¿Puede Carles Puigdemont librarse de ser encarcelado si entra en España una vez la amnistía se haya aprobado, aunque los tribunales no la hayan aplicado todavía? La clave para responder a esta pregunta está en el artículo 4 de la norma, que dicta el "inmediato alzamiento" de las medidas cautelares y de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales con la entrada en vigor de la ley. Es previsible que los jueces competentes (en el caso de Puigdemont, el Tribunal Supremo) envíen cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o cuestiones de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Mientras esperan a obtener respuesta, suspenderán el procedimiento -no aplicarán la amnistía-, pero no está claro que la ley pueda obligarlos a retirar las órdenes de detención.
Puigdemont comunicará previsiblemente la semana que viene si va a ser el candidato de Junts a las elecciones catalanas que se celebrarán el 12 de mayo. Si lo es, se enfrentará a dos incógnitas jurídicas: la posibilidad de presentarse y la de pisar Cataluña el día de la investidura. Su abogado Gonzalo Boye dio ya por sentado el viernes por la mañana durante una entrevista en Rac1 que el expresident se presentará a los comicios y que "está dispuesto" a regresar a España y ser detenido.
El adelanto electoral ha tirado por la borda todos los planes de Junts, que contaba con margen hasta 2025 para llegar a los comicios autonómicos con el líder fugado ya amnistiado. Ahora la maquinaria electoral comienza a caminar y Junts plantea un escenario en el que "solo el pueblo" puede impedir que Puigdemont sea presidente de la Generalitat. Sin embargo, a día de hoy pesa sobre su espalda una orden de detención nacional, de manera que si el expresident pisa suelo español, será detenido y quedará en manos del Supremo, que lo investiga por malversación en el procés y también por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.
Los independentistas llevan meses luchando para elaborar una ley de amnistía -la que se aprobó el jueves en el Congreso de los Diputados- que sea "integral" y se aplique de forma "inmediata". Luchando, en definitiva, para que Puigdemont pueda volver a España en cuanto la norma se apruebe, lo que se calcula que ocurrirá a finales de mayo.
Para tratar de asegurarlo redactaron el artículo 4 de la norma, que obliga a los jueces a lo siguiente: en primer lugar, deberán acordar "el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares" se hayan aplicado; además, tendrán que "dejar sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención". Más aún, el artículo deja claro que "la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa no impedirá el alzamiento de aquellas medidas cautelares que hubieran sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley".
Con este blindaje, los impulsores de la ley de amnistía se anticipaban a un hecho concreto: que el Supremo encarcele a Puigdemont de forma preventiva si entra en España mientras espera a que el TJUE o el Tribunal Constitucional respondan a una eventual cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad. Sin embargo, expertos juristas dudan de que esta estrategia resulte efectiva.
Lo explica a 20minutos Jaime Lozano Ibañez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y autor de numerosos artículos en la fundación Hay Derecho, en Confilegal y otras plataformas. "La ley de amnistía contiene dos órdenes al juez", apunta. Por un lado, "le ordena que abra un incidente, con audiencia de las partes, para decidir si la amnistía es aplicable al caso". Si lo es, "archivará la causa" en el plazo de dos meses. Pero a su vez, la norma previene la posibilidad de que el juez plantee una cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad. En este caso, ordena "que levante las medidas cautelares o de búsqueda que tenga emitidas, incluso la euroorden de detención".
Sin embargo, tal y como explica Lozano, el juez puede plantear la cuestión "no solo" sobre la propia ley, sino también sobre su artículo 4. "En el mismo auto, el juez puede preguntar al TJUE si la amnistía es acorde al derecho de la UE y si la orden de levantar medidas de inmediato es acorde al derecho de la UE". "Mientras tanto", puede abstenerse de aplicar "la amnistía o el alzamiento de medidas cautelares", resume el magistrado. "El derecho de la UE no es tan tonto como para que pueda ser sorteado cuando le dé la gana a cualquier legislador nacional", concluye.
Una inscripción "fraudulenta" en el censo electoral
El líder de Junts puede encontrarse un obstáculo previo que le impida ser candidato a las elecciones catalanas, de acuerdo con las informaciones publicadas este viernes por El Mundo. Ciudadanos tiene intención de impugnar la inscripción del expresident en el censo electoral por ser "fraudulenta". "No reside en Cataluña desde que huyó en 2017 tras el 1-O", razonaron los naranjas, arguyendo que en estas circunstancias Puigdemont no podrá pasar el filtro para presentarse a los comicios del 12 de mayo. Sin una inscripción en el censo electoral, el de Junts no podrá ser candidato, según reza el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
En 2021, el Tribunal Constitucional anuló la candidatura de Toni Cantó a la Comunidad de Madrid porque el que fuera candidato del PP no se empadronó en plazo. Aunque Puigdemont esté empadronado en Cataluña, es conocido que su residencia está en Waterloo, una circunstancia que, a juicio de Ciudadanos, "le inhabilita para ser elector y elegible".
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