Su 'renovación' como vicepresidenta tercera le llega a Teresa Ribera casi a  punto de coger un avión para volar a Dubái para participar, una vez más, en una Cumbre del Clima donde tantas veces negoció dentro de la delegación española. En esta ocasión de nuevo como miembro del Gobierno y, como novedad, encabezando la representación de la UE, donde es una de las voces más escuchadas en materia de cambio climático y medio ambiente. Esta circunstancia describe por sí sola el peso internacional de Ribera, la experta en políticas de clima que ha sido responsable en los últimos años de poner este tema en práctica y en la agenda en España, ganándose el aplauso de grupos ecologistas, sector renovable y consumidores pero también las críticas de agricultores y ganaderos, de plataformas de defensa del territorio y de compañías energéticas, además del PP y sus gobiernos autonómicos.

Existían pocas dudas de que Ribera iba a continuar en el tercer Ejecutivo de Sánchez y así ha sido. El presidente ha confirmado en el puesto a quien fue ya fue número dos de su lista en las elecciones del 23 de julio. Es uno de los seis miembros del gabinete  de Sánchez que continúa allí desde su llegada a Moncloa en 2018. Hasta 2018 como ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y con rango de vicepresidenta desde 2019. Tras la salida del Ejecutivo de Pablo Iglesias y la reducción del número de vicepresidencias de cuatro a tres, Ribera pasó de una a otra, donde ahora continuará en un Gobierno que, de nuevo, tiene cuatro Vicepresidencias.

Al contrario que los beneficios extraordinarios que durante la crisis energética cosecharon las compañías eléctricas y que ella ha intentado denodadamente limitar, Ribera no fue una ministra caída del cielo. En su curriculum figura haber directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible, en París, miembro de la Agencia Internacional de las Energías Renovables, de la Red de la ONU de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático o del consejo asesor para el clima del Foro Económico Mundial entre 2014 y 2016. En el Gobierno, entre 2004 y 2008 fue secretaria de Estado de Cambio Climático, directora de la Oficina Española de Cambio Climático. Mucho antes de llegar al Gobierno, Ribera fue negociadora de los acuerdos internacionales sobre el Clima, en nombre de organizaciones del seno de la ONU y de España. 

Con fama de muy exigente y un lenguaje excesivamente tajante del que ella misma se ha asombrado en alguna ocasión, Ribera ha sido en los últimos cinco años la responsable desde el Gobierno del despliegue de energías renovables, convertidas ya en todo un sector económico e industrial, y del inicio del cambio energético para desplazar con ellas las energías fósiles, responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. El reflejo de esta revolución energética queda plasmado en el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que deberá rematar en la próxima legislatura.

A pesar de ser una convencida de la necesidad de esta transición energética, esto no ha evitado que España haya seguido importando y quemando cantidades récord de gas y, a pesar de sus llamamientos a los operadores, que grandes cantidades procedieran de la misma Rusia. Mucho más férrea ha sido con el calendario acordado y cerrado a cal y canto para clausurar las centrales nucleares y para terminar el abandono del carbón.

De la discreción a la crisis energética

Si sus inicios en el Gobierno fueron en papeles discretos -por ejemplo, Sánchez le encargó elaborar el plan de desescalada tras el confinamiento por Covid junto con su entonces secretario general de Presidencia, Félix Bolaños-, la crisis energética que se desató en 2021 por lo que después sería el ataque de Rusia sobre Ucrania llevó la preocupación por el precio de la electricidad o el gas a los primeros puestos de las preocupaciones de empresas y hogares y puso el foco en Ribera como responsable de buena parte de las medidas que debían aliviar la situación. 

Entre ellas, limitar el beneficio de las eléctricas con la minoración a 67 euros el Mwh/h de la electricidad -uno de sus puntos de enfrentamiento con las compañías, especialmente enconado con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán- o la creación de una tarifa regulada del gas para las comunidades de vecinos con calefacción central. En los últimos años ha ampliado el alcance del bono social eléctrico y creó el térmico, para agua caliente y sanitaria, pero sigue en el tintero la promesa que hizo, a golpe de tuit -es muy asidua de la red social X-, de introducir un criterio de renta para las familias numerosas poco después de conocerse que dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid sin necesidades económicas disfrutaban de él. 

Muchas de estas decisiones se tomaron en la UE, donde Ribera ha dado muestra de sus dotes negociadoras, que también ha desplegado desde junio como presidenta semestral de los consejos de Energía y Medio Ambiente. En Bruselas y en la esfera internacional en general, Ribera ha sido nombrada en los últimos años entre las personalidades políticas más influyentes en políticas del clima, entre otros, por el periódico europeo Politico. Uno de sus últimos tantos fue lograr poner de acuerdo a Francia y Alemania en su enconado enfrentamiento por la reforma del mercado eléctrico europeo, a coste de renunciar a prácticamente todas las reivindicaciones españolas. 

Su mayor éxito europeo, no obstante, sigue siendo el mecanismo ibérico, el acuerdo que España y Portugal arrancaron en Bruselas en marzo de 2022 para limitar el precio del gas, una manera de desacoplar esta energía de otras mucho más baratas, que aun con un alcance más limitado del esperado y con el pago de elevadas compensaciones, sirvió para contener el precio de la electricidad en los momentos más complicados de la crisis. En este nuevo Gobierno que empieza ahora deberá terminar de decidir si vuelve a pedir una prórroga a la Comisión Europea, aunque ella misma defendió hace unas semanas que esté en pie "hasta que sea necesario".

Desencuentros con el campo y el PP

Licenciada en Derecho y miembro por oposición del cuerpo de Técnicos de Administración Civil del Estado (TAC), la materia de Ribera fue siempre el medio ambiente. Por eso ha sido especialmente delicado el equilibrio que ha tenido que hacer entre aumentar el despliegue de energías renovables y las garantías medioambientales de grandes parques eólicos y fotovoltaicos, con una vía rápida de autorización pactada en la UE que le reprochan técnicos de evaluación ambiental y plataformas de defensa del territorio.

No ha sido el único encontronazo de Ribera con sectores afectados por las políticas de su Ministerio, donde se la ha calificado de "dogmática" o "radical". Los agricultores están en contra de una expansión renovable que ven como una amenaza y pescadores de Galicia y Asturias, recelosos de la eólica marina que se instalará ante sus costas. Esta oposición ha hecho a Ribera ir virando hacia una postura más empática y a garantizar tener en cuenta y compensaciones para las poblaciones afectadas. Los sectores del campo también se han levantado contra ella por lo que consideran una excesiva restricción de la caza, con polémica especial en torno al estatus de protección del lobo.

La ausencia de medias tintas por parte de Ribera en la defensa de sus postulados ha conducido también a tener roces dentro del Gobierno con ministro de Agricultura, Luis Planas, que también continúa en el puesto y que en el pasado ha intentado -sin éxito hasta ahora- ser un contrapunto a sus posiciones en contra de la caza o sin miramientos a los temores de los agricultores en la expansión renovable.

Fuera del Gobierno central, han sido sonados los enfrentamientos con las comunidades autónomas, especialmente del PP aunque también del PSOE. El año pasado, Andalucía, Murcia y la entonces socialista Comunitat Valenciana se sumaron a las manifestaciones de sus regantes contra la nueva planificación de la gestión de los ríos, la creación de caudales ecológicos y la posibilidad de disminuir el trasvase Tajo-Segura si no se cumplen. Tampoco ha sentado bien en ayuntamientos de todo signo político la ley -de Cambio Climático- que les obliga a crear zonas de bajas emisiones, con restricciones al tráfico que, más de un año después, muchos de ellos siguen sin cumplir.

Con todo, el mayor enfrentamiento se produjo con la Junta de Andalucía, con el pulso medioambiental y también electoral que ambas partes libraron durante meses a cuenta del plan del presidente andaluz, Juanma Moreno, para ampliar los derechos de riego en Doñana. Después de meses de tensión, Ribera y Moreno firmaron la paz a principios de octubre, cuando acordaron buscar juntos un plan alternativo. Superado ya el plazo fijado de cuatro semanas para cerrar un acuerdo, esta es otra de las tareas pendientes de Ribera para el tiempo que viene.