La Fiscalía ha presentado este viernes su escrito de acusación contra los políticos y líderes independentistas procesados por rebelión en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Las penas totales oscilan entre más de 130 y casi 150 años de prisión para los 18 procesados, que serán juzgados por el Supremo y a los de la cúpula policial por la Audiencia.

Esta es la lista de 18 dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo y los delitos y las penas de prisión e inhabilitación solicitadas por la Fiscalía. Carles Puigdemont y los otros seis políticos que permanecen en el extranjero no pueden ser juzgados, de momento, en España, pero serán detenidos si vuelven.

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat: 25 años de prisión e inhabilitación absoluta como jefe principal de la rebelión con malversación de fondos públicos

Raül Romeva, exconseller de Asuntos Exteriores: 16 años de prisión e inhabilitación como promotor de la rebelión con malversación de fondos públicos

Joaquim Forn, exconseller de Interior:: 16 años de prisión e inhabilitación como promotor de la rebelión con malversación de fondos públicos

Jordi Turull, exconseller de Presidencia: 16 años de prisión e inhabilitación como promotor de la rebelión con malversación de fondos públicos

Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad : 16 años de prisión e inhabilitación como promotor de la rebelión con malversación de fondos públicos

Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo: 16 años de prisión e inhabilitación como promotor de la rebelión con malversación de fondos públicos

Santi Vila, exconseller de Empresa: 7 años de prisión y 17 años y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y malversación. Multa de 30.000 euros.

Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación: 7 años de prisión y 17 años y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y malversación. Multa de 30.000 euros.

Carles Mundó ,exconseller de Justicia : 7 años de prisión y 17 años y ocho meses de inhabilitación por desobediencia y malversación. Multa de 30.000 euros.

Jordi Sànchez (exlíder de la ANC, hoy en JxCat) y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), ambos en prisión provisional: 17 años de prisión e inhabilitación como promotores de la rebelión.

Carme Forcadell, la expresidenta 17 años de prisión e inhabilitación como promotores de la rebelión.

Además, la Fiscalía, que no pide penas de prisión para los otros miembros del Parlament encausados, solicita una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y ocho meses para:

Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Joan Josep Nuet, Ramona Barrufet: un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia. Multa de 30.000 euros.

Mireia Boya: un año y ocho meses de inhabilitación por desobediencia. Multa de 30.000 euros. Entre los acusados no se encuentra ni el que fuese máximo responsable del Govern, Carles Puigdemont, ni cuatro de sus exconsellers, al encontrarse huidos de la Justicia.

Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

Pere Soler, entonces director de los Mossos: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

César Puig, exsecretario general de Interior de la Generalitat: 11 años de prisión y otros tantos de inhabilitación absoluta por rebelión.

Teresa Laplana, intendente de los Mossos: 4 años de prisión por sedición y 5 años de inhabilitación especial para empleo público como mosso.

En su escrito de calificación, la Fiscalía ha concluido que la Generalitat "burló" el control del Estado para financiar el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1-O, con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior que eleva a más de tres millones de euros.

Según dicho escrito, la Fiscalía ha resaltado que "todos los miembros" del ejecutivo catalán "sin excepción" se concertaron para incurrir en una serie de gastos para los preparativos del referéndum y el proceso de declaración de independencia, "burlando" el control estatal de las cuentas de la Generalitat.

Según detalla la Fiscalía, el montante económico que supuso el uso durante el 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación se eleva hasta los 900.906 euros.

La Generalitat comprometió, según la Fiscalía, otros 654.563 euros en la publicidad institucional relacionada con el referéndum, así como 979.661 euros para el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a integrantes de las mesas electorales.

Para la cartelería del referéndum, la Generalitat destinó 38.431 euros desde el departamento de Presidència, cuando estaba dirigido por Jordi Turull, "simulando que el pedido se efectuaba a través de Òmnium Cultural". En su escrito, la Fiscalía cuantifica en 501.740 euros los gastos en que incurrió la Generalitat en el marco de su acción exterior "en favor del proceso rebelde".

En este sentido, la Fiscalía detalla que la Generalitat "desplegó presupuestos, políticas generales y actuaciones concretas para dotarse de una proyección internacional que sirviera de palanca para el proceso de independencia emprendido". "En el diseño de la estrategia asumida, la consecución de apoyos en sectores de la opinión pública de otros países y la internacionalización del conflicto adquirían una enorme trascendencia de cara a forzar una mediación internacional con intervención de la Unión Europea", remarca el ministerio público.

En el área de acción exterior, la Fiscalía apunta que las delegaciones del gobierno catalán en el exterior "funcionaban como auténticas embajadas" y que el Diplocat, bajo la apariencia de un consorcio público privado, estaba controlado al 90% por la Generalitat y actuaba "como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal".

"Como herramienta privilegiada de 'lobby' (el Diplocat) era el encargado de difundir el mensaje y objetivos independentistas en diversos países", resalta. Además, la consellería de Exteriores, dirigida entonces por Raül Romeva —para quien pide 16 años de cárcel—, contrató a una serie de "supuestos expertos", mientras el Diplocat cargó con los gastos de una comitiva de "observadores internacionales" para el referéndum.

Según la Fiscalía, para acometer estos gastos la Generalitat "burló" los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de Cataluña, que estaba intervenida económicamente por el Gobierno.