La sentencia concluye que deben prevalecer "la seguridad jurídica y los principios de igualdad, mérito y capacidad", que fueron "vulnerados" en las oposiciones de 2012.
La sentencia del alto tribunal sienta jurisprudencia y anula el fallo del TSJ de Murcia que permitía el acceso al ordenador del afectado, que recurrió esa decisión.