La subida del salario mínimo interprofesional ha desatado el choque más importante dentro del Gobierno desde que Yolanda Díaz prometió su puesto como vicepresidenta tercera y asumió el liderazgo de Unidas Podemos. Desde hace días, Díaz presiona para acometer esta subida en 2021, frente al sector más ortodoxo del Ejecutivo que lidera la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de congelar el indicador. Y, por ello, la ministra morada ha decidido tirar de galones y negociar el aumento directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sin embargo también ha mostrado sus reservas.
El pasado viernes, Díaz presentó las conclusiones del estudio sobre la subida del salario mínimo elaborado por el comité de expertos puesto en marcha por el Gobierno, que abogó por aprobar un incremento de entre 12 y 19 euros para este 2021, con el objetivo de que, al final de la legislatura, el salario mínimo se sitúe entre los 1.011 y los 1.049 euros mensuales en 14 pagas. Este informe supuso un espaldarazo para las posiciones de la vicepresidenta, que presumió de tener la "evidencia científica" de su parte frente a la "ideología" que, a su juicio, empapa la negativa del Calviño a abordar el aumento del salario mínimo.
Fue en ese acto donde Díaz explicó que las conversaciones sobre este asunto las tendrá directamente con Sánchez. Eso supone, en primer lugar, orillar a Calviño. Pero, sobre todo, implica que Díaz asume todo el peso de su nuevo liderazgo en Unidas Podemos negociando de tú a tú con el presidente una medida importante tanto para ella, en su faceta de ministra de Trabajo, como especialmente para la formación morada, que ha hecho de los aumentos del salario mínimo una de sus banderas.
Sánchez y Díaz ya han mantenido algunas conversaciones iniciales, y aunque aún no han podido cerrar un acuerdo, el entorno de la vicepresidenta asegura que tiene que haber una decisión "pronto" sobre el salario mínimo, dado que 2021 está en su ecuador. Díaz, hasta ahora, ha sido fiel a su estilo y no ha levantado demasiado la voz en público para proteger la negociación. Pero el pasado viernes sí elevó el tono y exigió "no confundir la ideología con la ciencia". "En el Gobierno hay personas que, cuando crecíamos más que nunca, decían que subir el salario mínimo era malo", "sería bueno que no contrapongamos la creación de empleo con creación de riqueza", espetó en una referencia poco disimulada a Calviño.
Y es que Díaz, ante su primer choque de profundo calado desde que es líder de Unidas Podemos -y además en un asunto que la afecta directamente como ministra de Trabajo-, tiene claro que no quiere asumir el coste de una eventual congelación del salario mínimo. Así lo trasladan fuentes próximas a la vicepresidenta, que sostienen que Díaz, si finalmente Sánchez inclina la balanza hacia el lado de Calviño, no va a responsabilizarse públicamente de una decisión en la que no cree. "Yo procedo de donde procedo y sé muy bien de que lado estoy", y "ahora hay que salir de la crisis de la manera más igual posible", defendió la vicepresidenta el pasado viernes.
Sánchez no lo ve claro
No obstante, y aunque Trabajo se muestra optimista sobre la posibilidad de elevar el salario mínimo, el presidente del Gobierno ha mostrado sus dudas en público. "Vamos a hablar con los agentes sociales, con empresarios y sindicatos, pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica y la creación de empleo", señaló hace unos días Sánchez en una rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.
Esa posición la comparten buena parte de los pesos pesados del ala económica del Gobierno, todos ellos socialistas. Es el caso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace unos días dejó claro que "para el Gobierno es importante llegar a ese compromiso" de elevar el salario mínimo por encima de los 1.000 euros en 2023, "pero también que sea compatible con la generación de empleo para llegar a cifras prepandemia". "El Gobierno va a cumplir con su compromiso, lo que podremos discutir es cómo lo distribuimos entre el año 2022 y 2023, o si incorporamos el 2021", apuntó Montero.
Por su parte, el viernes pasado -el mismo día que se presentaron las conclusiones del estudio de los expertos sobre el salario mínimo-, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también mostró sus dudas sobre la conveniencia de elevarlo. "Lo que ahora nos vincula es el compromiso de toda la legislatura", pero para determinar si el salario mínimo debe subir este año "hay que tener en cuenta la coyuntura del mercado laboral", y eso corresponde "al Gobierno" y no al comité de expertos, afirmó.
Calviño hace frente con los empresarios
Calviño, por su parte, volvió a pronunciarse este lunes y a ser la más clara del ala socialista en negarse a elevar el salario mínimo. "El objetivo es aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de nuestro país, pero al mismo tiempo que no se ponga en riesgo el impulso de la recuperación económica que tiene que ser nuestra prioridad en este momento", sostuvo la titular de Economía. Y afirmó que el Gobierno debe centrarse en "reincorporar a todos los trabajadores que siguen en ERTE o que perdieron su empleo y no han encontrado otro desde la primavera pasada".
La posición coincide con la de la CEOE, cuyo presidente, Antonio Garamendi, afirmó hace unos días que "ahora no es el momento adecuado" para elevar el salario mínimo. Pero Díaz ya abrió la puerta el viernes a legislar sin consenso de los empresarios. "La patronal representa sus legítimos intereses" y "el Gobierno va a cumplir escrupulosamente la norma" que le obliga a consultar a los agentes sociales sobre este indicador. Pero la decisión, al final, dependerá de una negociación entre Sánchez y la vicepresidenta.
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