El PSOE, el PP y Vox impiden que se tramite la ley trans en el Congreso

  • La abstención del grupo socialista fue determinante para que la toma en consideración no saliera adelante
  • El PSOE se escuda en "deficiencias" de la ley para bloquearla, como lleva meses haciendo en el Consejo de Ministros
  • Irene Montero se une a los socios nacionalistas e independentistas del Ejecutivo y reitera su compromiso con la norma
La ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes en el Congreso.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, este martes en el Congreso.
EFE
La Ministra de Igualdad, Irene Montero.
Europa Press

La ley trans tendrá que seguir esperando. Este martes, el Congreso rechazó iniciar la tramitación de la norma con los votos en contra de PP y Vox y la abstención del PSOE, que fue clave para tumbar una proposición de ley que los socialistas se habían comprometido el mismo lunes a no entorpecer. Unidas Podemos votó a favor, junto a los habituales socios nacionalistas y progresistas del Gobierno y a formaciones como Cs o la CUP. El resultado evidencia que el cisma abierto en el seno del Ejecutivo en relación a la ley trans desde hace ya varios meses es más profundo que nunca.

Pese a que el Ministerio de Igualdad tiene desde hace meses un borrador de la ley preparado para comenzar a tramitarse, la Vicepresidencia Primera que lidera Carmen Calvo mantiene su veto al texto. La diferencia principal entre PSOE y Unidas Podemos gira en torno a la llamada autodeterminación de género: mientras Igualdad y los morados apuestan por que la ley permita el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona con su declaración expresa, los socialistas lo rechazan y afirman que elegir "el género sin más que la mera voluntad o el deseo" pone "en riesgo los criterios de identidad del resto de españoles", en palabras de la propia Calvo.

Es por ello que la norma cuya toma en consideración se debatió este martes en el Congreso no venía impulsada por el Gobierno, sino por ERC, JxCat, Más País, la CUP, Compromís y Nueva Canarias, que ante la parálisis del Ejecutivo registraron en marzo su propia propuesta. No obstante, el texto de estas formaciones era prácticamente calcado al planteado por Igualdad. Y, por ello, la ministra Irene Montero subió este martes a la tribuna para defender la ley en un movimiento poco habitual cuando se debaten iniciativas que no vienen del Ejecutivo.

Como ministra, Montero intervino en nombre de todo el Gobierno. Pero su discurso sirvió para redoblar el pulso cada vez menos soterrado que mantiene con Calvo. La titular de Igualdad pidió expresamente "perdón" al colectivo LGTBI por el retraso en poner en marcha la ley trans, así como por que hayan tenido que ser los socios parlamentarios del Ejecutivo los que impulsaran la propuesta a causa de la inacción de este. Pero, además, insistió en que no piensa ceder un ápice en su posición porque, dijo, tiene "el más firme compromiso" con que la autodeterminación de género esté en la futura ley trans "esta legislatura".

La "seguridad jurídica"

En su intervención, Montero no mencionó expresamente en ningún momento al PSOE, pero la tensión entre los socialistas y Unidas Podemos era patente, tanto que la bancada socialista no aplaudió, como acostumbra, el breve discurso de la titular de Igualdad. Montero insistió en señalar que el texto debatido torpedeado por el PSOE es el que apoyan tanto Igualdad como "la mayoría que sustenta al Gobierno" y los "colectivos" en defensa de los derechos de las personas trans. Y, además, lanzó un dardo poco velado a los socialistas, que hasta la pasada legislatura sí defendían la autodeterminación de género y que ahora consideran que entraña una posible inseguridad jurídica.

"Es difícil de creer que una ley que tenía seguridad jurídica en 2019 no la tenga en 2021", zanjó Montero. Lo hizo pocos minutos después de que la diputada socialista Susana Ros hubiera insistido en este argumento asegurando que la iniciativa debatida este martes "presenta contenidos que podrían ser de dudosa constitucionalidad". "Es urgente la despatologización de las personas trans", coincidió Ros, pero cumpliendo con "garantías" que no detalló. 

"Se ha generado mucho ruido en torno a este debate, y no pretendemos eludirlo, pero lamentamos los términos en los que se ha dado. Plantear que el sexo biológico existe nunca ha supuesto negar la realidad de las personas que no se identifican con el sexo con el que han nacido", sostuvo igualmente Ros, que denunció que la iniciativa debatida este martes "presenta deficiencias en ámbitos como el sanitario, penitenciario, educativo, deportivo y laboral".

El PP y Vox, en contra de la ley

Ese argumento, apenas esbozado por la diputada socialista, es uno de los que esgrimen habitualmente algunos grupos contrarios a la ley trans, que consideran que permitir la autodeterminación de género abrirá la puerta a que hombres hagan un uso fraudulento de la norma para acceder a espacios reservados a las mujeres. Con más claridad lo expresó la diputada de Vox Lourdes Méndez Monasterio, que en una dura intervención alertó de que "un hombre maltratador podría decir que se siente mujer" y se preguntó "qué pasaría en los establecimientos penitenciarios" para mujeres si se internase en ellos a personas que no lo son, o "cómo afectaría" la ley "a la participación en eventos y competiciones deportivas".

"Esto no son preguntas que nos hacemos solo nosotros, porque también el PSOE lo recoge en sus argumentarios", espetó Méndez Monasterio en referencia a un documento interno a este respecto de los socialistas filtrado el año pasado. En dicho texto, el PSOE se muestra "en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos" y apuesta para que el cambio de sexo en el registro solo pueda hacerse demostrando una "situación estable de transexualidad debidamente acreditada".

El PP, que al igual que Vox votó en contra, fue en la misma línea y aseguró que la proposición de ley trans carece de "seguridad jurídica", aunque con un tono mucho menos duro. La diputada popular Margarita Prohens aseguró que la negativa de su grupo refleja su rechazo a "modificar por la puerta de atrás el concepto jurídico de sexo por género sin explicar qué pasa con las leyes que protegen a las mujeres", y achacó el debate de este martes a una "lucha de poder entre PSOE y Unidas Podemos". "El verdadero motivo de esta proposición de ley es marcar territorio a las puertas de la celebración del Orgullo LGTBI", criticó Prohens.

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