La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión y la Abogacía se queda en 12 por sedición

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante el debate de política general en el Parlamento catalán.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante el debate de política general en el Parlamento catalán.
TONI GARRIGA/EFE
El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante el debate de política general en el Parlamento catalán.

La Fiscalía pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras al considerarle el líder de una rebelión con "numerosas situaciones de violencia", una acusación que la Abogacía del Estado rebaja a 12 años al acusarle de sedición, por estimar que solo hubo "incidentes de orden público" en un "ambiente hostil".

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han entregado sus escritos de calificaciones provisionales en el Tribunal Supremo, cuyas conclusiones evidencian la crónica de una ruptura anunciada en las últimas semanas entre las dos acusaciones, en tanto que la Abogacía ha optado por acusar por sedición y no por rebelión, al margen del delito de malversación y desobediencia que sí comparten. Esta divergencia de criterio motiva las sustanciosas diferencias de años de condena que reclaman sendas acusaciones.

La Fiscalía sitúa a Junqueras en la jefatura de la rebelión, junto a los Jordis y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para quienes pide 17 años de cárcel, seguidos de los 16 que solicita para los cinco exconsellers encarcelados. Todos ellos por rebelión, un delito que, en el caso de los antiguos miembros del Govern, subsume la malversación que les atribuía el juez Pablo Llarena.

Un nivel de liderazgo del que discrepa la Abogacía del Estado, que sitúa a todo el Govern (a excepción de los huidos) en un primer grupo y pide para los cinco exconsellers 11 años y medio de prisión por sedición y malversación.

En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, la Abogacía solicita para ellos 8 años de cárcel por sedición por no considerarles autoridad, una circunstancia que en cambio sí que estima para Forcadell, para quien reclama 10 años de prisión.

Sí que coinciden respecto de los otros tres exconsellers, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para los que piden 7 años de prisión y multa de 30.000 euros por malversación y desobediencia grave cometido por autoridad pública. La única diferencia está en los años de inhabilitación, 17 y 10, respectivamente.

Cierran el grupo de acusados los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya, a los que ambas partes les acusan de desobediencia.

Y solicitan ambas 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, salvo para Nuet y Boya, para quienes la Abogacía reduce su petición a 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación.

El papel de los Mossos d'Esquadra

Llama la atención el rol "imprescindible" que la Fiscalía atribuye a los Mossos d'Esquadra, quienes antepusieron las directrices políticas del Govern a la Ley y se dedicaron a funciones impropias de un cuerpo policial como hacer seguimientos a la Policía y la Guardia Civil, entorpecer su labor e incluso oponerse físicamente.

De ellos sobresale el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el exdirector de ese cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, a quienes la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de rebelión en un procedimiento paralelo que juzgará este tribunal, después del juicio que el Supremo comenzará en enero contra la cúpula política y social.

La Fiscalía acusa a estos tres procesados de rebelión en lo que supone un cambio de criterio, ya que durante la instrucción les acusó de sedición y organización criminal. Pide para cada uno 11 años de prisión y de inhabilitación absoluta, mientras que para la intendente Teresa Laplana solicita 4 años por sedición.

El Ministerio Público cree que entre septiembre y octubre de 2017 los responsables de los Mossos constituyeron "una pieza clave" para "impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia", dando cobertura a quienes "querían imponer por la fuerza de las masas derechos de los que carecían".

Carles Puigdemont, poco presente en los escritos

Del que apenas se habla en los escritos presentados hoy es del expresident Carles Puigdemont, con escasas referencias a episodios menores y ya conocidos en el procedimiento, sin entrar a valorar el rol que desempeñó en los hechos que culminaron con la DUI, al no dirigirse la acusación contra él por estar huido de la Justicia.

Minuto a minuto

La ANC ha denunciado que el Estado "sigue enrocado en la represión política basada en hechos inventados" y la existencia de un proceso político típico "de regímenes autoritarios", escenario al que dará respuesta con movilizaciones en la calle en Cataluña y en capitales europeas dada la necesidad de "hacer efectivo el mandato del 1 de octubre" y de "consolidar la república catalana".
La Abogacía del Estado no cita en su escrito de acusación ante el Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' independentista en Cataluña la palabra "violencia" ni una sola vez, frente a la veintena de alusiones que hace la Fiscalía en su escrito a este término, imprescindible para poder acusar de rebelión. Si que recoge expresiones como "ambiente hostil", "disturbios", "enfrentamientos" y "cortes de tráfico".
Para Andreu Van den Eynde, abogado del vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha tachado las penas que solicita el ministerio público de "barbaridad" y ha considerado que es una posverdad el relato de los supuestos hechos delictivos.
En una rueda de prensa en el Parlament, la presidenta de Catalunya en Comú Podem en la cámara catalana, Jéssica Albiach, y la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, han considerado que ambos escritos de acusación son "muy graves", pues abundan en "la vulneración de derechos y libertades" de los procesados. Albiach ha afirmado que los líderes independentistas no deberían ser procesados por ningunos de los tres delitos de los que se les acusa: desobediencia, sedición y malversación. Ha añadido que en España "se está viviendo una anomalía democrática en toda regla" y ha subrayado que "la judicialización de la política tiene consecuencias para la vida democrática del país"
La portavoz del grupo parlamentario PSC-Units, Eva Granados, ha subrayado hoy que "el sistema funciona con separación de poderes"; ha asegurado que "no se está juzgando ni una ideología ni una opción política" y ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha efectuado "gestos de ningún tipo".

"Convocar un referéndum es democracia", ha asegurado Quim Torrá en su comparecencia junto al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, tras la reunión extraordinaria convocada a mediodía en el Palau de la Generalitat. Ha invocado "al espíritu del 3 de octubre" pidiendo la colaboración de todos los estamentos de la sociedad para lograr "el fin de la represión, la liberación de los presos políticos y la vuelta de los exiliados a casa". Unos objetivos por los que "no pararemos". Ha mostrado además su "inmensa indignación" ante unas "interminables penas" contra los líderes del proceso independentista y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión" y de haber perdido una "oportunidad de oro".

Para Torra, que la Abogacía del Estado acuse de sedición y no de rebelión "no es un gesto, sino un menosprecio absoluto a demócratas encarcelados". "Hoy el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto de Cataluña", ha señalado.


La abogada del exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, Olga Tubau, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la acusación de la Fiscalía por presunta rebelión, por la que pide 11 años de cárcel, porque, con las pruebas que constan en la causa, "es imposible desde un punto de vista razonable sostener una acusación" por este delito o por sedición, por lo que pedirá la absolución.
La Fiscalía justifica en su escrito la intervención del rey el 3 de octubre de 2017 cuando, "en el legítimo cumplimiento de su función como jefe de Estado y primer garante del orden constitucional", se dirigió en un mensaje a la población e instó a las autoridades "a garantizar la convivencia democrática".  Lo hizo, dice la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el "levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" que se estaba desarrollando en Cataluña para conseguir la independencia.
La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ante una pregunta de la prensa que "el presidente del Gobierno no ha dicho nunca que fuera un delito de rebelión. No es función del Gobierno la calificación de delitos". Cuando se le han recordado las declaraciones de Pedro Sánchez hace cinco meses, ha contestado:"usted me pregunta por el Presidente del Gobierno. La posición del Gobierno, institucional y constitucionalmente, es la que es. Entiéndalo. Y a mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno". Cuando la pregunta se ha modificado a "¿Por qué ha cambiado entonces Pedro Sánchez de opinión?", Carmen Calvo ha insistido "el presidente del Gobierno no se ha pronunciado ni se va a pronunciar porque le corresponde respetar la independiencia del poder judicial".
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cuestionado creando un hilo de Twitter que la ley sea igual para todos cuando se permite que José María Aznar, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal", disfrute de su libertad mientras algunos quieren que los independentistas "se pudran en la cárcel".

En una nueva pregunta a Dolores Delgado, se plantea si Consuelo Castro firma el escrito de la Abogacía del Estado "porque existen discrepancias con los abogados que se encargaban del caso". También que "la Abogacía se pronunció hace semanas como favorable al delito de rebelión y ahora habla de sedición. ¿Qué ha cambiado?".

La ministra de Justicia ha asegurado en su respuesta que "no ha cambiado nada. El escrito de conclusiones lo firma la abogado general del Estado porque tiene una relevancia extraordinaria y ella lo ha asumido". En cuando al posicionamiento de la Abogacía, ha explicado que "esta es la primera ocasión en la que la Abogacía se pronuncia, porque hasta ahora no se había abierto este trámite para calificar los hechos. En agosto se dicta un auto de conclusión de la instrucción que recoge deternimados hechos y delitos y abre la puerta a la fase intermedia. La Abogacía está de acuerdo con el auto, pero como conclusión de la investigación, pero hasta este momento no se había pronunciado formalmente en modo alguno en cuanto a los hechos o la calificación jurídica de los mismos".

También ha afirmado tajantemente que "no ha habido imposición de criterio" por parte del Gobierno.
En la primera pregunta que le han dirigido en la rueda de prensa sobre si se trataba de un gesto a los independentistas, la ministra ha asegurado: "Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico jurídica de aplicación del código penal según criterios estrictamente profesionales de la Abogacía del Estado". Respecto a si podrá ayudar a la aprobación de los presupuestos, Delgado ha contestado "que sirva o no sirva, no tengo ni idea".
La ministra de Justicia habla de tres delitos recogidos en el escrito de la Abogacía: "Posible delito de sedición, posilbe delito de malversación de caudales públicos y de desobediencia grave a resoluciones judiciales". Ha insistido en que "la Abogacía General del Estado ha actuado con criterios de profesionalidad, criterios técnico-jurídicos". Dolores Delgado ha recordado que "como bien conocen, existe un debate entre expertos jurídicos, incluso un debate social, sobre lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre, este debate se ha trasladado a la Abogacía". Ha vuelto a recalcar que la Abogacía ha actuado con "parámetros estrictamente jurídicos y técnicos".  También ha asegurado que las discrepancias entre el ministerio Fiscal y la Abogacía del estado "no socaban nada".


La ministra de Justicia, Dolores Delgado, está compareciendo en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Ha comenzado recordando que "la encomienda en enero se realizó por malversación, aunque la abogacía amplió posteriormente los delitos que iban a ser objeto de estudio. Añadiendo que la Abogacía ha presentado este viernes su escrito de conclusiones provisionales, remarcando e insistiendo en ese último término, "en el que establece los hechos que se consideran objeto de acusación, los autores de los delitos que se recogen y las penas. Abriendo igual que el resto de las acusaciones el enjuiciamiento". Delgado ha recalcado que "ese es el punto de partida para lo que va a ser el procedimiento judicial". 


El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha pedido "una respuesta digna y no violenta" a la petición de la Fiscalía para los líderes del "procés" y ha instado a no caer en "la provocación", convencido de que finalmente se impondrá la absolución.
El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonès ha llamado este viernes a movilizarse contra el juicio por el proceso independentista para convertirlo en un "boomerang político y jurídico contra lo que significa el Estado español". "Hagamos un juicio al Estado español. Respondamos con unos juicios populares a lo que significa toda expresión del régimen del 78", ha reivindicado en rueda de prensa este viernes.
Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos y líder de la formación en Cataluña, ha criticado la "llamada de gracia" de Sánchez con los golpistas por estar "un cuarto de hora más" en Moncloa en un acto celebrado en Jerez de la Frontera (Cádiz).
El PNV ha rechazado las peticiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado realizan contra los dirigentes independentistas catalanes presos por supuestos delitos de rebelión y de sedición, y ha insistido en "la política y el diálogo" para solucionar el problema catalán mediante una entrada de Facebook.
El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha comparado el caso del 'procés' con la sentencia de La Manada, pues se piden "25 años de cárcel por votar y nueve años por violar", unas palabras que han provocado un rifirrafe en Twitter con el exdiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.
La Fiscalía menciona unas 20 veces en su escrito de 127 páginas la existencia de violencia en el 'procés' para sustentar la acusación de rebelión y culpa a Junqueras, Forcadell y 'los Jordis'. Apuntan también a la "presión" hecha a la prensa internacional para llevar a cabo su objetivo.

También sostiene que la declaración de independencia del 27-O no fue "meramente simbólica", ya que la Generalitat tenía a punto las estructuras y normas para desarrollar el "marco jurídico" de la República y un plan para garantizar que los Mossos d'Esquadra asumieran el control de todo el territorio.

La Abogacía del Estado considera en su escrito que 'los Jordis', el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, fueron responsables de un delito de sedición pero no les atribuye el estatus de autoridad que sí tenían los entonces miembros del Govern ahora encarcelados, y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Su papel, según el escrito, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales" que exige el delito de sedición.


El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha afirmado este viernes al saberse las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía para él y los otros dirigentes soberanistas encausados: "Superaremos el dolor y la desorientación" y ha pedido unidad.
El exconseller Francesc Homs, que forma parte de la defensa de procesados en la causa por el proceso soberanista, ha considerado una "barbaridad" la petición de penas de Fiscalía y que se les atribuya un presunto delito de rebelión.
El departamento de Economía de la Generalitat ha desplegado una gran pancarta en la fachada de su sede en Barcelona pidiendo la libertad de los políticos presos.
Podem Catalunya ha sostenido que la petición de penas de la Fiscalía General del Estado por el proceso soberanista es "absolutamente injusta, injustificable y desproporcionada". En un comunicado ha criticado que la Fiscalía "ha dado por bueno un relato judicial y mediático que se ha demostrado del todo insostenible y falso", ya que consideran que no hubo violencia y que, por lo tanto, no existe el delito de rebelión. Sobre la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión, Podem ha lamentado que este "gesto es, pese a ser necesario, del todo insuficiente".
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparecerán hoy junto a la portavoz el Gobierno, Isabel Celaá, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Además de informar de los asuntos aprobados en la reunión del Gabinete, el Gobierno valorará la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar de rebelión a los líderes del "procés". También de la evolución del proceso de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Pablo Casado ha advertido este viernes de que desde su partido "no vamos a tolerar que un Gobierno como el de Pedro Sánchez ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del Reino de España por mandato de los independentistas golpistas, como Torra, Puigdemont y los que están haciendo este auténtico atropello a la separación de poderes y la legalidad en España". Así lo ha manifestado en la inauguración de la 24 Unión Intermunicipal Popular, en Málaga, ante al secretario general del PP, Teodoro García Egea; el vicesecretario de Organización del partido, Javier Maroto, y el presidente del PP-A, Juanma Moreno, entre otros numerosos cargos 'populares'.

Teodoro García Egea ha manifestado, ante el hecho de que la Abogacía del Estado haya descartado el delito de rebelión, que se confirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "preso y rehén de los independentistas, a los que continuamente se esfuerza en contentar".


La Abogacía del Estado pedirá finalmente condenas para los líderes del 'procés' independentista en Cataluña por delitos de secesión y malversación de caudales públicos, descartando el de rebelión, que conlleva penas de cárcel mucho más graves. Pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para 5 exconsellers; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.
Ciudadanos ha registrado en el Congreso una petición para que no se concedan indultos a los líderes independentistas. "Todos los ciudadanos se podrán sentir discriminados y desamparados, ante el hecho evidente de que determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifiesto desprecio por la Ley, la democracia y la convivencia se vean libres de toda responsabilidad", recoge el escrito. Recuerda además el artículo 118 de la Constitución que "resulta obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales".
Este es el previsible calendario judicial de la causa, aunque, estará condicionado a los escritos y peticiones de las defensas, que probablemente buscarán dilatar todo lo posible este procedimiento.
  • 5 de noviembre: Vox, que ejerce la acusación popular, hará entrega de su escrito de acusación en el tribunal.
  • Mediados de diciembre: vista para debatir los artículos de previo pronunciamiento. Un día después el Supremo dictará auto resolviendo sobre las cuestiones propuestas al día siguiente a la celebración de la vista.
  • Mediados de enero: inicio del juicio oral, que se prolongará entre dos y tres meses.
  • Finales de marzo: lectura y presentación de las conclusiones finales en la vista oral. Turno de última palabra de los acusados. Fin del juicio.
  • Junio: sentencia. El tribunal no quiere que sus decisiones puedan interferir en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, por lo que la sentencia se haría pública tras la celebración de los comicios.
  • Una vez conocida la sentencia del Supremo, la Audiencia Nacional procederá a celebrar el juicio contra la cúpula policial del 'procés' si bien se desconoce si será antes o después del verano, pues al no ser causa con preso no reviste de urgencia.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado este viernes que las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas no le harán "renunciar" a sus objetivos políticos. "No conocen a Òmnium ni a la sociedad catalana", ha dicho en Twitter.
El exconseller Raül Romeva ha lamentado las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas: "Es una represalia hacia una ideología. Nos defenderemos como si fuera un juicio".
 La Fiscalía ha pedido para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por un presunto delito de rebelión.

El Presidente Quim Torra ha convocado una reunión extraordinaria del Govern en el Palau de la Generalitat. Se celebrará a las 12:15 horas, según ha informado el gobierno catalán
La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha evaluado este viernes en TVE la decisión de la Abogacía del Estado de descartar el delito de rebelión para los líderes del proceso soberanista como "un gesto que no vale para nada". Además, la consejera catalana ha acusado al Gobierno de "dosificar" esta información para que, tal y como ha dicho, cuando llegue la sentencia del proceso "todo el mundo lo tenga asumido y tolerado". "Dice muy poco de las instituciones del Estado", ha sentenciado.
El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado este viernes el proceso judicial contra los dirigentes soberanistas en una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio: "Nos preparamos para una cárcel larga y para un juicio que no será justo". Ha lamentado que la instrucción hasta ahora ha sido política, y ha considerado que "a menudo cuesta discernir entre la posición de la ultraderecha de Vox y la Fiscalía". "Solo puedo decir que afronto el juicio con la cabeza bien alta, con la convicción de que en el país que yo quiero nunca será un delito votar y que amar la justicia y la libertad es irrenunciable para cualquier demócrata", ha reflexionado.
Para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, pide una pena de 11 años de cárcel. El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal por haber consentido la celebración del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017. En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que pide 4 años de prisión. En el escrito de acusación aseguran que "los acusados vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas".
La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y ha pedido 25 años de prisión por rebelión para Oriol Junqueras.También pide 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión. 
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha enmarcado este viernes en declaraciones en la SER la posición de la Abogacía del Estado de descartar la rebelión para los líderes del procés en un pacto "vergonzante" del Gobierno con el independentismo. A juicio de Villegas, el "cambio de criterio" busca que el Gobierno tenga más votos para los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y "alargar" la estancia de Sánchez en Moncloa.
El exconseller Josep Rull, ha afirmado que sus convicciones "son más fuertes que nunca". "Hoy la causa de Catalunya es, sobre todo, la causa de la libertad", ha afirmado en Twitter.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este viernes, al cumplirse un año del encarcelamiento de algunos de sus exconsellers, que desde entonces "la UE tiene presos políticos y el Estado pasea su vergüenza" por ella.

En la causa contra el Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que también se conocerá este viernes revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado en Twitter que es humillante "vender como gestos" las peticiones de penas que haga la Abogacía del Estado este viernes.
La familia de Junqueras cree que la Fiscalía pedirá "tanto tiempo" de prisión "como pueda" para los responsables del 'procés'. En una entrevista en Rac1, su esposa Neus Bramona y su padre Artur Junqueras han explicado que el exvicepresidente de la Generalitat "cree que pasará años en prisión". El padre de Junqueras ha afirmado que su hijo no valoró irse al extranjero y estaba muy decidido "a quedarse aquí, acompañar a su pueblo y no dejarlo por nada". También ha negado que los políticos presos tengan privilegios: "Tienen los mismos derechos y deberes que los otros presos".
La Guardia Civil elevó este jueves a más de 4 millones de euros el gasto de "fondos públicos" de la Generalitat de Cataluña en su camino para lograr la independencia. El instituto armado añadió, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.
El delito de rebelión incluye "alzamiento violento" de forma pública para alcanzar determinados objetivos. Por su parte, la sedición simplemente recoge el hecho de alzarse contra un Gobierno con el objetivo de derrocarlo. Sin implicar actos violentos. Hasta el momento, solo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981. Sus líderes, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, fueron condenados a 30 años de prisión, la pena máxima.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, tachó de "indecente" que "el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía" y ha pedido también que se convoquen elecciones.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó de "inmoral" la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó desde Twitter de estar "utilizando el poder ejecutivo" para indultar a los líderes del proceso catalán si les condenan los tribunales.
El lehendakari Iñigo Urkullu, que se encuentra en viaje oficial en Buenos Aires, ha mostrado su esperanza en que, tras la decisión de la Abogacía del Estado haya un "esfuerzo" de la Justicia por "sentar las bases para una convivencia de la manera más normalizada posible" en Cataluña. También ha expresado su deseo de que este cambio de criterio de la acusación ejercida por la Abogacía del Estado pueda suponer una modificación de la situación de prisión preventiva de los políticos soberanistas

Los seis miembros de la Mesa que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" (aunque hay dudas respecto a Josep Joan Nuet, de Sí que es Pot) y la expresidenta de la CUP en la cámara catalana, Mireia Boya serán acusados de desobediencia, pero este delito no conlleva prisión, solo inhabilitación para ejercer cargo público.

El exvicepresidente Oriol Junqueras soportaría la mayor pena por ser uno de los principales cargos del Govern -junto al huido Carles Puigdemont- por lo que la Fiscalía podría pedir hasta 25 años sin llegar al máximo de 30 años por rebelión agravada.  Para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim FornRaül Romeva y Dolors Bassa, la Fiscalía baraja pedir penas que no superarían los 20 años, mientras que para los 'Jordis' y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell-, la petición bajaría a entre 10 y 15 años, aunque en caso de que se les considerase jefes podrían llegar a los 25 años. A los otros tres exconsellers -Carles MundóMeritxell Borràs y Santi Vila- prevé acusarles solo de malversación con una pena que oscilaría entre los seis y los ocho años de cárcel.

Nada hace prever que la Fiscalía del Supremo modifique su criterio, por lo que mantendrá la rebelión, si bien las penas variarán en función de la responsabilidad que atribuya a cada uno de los nueve procesados por rebelión, que son todos los que permanecen en prisión provisional.
Este viernes también se registra el escrito de acusación en la Audiencia Nacional contra el que fuera major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la antigua cúpula de Interior de la Generalitat.
La Abogacía depende orgánicamente del Ministerio de Justicia y defiende los intereses del Estado. Por eso Ciudadanos y PP recordaban hace una semana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en una entrevista concedida en mayo a Antena 3 sí defendía la acusación de rebelión para los líderes del procés independentista.
Arrancamos el directo en un día en el que el futuro judicial de políticos como Junqueras quedará en buena medida determinado por las acusaciones que se van a hacer este viernes de cara al juicio, que previsiblemente empezará en enero.

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