La Abogacía General del Estado y la Fiscalía discrepan en sus informes de acusación contra los 18 políticos catalanes encausados por el procès.

El primer órgano no elevará finalmente este viernes al Tribunal Supremo la acusación de un delito de rebelión para nueve de ellos —entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras— y solamente los acusará de un delito de sedición y otro de malversación, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes entre septiembre y octubre de 2017. Estos delitos estarían penados con hasta 15 y 12 años de prisión respectivamente.

De esta forma, la Abogacía —que depende del Ministerio de Justicia que lidera Dolores Delgado— se desmarca de la petición que hará la Fiscalía, quien sí mantiene su acusación de rebelión —que exige un alzamiento violento y conllevaría penas de hasta 30 años— para los líderes del proceso soberanista catalán.

Una decisión que sorprende ya que, a lo largo de la instrucción, la Abogacía siempre ha respaldado el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia. Por este motivo, este fallo tendrá indiscutiblemente gran impacto en la política nacional.

El futuro judicial de políticos como Junqueras queda en buena medida determinado por las acusaciones que se van a hacer este viernes de cara al juicio —que previsiblemente empezará en enero— en el que este órgano, que defiende los intereses del Estado, alegará que no se produjo un alzamiento violento en los acontecimientos que culminaron con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de una parte del territorio nacional.

Esta decisión se tomó el pasado lunes en la Moncloa cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió a sus colaboradores más cercanos, que concluyeron que "la acusación de rebelión es excesiva", según informa el diario El País. Pese a ello, Sánchez se negó a contestar durante toda la semana a las preguntas que le hacían por parte de la oposición de si habría o no rebaja de condena.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntó el miércoles de manera reiterada al presidente del Ejecutivo, durante la sesión de control en el Congreso, si asumía el compromiso de no indultar a los "golpistas" y lo retó a que, si tenía esta idea en mente, lo incluyera en su programa electoral para las próximas generales. "¿Se puede comprometer con los españoles a que jamás hará uso del indulto con los golpistas?", dijo el líder de la formación naranja. Una cuestión que fue rehuida por el presidente del Gobierno en al menos dos ocasiones.

Ayer, tras conocer la reducción de la Abogacía, llegaron las esperadas críticas a la postura del Gobierno ante el juicio al procés. El líder del PP, Pablo Casado —que ya había advertido horas antes a Sánchez que quedaría "deslegitimado" para gobernar si la Abogacía no acusa a los principales responsables del independentismo del delito de rebelión— afirmó a través de Twitter que "es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. "Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya", reiteró Casado.

Los que también quisieron pronunciarse, aunque en la víspera de que la Fiscalía y la Abogacía anunciaran sus respectivas peticiones de penas, fueron los políticos encarcelados en la prisión de Lledoners (Barcelona), que aseguraron a través de una carta que sus convicciones se mantienen más fuertes que nunca: "No han conseguido humillarnos. La causa de la libertad es imbatible".

"No nos valen ni penas rebajadas ni otros delitos (en sustitución de la rebelión). No nos valen juegos de mano, solo nos vale la libertad, la absolución y la autodeterminación". Así lo sostuvieron los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y el todavía presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Este viernes también se registra el escrito de acusación en la Audiencia Nacional contra el que fuera major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y la antigua cúpula de Interior de la Generalitat.

Según adelanta este jueves eldiario.es la Fiscalía también acusará a Trapero, al exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig de un delito de rebelión. Solo la intendente Teresa Laplana, será acusada de sedición.