El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido este jueves por mayoría que Álvaro García Ortiz no es idóneo para el puesto de fiscal general del Estado. El órgano ha votado muy dividido: ocho vocales se han pronunciado en contra de la idoneidad para su renovación en el cargo, mientras que siete han votado a favor, entre ellos el presidente interino Vicente Guilarte. Es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncia contra un nombramiento propuesto por el Ejecutivo. 

El pronunciamiento del CGPJ es el trámite que se sigue siempre que el Consejo de Ministros hace una propuesta de nombramiento en la Fiscalía General del Estado. García Ortiz fue nombrado fiscal general en agosto de 2022, en sustitución de Dolores Delgado. Su designación ya causó recelos tanto en el órgano de gobierno de los jueces como entre la asociación mayoritaria de fiscales, de sensibilidad conservadora.

No obstante, ahora es la primera vez que el CGPJ no le considera idóneo para el cargo, justo unos días después después de que el Tribunal Supremo anulara el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala, designación que acometió García Ortiz y que fue calificada por el alto tribunal como una "desviación de poder". El vocal Enrique Lucas se ha abstenido del debate porque su hermano, Pablo Lucas, está entre los cinco firmantes de la sentencia del Supremo.

La renovación del fiscal general ha estado rodeada de polémica, no solo por coincidir con varias noticias que afectan a García Ortiz, sino por las controversias que le han envuelto a lo largo de la legislatura. El fiscal fue nombrado en julio de 2022 tras la dimisión de su antecesora, Dolores Delgado, por motivos de salud. 

El que fuera la mano derecha de Delgado accedió a la Fiscalía General del Estado y, en octubre del año pasado, la propuso para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera. Habían pasado dos meses entre ambos ascensos y el nombramiento de Delgado fue recurrido al Supremo y causó gran revuelo. Delgado ya estaba en el punto de mira de varias asociaciones de las carreras judicial y fiscal en tanto que había saltado directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General. 

Álvaro García Ortiz había alcanzado a su vez la cúspide del Ministerio Público gracias a Delgado, que le había ascendido a la máxima categoría fiscal. El Supremo resolvió sobre el recurso el pasado martes, lo estimó parcialmente y dictó que García Ortiz trató de "asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal". 

Al no ver un respeto al "criterio de mérito", el Supremo ordenó al fiscal general que haga otra propuesta. Por otro lado, Delgado ocupa desde este mes de junio el cargo de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, también tras ser propuesta por García Ortiz, también en contra de la mayoría del Consejo Fiscal. Este cargo podría quedar ahora en duda después de que Delgado haya perdido la condición de fiscal de Sala.

Pero más allá de la estrecha y polémica relación de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, este último protagonizó recientemente otra controversia a raíz de la mención al lawfare en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts. El mencionado pacto recogía la posibilidad de investigar en sede parlamentaria el lawfare, la guerra sucia de los jueces contra el independentismo catalán. 

Las reacciones contra este acuerdo se sucedieron inmediatamente después de su publicación desde todos los rincones del Poder Judicial. Se pronunciaron asociaciones judiciales conservadoras y progresistas, asociaciones fiscales, colegios de abogados, el CGPJ e incluso el Tribunal Supremo. García Ortiz, sin embargo, mantuvo su silencio ante la indignación de varios fiscales del alto tribunal que le reclamaron "amparo constitucional". 

El fiscal general del Estado contestó que no se pronunciaría mientras la ley no esté aprobada definitivamente y 18 de los 26 fiscales del Supremo le criticaron duramente por "ignorar deliberadamente" la intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Esa misma semana el Gobierno revalidó su "confianza" en García Ortiz y propuso su permanencia en la Fiscalía General del Estado hasta 2027 por su "impecable" trayectoria.