La Comisión Europea aprobó este miércoles el plan de recuperación de España, que supondrá la llegada de hasta 69.500 millones de fondos europeos a nuestro país entre 2021 y 2026. El Ejecutivo comunitario estima que las inversiones planteadas por el Gobierno abordan de forma satisfactoria retos como el cambio climático (que se llevará el 40% de los fondos), la transición digital (28%) y la cohesión social.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente Pedro Sánchez, escenificaron la aprobación del plan con una comparecencia conjunta. Ante los medios, en la sede de Red Eléctrica de España, la líder del Ejecutivo comunitario dijo que esta hoja de ruta permitirá que España «salga más fuerte que nunca». También elogió la «excelente cooperación» de las autoridades españoles. Sánchez, por su parte, calificó el día de «histórico», dijo que el plan permitirá construir «un futuro mejor» y anunció que en julio convocará una Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar los detalles del plan.

A cambio de esos fondos, España tendrá que implementar una serie de reformas estructurales en el mercado de trabajo, las pensiones y los impuestos, entre otras materias. Este mismo año se tendrán que derogar elementos clave de la reforma laboral del PP, el año que viene se implementará la reforma de las pensiones y el grueso de la reforma fiscal queda para 2023.

Si España incumple, se bloquearán los pagos hasta que se aprueben las reformas, aunque también se podrían negociar entregas parciales. Este año llegarán 19.000 millones –menos de los 27.000 previstos, debido a que la tramitación de los planes de todos los países se ha demorado– en dos tramos: uno en julio y otro a finales de año. A partir de entonces, habrá dos entregas anuales si que se cumplan estas reformas.

La reforma laboral

Como prometió la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el desmontaje de la reforma laboral del PP comenzará este año. Gobierno, patronal y sindicatos negocian desde hace semanas los dos puntos que el Ejecutivo considera fundamentales –la reforma de la subcontratación y la de la negociación colectiva–, y el calendario pactado con la UE establece que la reforma «para mejorar los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas» y también la que aborde la mejora de «las normas legales que rigen la negociación colectiva» estarán «en vigor» en el cuarto trimestre.

El Gobierno también se compromete, para este año, a reducir las modalidades de contratación para reducir la tasa de empleo temporal y a poner en marcha un mecanismo permanente al estilo de los ERTE –que son muy valorados en Bruselas– que provea «flexibilidad interna a compañías y de estabilidad para trabajadores» para evitar despidos en las futuras crisis «cíclicas y estructurales».

Reforma de las pensiones

La reforma de pensiones tardará algo más, ya que el Gobierno no prevé tener muchos de sus aspectos fundamentales en vigor hasta finales del año que viene. Es el caso, por ejemplo, de la polémica ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión más allá de los actuales 25 años, al que finalmente se ha comprometido Sánchez con Bruselas para el cuarto trimestre de 2022.

Para esa misma fecha se plantea que entre en vigor el aumento de la base máxima de cotización de forma «gradual», para que los sueldos más altos aporten por una parte mayor del salario que hasta ahora. Por el contrario, los incentivos anunciados por el ministro José Luis Escrivá para retrasar la edad de jubilación se pondrán en marcha más pronto: antes de que acabe este año.

La reforma fiscal, en 2023

El grueso de las reformas relativas a impuestos no se pondrán en marcha hasta el año 2023, según promete Sánchez a la UE. Será entonces cuando se ponga en marcha el largamente prometido porcentaje mínimo que tendrán que pagar las grandes empresas por el impuesto de sociedades, así como la armonización del impuesto de patrimonio para evitar la competencia fiscal entre comunidades, o el establecimiento de una fiscalidad destinada a las «actividades económicas emergentes».

Antes, en el primer trimestre de 2022, el Gobierno se compromete a un «análisis» del impuesto de matriculación, el de circulación o la posibilidad de implantar peajes en las autovías. 

Un impacto de más de dos puntos en el PIB

Las cuantiosas inversiones que se efectuarán con cargo a los fondos europeos impulsarán la economía española en los próximos años. Bruselas calcula que el PIB crecerá ya este año 1-1,5 puntos extra por efecto del plan, mientras que de 2022 a 2024 el efecto será de entre 2 y 2,5 puntos. A esta cifra habrá que sumar el efecto de las reformas estructurales, que contribuirán a elevar el crecimiento potencial.