Con la pandemia del coronavirus encarando su recta final gracias a la buena marcha de la vacunación y los indultos a los condenados por el procés ya aprobados, los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno, y especialmente ERC, sitúan un nuevo objetivo prioritario para los próximos meses: que el presidente Pedro Sánchez acelere y amplíe las medidas sociales comprometidas en el pacto de coalición. Y tienen pensado presionar para que se lleven a cabo compromisos que, en algunos casos, el PSOE se resiste a cumplir.
El Ejecutivo tiene previsto aprobar esta semana el inicio de la tramitación de la largamente pospuesta ley trans, y en el horizonte más cercano se encuentran también medidas como la ley de vivienda o la revisión del salario mínimo. Se trata de iniciativas que han generado o aún generan serias diferencias tanto con los socios parlamentarios del Gobierno como dentro de la propia coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Y los grupos nacionalistas e independentistas –prácticamente los únicos socios que Sánchez tiene en el Congreso tras aprobar los indultos-, quieren inclinar la balanza.
En el caso de la ley trans, por ejemplo, finalmente el Ministerio de Igualdad de Irene Montero ha terminado llevándose el gato al agua frente a la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo: el proyecto de ley, que está previsto que se presente el martes en Consejo de Ministros, reconocerá la autodeterminación de género. Y para ello, además de la posición mantenida desde hace meses por Igualdad en las negociaciones, también han presionado los socios parlamentarios del Gobierno, que llegaron a sortear el veto del PSOE a esta medida presentándola en el Congreso y provocando que los socialistas votaran con PP y Vox para paralizarla.
Habida cuenta de la oposición de la derecha a la norma, los votos de los socios parlamentarios del Ejecutivo será clave para sacar definitivamente adelante su tramitación en los próximos meses. Y algo similar puede ocurrir con la conocida como ley del solo sí es sí, que está previsto que llegue al Consejo de Ministros también en las próximas semanas y que, entre otras cosas, incluirá la modificación del Código Penal para que se considere agresión cualquier acto sexual realizado sin consentimiento.
La vivienda y el salario mínimo
Hay normas que, sin embargo, aún siguen generando importantes diferencias entre el PSOE, por un lado, y Unidas Podemos y los socios del Ejecutivo, por la otra, y el ejemplo paradigmático es la ley de vivienda. La norma va casi por su cuarto mes de retraso debido a que socialistas y morados aún no han logrado ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de regular los precios de los alquileres. El PSOE, después de resistirse durante meses, ha accedido a establecer un marco normativo para congelar los precios en las zonas donde sean más altos. Pero Unidas Podemos sigue pidiendo lo que, según su interpretación, aceptó el PSOE por escrito: un mecanismo que no solo impida más subidas, sino que rebaje los precios actualmente existentes por ley.
En este pulso, que Unidas Podemos ha decidido mantener pese a la última cesión del PSOE, los socios nacionalistas y progresistas del Gobierno están casi unánimemente con la posición morada. Y, en el caso de formaciones como ERC o JxCat, por dos motivos: además de que ideológicamente son favorables a una limitación de precios de los alquileres, exigen que la ley de vivienda la incluya para que así no queden dudas sobre la constitucionalidad de la ley catalana que recoge esta medida. De hecho, la presión de ERC sirvió para que el Gobierno no haya pedido la suspensión cautelar de esta norma, pese a que la ha recurrido al Tribunal Constitucional.
La subida del salario mínimo probablemente sea la otra pugna más acuciante dentro del Gobierno, aunque en este caso los socios tienen menos capacidad de maniobra: la decisión que tome el Ejecutivo al respecto solo tiene que pasar por el Congreso para ser convalidada en caso de que se haya decretado un aumento. Eso es, precisamente, lo que persigue la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apoyándose en el informe de los expertos reclutados por el Gobierno aboga por un aumento de entre 12 y 19 euros en la cuantía para este año.
Tal y como anunció hace unos días, Díaz negociará esta eventual subida directamente con el presidente Sánchez, lo que supone, en primer lugar, orillar a la ministra de Economía, Nadia Calviño, reacia al aumento -sobre el que Sánchez también ha mostrado dudas-. No obstante, que la negociación vaya a producirse directamente entre los líderes de los dos partidos de la coalición también resta capacidad de maniobra a los socios parlamentarios.
La ley mordaza y la reforma laboral
Más allá de estas medidas, más inmediatas, los socios independentistas del Gobierno consideran fundamentales otros asuntos que están en la agenda del Ejecutivo pero en los que aún no hay consenso. Es el caso, por ejemplo, de la derogación de la ley de seguridad ciudadana -más conocida como ley mordaza- que aprobó en solitario el PP en su última mayoría absoluta, una norma que Sánchez se comprometió a derogar pero cuya reforma aún no se ha iniciado.
Hace unos días, fuentes gubernamentales enfriaron la posibilidad de reformar a corto plazo el delito de sedición en el Código Penal, una medida anunciada hace meses, que el Ministerio de Justicia lleva tiempo estudiando y que afectaría a la pena por la que fueron condenados los indultados del procés. No obstante, la parte más pragmática del independentismo ve en ese retraso una oportunidad, habida cuenta de que lo más urgente para ellos, la salida de los condenados de prisión, ya es una realidad. Algunos dirigentes independentistas, de hecho, creen que así se abre la opción de encarar una reforma legal más amplia que incluya medidas como, precisamente, la derogación de la ley mordaza.
Modificar los puntos más lesivos de la reforma laboral es otra de las grandes promesas del Ejecutivo no solo en su acuerdo de coalición, sino también en los compromisos adquiridos con la UE de cara a la concesión de los fondos de recuperación. El Ministerio de Trabajo, también en este asunto con serias dudas de Calviño, ha comenzado ya a negociar la reforma de la subcontratación, el reequilibrio de la negociación colectiva o la recuperación de la ultractividad de los convenios, aunque con la frontal oposición de la patronal. Y en este asunto, Díaz cuenta con el apoyo de los socios progresistas y nacionalistas del Gobierno, en este caso el PNV -más tibio en asuntos como la ley de vivienda- también incluido.
Las pensiones y el ingreso mínimo
Las otras dos grandes cuentas pendientes del Gobierno de cara a su agenda social dependen directamente del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá: la reforma de las pensiones y el desarrollo del ingreso mínimo vital, que ha llegado a muchos menos hogares que los planeados inicialmente por el Gobierno a causa de un diseño que el ala morada del Ejecutivo considera demasiado restrictivo.
A principios de este mes, la Mesa del Congreso desbloqueó la tramitación de la prestación en la cámara. Y los socios nacionalistas del Gobierno piden tanto que se agilice la concesión del ingreso mínimo vital como, en el caso de los partidos vascos y catalanes, que el Ejecutivo cumpla su palabra y transfiera la competencia a esas comunidades, algo que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se comprometió a hacer antes de fin de año.
La reforma de las pensiones parece mucho más encarrilada, habida cuenta de que Gobierno, sindicatos y patronal están a punto de alcanzar un acuerdo para ella una vez el ministro Escrivá ha accedido a derogar el polémico factor de sostenibilidad. La reforma, además, se basa en el acuerdo alcanzado el pasado noviembre en la comisión del Pacto de Toledo entre todos los principales partidos -a excepción de Vox- para establecer las líneas maestras de la reforma, que no obstante ha sido polémica por la intención de Escrivá de promover el retraso de la edad de jubilación efectiva. Otros temas controvertidos, como el aumento del periodo de cómputo de los años trabajados
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