La Abogacía del Estado ha optado por el delito de sedición para los líderes del procès, desmarcándose así de la Fiscalía y renunciando al delito de rebelión. Este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, da un giro a la gestión de la causa independentista por parte del Gobierno de Sánchez  y por tanto el panorama para los implicados cambian sensiblemente.

Este órgano, que representa los intereses del Estado, se personó más tarde en la causa por la malversación sobre el que ha pivotado su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho que pronunciarse sobre la rebelión o la sedición.

A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los rebelión, malversación y desobediencia. Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido hasta la fecha.

Con el cambio de Gobierno, el diálogo entre el Ejecutivo central y el equipo de Torra se ha intensificado pero no se había llegado al plano judicial. Ahora sí. La clave, principalmente, está en el cambio de penas. Las condenas por sedición podrían alcanzar los quince años de cárcel. Es decir, aún siendo importantes, son inferiores a las marcadas por la rebelión, que pueden llegar a treinta años.

Hay que recalcar que el delito de rebelión incluye "alzamiento violento" de forma pública para alcanzar determinados objetivos. Por su parte, la sedición simplemente recoge el hecho de alzarse contra un Gobierno con el objetivo de derrocarlo. Sin implicar actos violentos.

También encaja en el mismo tipo a quienes actúen con violencia para derogar la Constitución, despojar de sus prerrogativas al Rey, disolver las Cortes o sustituir un Gobierno por otro.

La clave para acusar y condenar por este delito está en el uso de la violencia. En España, hasta el momento, solo se ha condenado por rebelión a los autores del intento de golpe de Estado de 1981. Sus líderes, Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, fueron condenados a 30 años de prisión.

Esa es la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico español para el delito de rebelión. Con ella se castiga a los líderes y solo cuando se hayan esgrimido armas, causado estragos o ejercido violencia grave contra las personas.

El delito de sedición está tipificado en el título de los delitos contra el orden público, en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

La sedición está penada con entre cuatro y ocho años de prisión, que puede elevarse hasta los ocho a diez años para los líderes y llegar a entre 10 y 15 para las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.

Este paso dado por la Abogacía, y por tanto, por el Ministerio que ahora ocupa Dolores Delgado, parece una mano tendida al independentismo con dos objetivos: el primero, rebajar la tensión política de los últimos meses. El segundo, facilitar un futuro acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Ya en la última sesión de control el presidente del Gobierno había evitado pronunciarse sobre la situación al ser preguntado por la oposición. Ahora, mantiene el mismo devenir que marcó a su llegada a Moncloa y que ha sido conocido como 'operación diálogo' por el resto de formaciones.

De hecho, el líder del PP, Pablo Casado, ya avisó de que Sánchez quedaría "deslegitimado" para gobernar si la Abogacía del Estado no acusa a los principales responsables del procés  del delito de rebelión, como así ha hecho.

"Si en España se manda desde los barrotes de una cárcel y quien plantea la política presupuestaria son los de Podemos, o quien dice que es lo que tiene que hacer la Justicia son los independentistas, uno no está legitimado para seguir en la Presidencia del Gobierno", concluyó Casado.

"Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya", escribió además en las redes sociales.

Tampoco desde los sectores independentistas se mantienen esperanzas con el Ejecutivo. "La prisión no solo puede acabar siendo útil, es que seguramente es indispensable para que el mundo abra los ojos y se dé cuenta del tipo de Estado al que nos enfrentamos", expresó desde la cárcel el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.

En ese mismo escrito, los presos del procés consideraron que "la causa por la libertad es imbatible". Sobre la posición de la Fiscalía, que previsiblemente mantendrá la rebelión, JxCat aseguró que no espera "cambios".

La portavoz de la formación en el Parlament, Gema Geis, considera que "no hay ni rebelión ni malversación ni sedición". Geis considera que los procesados que permanecen en prisión preventiva deberían ser absueltos y puestos en libertad, y ha remarcado que si finalmente el Tribunal Supremo dicta condenas de cárcel el independentismo "deberá reaccionar conjuntamente".