Las mascarillas volverán a ser obligatorias en los centros sanitarios de toda España. El Ministerio de Sanidad impondrá esta medida el próximo miércoles con el objetivo de homogeneizar la protección frente al repunte de virus respiratorios, según confirman fuentes del departamento de Mónica García a 20minutos. Así, se implantará la medida en todo el territorio nacional y pese al rechazo expresado por la mayoría de comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), convocado precisamente para abordar este asunto.
En la reunión de esta mañana, la ministra de Sanidad presentó a los consejeros del ramo un documento con varias medidas para hacer frente a los picos de infecciones respiratorias. Recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales, centros de salud y residencias era una de ellas, a la que ya han acudido otras autonomías, como Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Canarias y Asturias. También la implantó Aragón, aunque limitándola a los profesionales sanitarios y a los pacientes de las salas de espera.
De este modo, y mediante una declaración de actuaciones coordinadas, esa obligación se extenderá a todo el país, en virtud del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública y que "obliga a todas las partes" incluidas en ella. "Hemos dado 48 horas para que presenten aportaciones y las estudiaremos. Pero si no hay otro acuerdo distinto, hay que proteger a los ciudadanos y las comunidades que ya han impuesto la medida", detallan desde el entorno de Mónica García.
García ya ha avanzado la intención de su departamento, que toma esta medida tras no lograr un acuerdo en el Consejo Interterritorial de este lunes. Según ha detallado en un vídeo difundido a los medios, la ministra ha planteado a los consejeros de Sanidad la necesidad de dar "soporte jurídico" a las comunidades autónomas "de diferentes colores políticos" que ya han introducido la mascarilla obligatoria en centros sanitarios.
A su juicio, se trata de una medida "efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población". "Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud", ha defendido.
Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia de Covid-19 para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron sus competencias al acabar el estado de alarma.
Según la ley de cohesión a la que recurrirá el Ejecutivo para imponer esta medida, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de "urgente necesidad", en cuyo caso "se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas". El acuerdo no ha sido posible, por lo que el ministerio alegará esa urgencia para poder aplicar la medida sin el consenso suficiente.
Dicha declaración, precisa el artículo 65 de la citada ley, obliga a todas las partes y debe encuadrarse en dos supuestos concretos: que, o bien responda a situaciones de "especial riesgo o alarma para la salud pública"; o que se aplique para dar cumplimiento a acuerdos internacionales, o a normativas de la Unión Europea (UE).
Se recupera así una medida que estuvo vigente durante toda la pandemia y a la que el Consejo de Ministros puso fin hace apenas seis meses.
Comentarios