del Parlament Rubén Wagensberg (ERC) con las presuntas acciones terroristas de Tsunami Democrátic, organización a la que él mismo investiga desde hace más de cuatro años. Al estar ambos aforados, la Sala de lo Penal del alto tribunal es la única competente para imputarlos en esta causa.
La ponencia de Redondo, hoy desestimada, ha estado rodeada de controversia desde que se conoció que el fiscal había escrito un primer borrador abogando por la tesis de García Castellón y luego cambió de opinión. La principal duda es si el cambio de criterio se produjo antes o después de que el ponente se reuniera el pasado martes con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Tanto la Fiscalía como Álvaro Redondo han negado que el jefe del Ministerio Público haya presionado o influido en la decisión; de hecho, Redondo asegura que el último borrador -el que ha sido desestimado este martes por la mayoría de los fiscales de lo Penal del Supremo- lo elaboró antes del encuentro con García Ortiz.
Ahora que la Junta de Fiscales de lo Penal ha desestimado la ponencia de Redondo, será la teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos en el escalafón de la Fiscalía, María Ángeles Sánchez Conde, la que resuelva, para lo cual no tiene límite de tiempo. Según fuentes del Ministerio Público, los dos fiscales jefes de la junta han votado en sentidos diferentes: mientras que Joaquín Sánchez-Covisa no aprecia terrorismo, Fidel Cadena, sí. De este modo, ambos han decidido elevar las discrepancias a su superior jerárquica.
El informe definitivo será remitido al magistrado del Supremo Juan Ramón Berdugo, a quien se ha encomendado hacer una propuesta sobre la posible imputación de Puigdemont a la Sala de Admisión de la Sala de lo Penal del Supremo. Berdugo puede consultar el informe que le remitan los fiscales, pero no está obligado a acatar el criterio que le trasladen porque el texto no es vinculante.
Será la Sala de Admisiones quien decida de forma definitiva si la investigación continúa en el alto tribunal con la posible imputación del expresident y el diputado republicano, o si la instrucción debe proseguir en la Audiencia Nacional como proponía el fiscal Redondo y, por tanto, Puigdemont sigue sin poder ser imputado.
La posibilidad de que el Tribunal Supremo abra una investigación contra el expresident catalán por su vinculación con la presunta organización terrorista Tsunami Democràtic está jugando un papel clave en la tramitación de la ley de amnistía. Tanto es así que la semana pasada Junts votó en contra de la norma precisamente por temer que no abarque los delitos de terrorismo que investiga a día de hoy García Castellón.
La polémica en torno al fiscal general
Este fin de semana varios medios de comunicación informaron de que los fiscales del Supremo debatirían este martes una ponencia de Álvaro Redondo sobre la exposición razonada de García Castellón. Poco después de conocerse esta información se supo que el borrador no era el primero que había redactado el fiscal: había un primer documento que iba en sentido contrario, el fiscal cambió de opinión en la misma semana en la que se reunió con Álvaro García Ortiz. La polémica levantada en torno a esta contradicción ha sido tal que la propia Fiscalía General del Estado y Álvaro Redondo han publicado comunicados al respecto.
El fiscal del Supremo asegura que, tras elaborar un "primer borrador interno" se dispuso estudiar exhaustivamente la exposición razonada de García Castellón y concluyó que no había terrorismo. Esto ocurrió, según su versión, antes que la cita con el fiscal general, que tuvo lugar el martes pasado a "primera hora". Durante el encuentro, afirma Redondo, García Ortiz "se dio por enterado" y no hizo ni la más "mínima sugerencia". La Fiscalía se pronunció este lunes en el mismo sentido y negó "tajantemente" que García Ortiz hubiera influido en la decisión del fiscal del Supremo.
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