El Gobierno responde a las acusaciones por la decisión de la Abogacía: "No es una cuestión de gestos"

Dolores Delgado, en una sesión de control al Gobierno.
Dolores Delgado, en una sesión de control al Gobierno.
EFE

Mientras que los representantes independentistas han enfocado su enfado hacia la decisión de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía de acusar a los encausados por el procés a cargos de sedición y de rebelión, respectivamente, los partidos de la oposición han dividido sus valoraciones entre las peticiones de pena... y las críticas a la gestión de la crisis política en Cataluña por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

"No vamos a tolerar que el Gobierno ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas como Torra, Puigdemont y los que están haciendo este auténtico atropello a la separación de poderes y la legalidad en España", ha dicho el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

"Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o complicidad del Gobierno, que no sólo no hace nada, sino que entorpece la labor de la Abogacía del Estado". Casado ha apelado a los "socialistas de bien, hartos de que su Gobierno mancilla sus principios fundacionales en la cuestión nacional", y a quienes les ha indicado que "aquí tienen su casa para defender a España".

Ciudadanos, por su parte, se mantiene desmarcado del Gobierno en los contactos con el independentismo y ha registrado este mismo viernes una proposición no de ley para evitar que esos indultos se concedan, según informa Emilio Ordiz. "Los ciudadanos se podrán sentir discriminados y desamparados, ante el hecho de que determinados dirigentes políticos que han mostrado un manifiesto desprecio por la Ley se vean libres de toda responsabilidad", recoge el escrito.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha cuestionado que la ley sea igual para todos cuando se permite que José María Aznar, "máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal", disfrute de su libertad mientras algunos quieren que los independentistas "se pudran en la cárcel".

El Gobierno responde

Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros a las acusaciones de la oposición, argumentando que "la Abogacía ha actuado con criterios de profesionalidad, criterios técnico-jurídicos" y ha recordado que "como bien conocen, existe un debate entre expertos jurídicos, incluso un debate social, sobre lo que ocurrió en Cataluña entre septiembre y octubre".

En la primera pregunta que le han dirigido en la rueda de prensa sobre si se trataba de un gesto a los independentistas, la ministra ha asegurado: "Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión técnico-jurídica de aplicación del código penal según criterios estrictamente profesionales de la Abogacía del Estado".

Respecto a que Ciudadanos haya registrado en el Congreso una petición para que no se concedan indultos a los líderes independentistas, la vicepresidenta del Gobierno ha recordado que "el indulto no implica el perdón del delito" y que "es una figura recogida en la Constitución".

En cuanto al posicionamiento de la Abogacía -que ha optado por el delito de sedición en vez de por el de rebelión-, ha explicado que "esta es la primera ocasión en la que la Abogacía se pronuncia, porque hasta ahora no se había abierto el trámite para calificar los hechos". "Hasta este momento no se había pronunciado formalmente en modo alguno en cuanto a los hechos o la calificación jurídica de los mismos".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en la rueda de prensa que "el presidente del Gobierno no ha dicho nunca que fuera un delito de rebelión. No es función del Gobierno la calificación de delitos". Cuando la pregunta se ha reformulado a "¿por qué ha cambiado entonces Pedro Sánchez de opinión?", Carmen Calvo ha insistido en que "el presidente del Gobierno no se ha pronunciado ni se va a pronunciar porque le corresponde respetar la independiencia del poder judicial".

Podem y PNV, en contra de los escritos de acusación

Desde fuera del independentismo, no todos están de acuerdo con los escritos de acusación. El Gobierno municipal de Ada Colau ha expresado su rechazo: "Vuelven a poner de manifiesto la injusticia antidemocrática que estamos sufriendo en nuestro país y en nuestra ciudad", ha afirmado la teniente de alcalde de Barcelona Janet Sanz, que ha defendido que quieren a los adversarios políticos en la calle para confrontar ideas, y "no en la cárcel como están hoy de forma injusta".

Por su parte, la diputada de Catalunya en Comú Elisenda Alamany considera "intolerable" y "una auténtica salvajada" la acusación de la Fiscalía contra los líderes del proceso soberanista, que califica de "personas dignas y pacíficas". "La represión nos aleja de una solución democrática para Cataluña", ha añadido la exportavoz en el Parlament de los comunes.

Podem Catalunya ha sostenido que la petición de penas de la Fiscalía es "absolutamente injusta, injustificable y desproporcionada" y critica que "ha dado por bueno un relato judicial y mediático que se ha demostrado del todo insostenible y falso". Sobre la decisión de la Abogacía de no acusar por rebelión, Podem lo considera un "gesto insuficiente", y ha pedido al presidente Sánchez que trabaje para solucionar la situación en Catalunya por la vía política.

El PNV, por su parte, ha manifestado que la solución a la cuestión catalana, "que es una cuestión política y que se prolonga en el tiempo, jamás vendrá de la judicatura, ni de la judicialización de la política". En un comunicado, el PNV ha recordado que lleva años "reclamando política y diálogo para Catalunya, y no procesos ni cárcel. Por lo tanto, ni sedición ni rebelión: política y diálogo".

El PNV ha demandado asimismo "la inmediata puesta en libertad de las personas que están privadas de la misma por una aplicación injustificada de la prisión preventiva, así como el retorno a Catalunya de las personas que están en el exilio".

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