El precio de la vivienda y, en concreto, la negativa del PSOE a regular por ley los precios del alquiler amenaza con crear un cisma entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de vivienda, que incluye la posibilidad de limitar los precios del alquiler en esa comunidad. Y la mayoría de los aliados nacionalistas y progresistas del presidente Pedro Sánchez cargaron contra esta decisión y le exigieron que, en lugar de intentar tumbar la limitación de los precios del alquiler en Cataluña, establezca un marco legal para poder aplicarla en toda España.

Tras varios días de incomodidad y un lunes en el que los diferentes ministerios no se ponían de acuerdo en si estaba o no decidido que se fuera a presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional, finalmente este martes el Consejo de Ministros aprobó una medida de apariencia salomónica: recurrir la ley catalana de vivienda -argumentando que "vulnera las competencias estatales", en palabras de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero-, pero no solicitar su suspensión cautelar. Esa decisión deja la puerta abierta, según explicó la ministra, a que la ley de vivienda estatal que negocian ahora mismo PSOE y Unidas Podemos establezca un marco legal que valide la norma catalana, aunque Montero no confirmó que vaya a haber acuerdo antes de verano, pese a que la norma acumula meses de retrasos.

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Varios grupos aliados del Ejecutivo celebraron que el Gobierno no haya solicitado la suspensión cautelar de la ley, pero también cargaron contra un recurso que, consideran, trata de acabar con una norma "progresista". Así lo planteó la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que denunció que el Gobierno quiera "tumbar leyes progresistas" aprobadas por las comunidades autónomas apelando, como en este caso, a una posible invasión de competencias del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña. "De lo que se trata no es de tumbar leyes, sino de imitar las que amplían derechos y extenderlas" a toda España, criticó Aizpurua.

En la misma línea fue su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, que no obstante quiso centrarse en que el Gobierno haya decidido no pedir la suspensión cautelar de la norma gracias, entre otras cosas, a la presión de los propios republicanos. Rufián denunció que, con el recurso ante el Constitucional, el Ejecutivo está "incumpliendo un pacto", aunque admitió que es "muy difícil que un Gobierno se ponga de perfil" cuando hay un informe "no vinculante" como el del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, que alerta de una posible invasión competencial.

"Pero podían no haberlo recurrido y al final lo hacen", criticó el portavoz de ERC, que presumió sin embargo de haber salvado "una pelota de partido". "Hemos conseguido, de momento, que no entren en el contenido y no pidan la suspensión, así que de facto la situación queda igual", explicó Rufián, que sin embargo se quejó de que "con un gobierno aparentemente progresista estas cosas cuestan mucho, y no deberían costar tanto".

De la misma forma, En Comú Podem celebró que el Gobierno no vaya a pedir la suspensión de la ley catalana de vivienda, aunque criticó el recurso que presentará el Ejecutivo que los propios morados integran. "Es importante que lo que ocurre normalmente cuando se recurren estas leyes, que es que el Gobierno pida la suspensión, no se ha producido gracias a la presión de los colectivos y de las fuerzas políticas, no solo nosotros pero también nosotros", apuntó el portavoz Gerardo Pisarello, que sin embargo exigió a Sánchez que regule los alquileres a escala estatal. "Necesitamos ya una ley que provea de herramientas para que los precios del alquiler no suban de manera abusiva", espetó.

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La decisión del Ejecutivo también provocó las críticas de Más País. Su líder, Íñigo Errejón, denuncio que Sánchez vaya a recurrir una norma que, sostuvo, ha demostrado que "funciona" porque permite contener los precios del alquiler sin reducir la oferta. Errejón recordó que regular el precio del precio de los alquileres fue un acuerdo de investidura, por lo que exigió que la ley catalana, en lugar de intentar tumbarse, se imite a escala estatal, al igual que hizo el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que afirmó sería "una pésima noticia que un gobierno progresista recurra una ley progresista, en lugar de imitarla".

El nacionalismo y los socios de Gobierno se enzarzan

JxCat y la CUP también mostraron su enfado por la decisión del Gobierno de recurrir la ley catalana de vivienda ante el Tribunal Constitucional. Pero, además, aprovecharon para cargar contra ERC porque, a su juicio, se conforma con que el Ejecutivo no vaya a pedir la suspensión cautelar de la norma, en palabras de la portavoz de la CUP, Mireia Vehí. La dirigente anticapitalista denunció que el Ejecutivo "más progresista de la historia" haya tomado esta decisión "mientras la gente se suicida", en referencia al hombre que acabó con su vida este lunes cuando iba a ser desahuciado.

Por su parte, su homóloga de JxCat, Míriam Nogueras, acusó sin mencionarlo a ERC de conformarse con las "migajas" que suponen, a su juicio, la decisión de no suspender cautelarmente la ley. Nogueras, además, aseguró que la decisión del Gobierno de recurrir demuestra que España "siempre incumple" y que los diferentes gobiernos tienen "la mala costumbre" de intentar ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas en Cataluña.

Asimismo, el recurso ante el Constitucional provocó un choque entre PSOE y Unidas Podemos. El portavoz adjunto de los morados, Jaume Asens, pidió a los socialistas que no pongan "más excusas" y cumplan el "pacto de Gobierno" e incluyan la limitación de precios del alquiler en la ley de vivienda a escala estatal. Por su parte, la portavoz socialista, Adriana Lastra, argumentó que el Ejecutivo no recurre por "capricho", sino porque la posible inconstitucionalidad de la norma le "obliga".