El PP se querella contra el fiscal general por ascender a Dolores Delgado como un pago "por sus favores"

Imagen de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Imagen de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
EFE
Imagen de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

El Partido Popular ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el fiscal general del Estado por ascender a fiscal de Sala Togada del alto tribunal a su compañera Dolores Delgado. Los populares consideran que el ascenso fue un "pago de los favores recibidos de Delgado", con lo que Álvaro García Ortíz, "antepuso su criterio personal, subjetivo y arbitrario a la opinión estrictamente técnica" formulada por el Consejo Fiscal. Por tanto, el PP pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que lo investigue por posible prevaricación. 

El nombramiento impugnado tuvo lugar en octubre de 2022. El Consejo de Ministros aprobó entonces a propuesta del fiscal general del Estado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo. Dos meses antes había abandonado el puesto de fiscal general por motivos de salud, un cargo al que había accedido pocos días después de abandonar el Ministerio de Justicia.

Álvaro García Ortiz había alcanzado a su vez la cúspide del Ministerio Público gracias a Delgado, que le había ascendido a la máxima categoría fiscal. Tras ascender, García Ortiz propuso a su antecesora para fiscal de Sala en contra de la mayoría del Consejo Fiscal.

El Tribunal Supremo analizó en noviembre de 2023 el nombramiento y dictó que García Ortiz había intentado "asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor". El alto tribunal llegó incluso a hablar de una "desviación de poder".

El PP aprovechó aquel momento para reclamar nuevamente su dimisión y dijo que "en cualquier país europeo en que se diga que ha habido una desviación de poder, ese fiscal general del Estado habría dimitido". Entonces anunció también que emprendería acciones legales contra García Ortiz, y ahora ha registrado la querella a la que ha tenido acceso 20minutos

El documento reconoce que la apreciación del alto tribunal sobre la "desviación de poder" no implica necesariamente que García Ortiz haya incurrido en una conducta de "relevancia penal". Y sin embargo, continúa la querella, "concurren en la conducta del querellado circunstancias adicionales que sí tienen relevancia penal".

El PP se remite en este momento a un acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2023 en el que se afirma que el fiscal general no es "idóneo" para ocupar el cargo. Por tanto, razonan los populares, "no sorprende" que García Ortiz ascendiese a Delgado, "pese a no ser la candidata mejor posicionada para la vacante". 

La querella pide imputar al fiscal por prevaricación y se apoya en que "no cabe duda alguna que conocía que cuando propuso a Dolores Delgado fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo dicho nombramiento carecía de respaldo legal". Por tanto, defiende la denuncia, García Ortiz incurrió en un "innegable perjuicio" a la carrera fiscal, atentando contra los principios de "igualdad, mérito y capacidad". 

Todo ello por haberse desmarcado de la propuesta que hacía el Consejo Fiscal, que abogaba por ascender a Luis Rueda, "sin ningún esfuerzo argumentativo, sin respaldo normativo". Ortiz decidió ascender a su antecesora tan solo guiado por su propia "obstinación", llega a afirmar la denuncia. 

Además, la querella pone de relieve la "amistad manifiesta" que unía a García Ortiz y Dolores Delgado. Una relación que ha desembocado en "un intercambio continuo de favores que ha beneficiado a ambas partes y a sus correspondientes carreras profesionales", expone. Prueba de la "estrecha relación" de ambos y de los frutos que tuvo es que "en algo más de dos años", ambos han sido promovidos a fiscales de Sala, "si bien el ascenso de Dolores Delgado fue posteriormente anulado y revocado". 

Y por tanto, "la propuesta dirigida por el querellado es una acto susceptible de ser calificado en sí de constitutivo de un delito de prevaricación". Para determinar si ese delito se cometió, los populares piden una serie de diligencias de investigación, entre las que están llamar a declarar como investigado a Álvaro García Ortiz, y como testigos a las exministras de Justicia Dolores Delgado y Pilar Llop, así como a Luis Rueda, que aspiraba al cargo de Delgado. 

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