Aunque al principio parecía una medida que iba a ser consensuada con las comunidades autónomas, al final han acabado siendo lentejas. La obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios será una realidad desde este miércoles por la tarde, le guste o no a las autonomías, que llevan desde el lunes emitiendo duras críticas contra la titular de Sanidad, Mónica García, a quien acusan de "poco dialogante", de "imponer su voluntad" y de haber llegado "tarde y mal" a impulsar medidas para frenar el pico de contagios de gripe en España. La reticencia es generalizada y no tanto por la conveniencia de hacer obligatorio el uso del cubrebocas en determinados espacios, sino más bien por el modus operandi de la ministra, que aborda ahora su primer aprieto desde que tomó posesión hace apenas mes y medio.
El Ministerio de Sanidad convocó la semana pasada al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en una reunión extraordinaria para "unificar criterios" ante un aumento de casos que, según alertó García, "seguirá intensificándose en los próximos días". La ministra defendió entonces que el objetivo del encuentro de este lunes era "homogeneizar" las medidas que se estaban tomando en todo el país para frenar los contagios, pues algunas ya habían decretado la mascarilla obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios. Sostuvo que el papel de su ministerio debía ser, en todo caso, el de "brindar el máximo apoyo y coordinar", respetando las competencias de las comunidades autónomas.
Pero la reunión concluyó sin acuerdo y pocas horas después, Sanidad confirmaba que iba a imponer la medida este miércoles, dando a las comunidades un plazo de 48 horas para que aportaran sus alegaciones. La decisión ha sido censurada especialmente por los presidentes autonómicos, que reprochan a la ministra que actúe de forma unilateral. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, acusó este martes a Mónica García de no haber estado "preparada" en la reunión del lunes y de "llegar de vacaciones" e "imponer" la medida: "Puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios", aseveró a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que Alberto Núñez Feijóo reunió a los barones de su formación.
Declaraciones en línea con las del presidente aragonés, Jorge Azcón, quien aseguró que la decisión del ministerio ha sido tomada "por las fotos" y no "pensando en la salud de los ciudadanos". A su juicio, el uso de las mascarillas debe depender "de las condiciones de contagios de cada comunidad autónoma" y no de una imposición generalizada en todo el país. Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, reprochó la "tardanza" de la medida y recriminó al Gobierno la "falta de diálogo" con las autonomías en este asunto. "Si Mónica García es ministra de Sanidad desde el 20 de noviembre, ¿por qué no adoptó esta decisión con carácter preventivo como hicimos las comunidades autónomas?", preguntó.
También el presidente murciano, Fernando López Miras, ha acusado a la ministra de ser "poco dialogante" y de tomar medidas "tarde y mal", "cuando la emergencia ya es una realidad". Su actuación, ha defendido, "no es un buen comienzo como ministra de Sanidad". "Nosotros no estamos en contra del uso de las mascarillas, estamos poniendo en duda cómo se ha gestionado todo esto por parte de la ministra de Sanidad", declaró la consejera madrileña del ramo, Fátima Matute, poco después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticase en redes sociales que la decisión "demuestra improvisación". Navarra también avanzó que asumirá la medida pese a estar en contra, aunque asegura que estudiará jurídicamente hasta qué punto el Ministerio de Sanidad puede obligar a aplicarla.
Seis comunidades ya han decretado la medida
Con todo, las autonomías aseguran que acatarán la medida, aunque consideran que el mecanismo utilizado invade sus competencias, según denunció la consellera de Salud de Baleares, Manuela García. El plazo para que envíen sus propuestas termina este miércoles y la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales y centros de salud entrará en vigor en cuanto el ministerio se lo comunique a las comunidades autónomas, este mediodía. Se impondrá así en todo el país a través de una declaración de actuaciones coordinadas, recogida en el artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite obligar a las comunidades autónomas a adoptar las medidas que dicte el Gobierno, siempre y cuando se trate de un asunto de "urgente necesidad".
La ministra de Sanidad defiende la medida alegando la necesidad de dar "soporte jurídico" a las comunidades autónomas "de diferentes colores políticos" que ya han introducido la mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Un total de seis autonomías han ido decretando la medida desde el pasado viernes. Comunidad Valenciana fue la primera en hacer obligatorio su uso en hospitales, centros de salud y residencias. Le siguieron Cataluña, Murcia y Aragón, que limitó la obligatoriedad a los profesionales sanitarios y pacientes en salas de espera. ¿Las últimas? Asturias y Canarias, poco después de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del lunes.
En el Ejecutivo insisten: se trata de una "medida muy básica" para proteger a pacientes y profesionales y es —en palabras de García— "la mejor forma de contener el pico de gripe, que se ha disparado en la última semana de diciembre y ha tensionado el sistema de salud". "Es lo que hace un gobierno responsable", ha insistido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo importante, ha añadido, es evitar los colapsos del sistema sanitario y "devolver la normalidad" ante un pico de contagios que, prevé, se producirá en las próximas semanas. Alegría ha recordado también que la medida se aplicará "solo en el ámbito sanitario". Se quedan fuera, por tanto, los centros sanitarios, como residencias y farmacias.
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