El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe contrario a la proposición de ley de amnistía. Tras un Pleno en el que se han debatido dos documentos diferentes, la mayoría se ha decantado por el que había elaborado el vocal conservador Wenceslao Olea, un texto que advierte de que "ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho". Nueve vocales del sector conservado han votado a favor de este informe, mientras que cinco progresistas en favor del que había elaborado Mar Cabrejas en el sentido contrario. El presidente, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas han votado en blanco.
El informe redactado por Olea indica que la proposición de ley socava el derecho a la igualdad y vulnera el principio de separación de poderes. Denuncia en este sentido que, al aprobar la norma, el Poder Legislativo se estará imponiendo sobre las decisiones del Judicial de forma "inadmisible". Por otro lado, el documento avalado por los conservadores del órgano carga contra la tramitación de la medida de gracia, vía proposición de ley y por el procedimiento de urgencia.
El Consejo señala que esta urgencia es "arbitraria" e injustificada, sumándose así a las apreciaciones de la Comisión de Venecia. "Debía haberse optado por la vía del proyecto de ley", zanja el informe. El texto indica, por otro lado, que la amnistía "tampoco supera el juicio de constitucionalidad de acuerdo con su naturaleza de ley singular". Tampoco supera, según el CGPJ, "el juicio de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación a los fines que pretende conseguir".
Finalmente, el informe incide en la ausencia de referencias al Código Penal al tratar el terrorismo en la redacción definitiva de la ley de amnistía. Una omisión que atiende a "la patente intención" de que los órganos judiciales no se atengan a la ley española, sino a la europea. Por otro lado, el texto ahonda en la "amplia indeterminación" de la que adolece el articulado de la norma, "que puede dar lugar a interpretaciones jurídicas diversas".
"Lo confuso del articulado de la proposición de ley en sus preceptos más relevantes hace muy difícil su interpretación por los tribunales, lo que genera inseguridad jurídica y favorece el riesgo de suscitar en el debate social y jurídico el reproche a los jueces de aplicar la ley en contra de unos pretendidos fines del legislador que no pueden ser valorados", subraya el informe.
La decisión que ha tomado el Pleno del Consejo tira por la borda la estrategia que tenía en mente el Gobierno cuando decidió que la amnistía se iba a tramitar vía proposición de ley. Esta fórmula no obliga a las Cámaras a solicitar informes de los órganos consultivos, a diferencia de los proyectos de ley, que son impulsados por el Ejecutivo en vez de por los grupos parlamentarios.
Sin embargo, el Partido Popular se ha encargado de impedir que la amnistía sorteara el pronunciamiento del CGPJ. Lo ha logrado gracias a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Senado, Cámara desde la que pidió al Consejo la elaboración de este informe. El CGPJ, de mayoría conservadora y caducado desde hace más de cinco años, ha presentado finalmente su análisis sobre la medida de gracia. El informe, de todos modos, no es vinculante.
Con todo, el PP podrá añadir los argumentos del Consejo a su ofensiva frontal contra la ley de amnistía mientras la mantiene congelada en la Cámara Alta e impulsa un conflicto de órganos constitucionales con el Congreso, donde Pedro Sánchez y sus socios mantienen una mayoría parlamentaria.
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