Ribera justifica recortar el trasvase Tajo-Segura por el cambio climático: "En 2050 el agua puede disminuir entre un 14 y 40%"

  • Asegura que las inversiones previstas en desaladores y reutilización de agua permitirá al Levante disponer de entre 70 y 30 hectómetros cúbicos más de lo que supone el recorte del trasvase.
  • Decenas de regantes de Murcia, Alicante y Almería se concentran frente a la Moncloa para pedir al Gobierno que "salve al Levante" 
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.
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La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes tras el Consejo de Ministros.
Ribera justifica recortar el trasvase Tajo-Segura por el cambio climático: "En 2050 el agua puede disminuir entre un 14 y 40%"
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El Gobierno ha aprobado este martes los planes hidrológicos para los 12 ríos que discurren por distintas comunidades, incluido el Tajo, donde se ha confirmado la creación de un caudal ecológico que disminuirá la cantidad de agua que, sobre todo a partir de 2025, puede trasvasarse al río Segura. Este es el aspecto más polémico del tercer ciclo para la gestión de las cuencas que este martes ha vuelto a concentrar a decenas de regantes de Almería, Murcia y Alicante a las puertas del Palacio de la Moncloa y que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha justificado por la necesidad de anticiparse a la disminución del agua disponible para los próximos años, como consecuencia del cambio climático y la sequía. Según ha dicho, las proyecciones que ya existen con datos hasta 2025 apuntan a que en 2050 el agua disponible podrá mermar entre un 14 y un 40%. "Alicante tendrá agua, Murcia tendrá agua, Almería tendrá agua", ha enfatizado en alusión a las tres provincias afectadas por el trasvase.

"Desde 1980 observamos una reducción media del agua disponible próxima al 12% y las proyecciones, los escenarios de expectativas de lluvia y del agua disponible a 2025 muestran que puede haber una disminución adicional en 2025 de entre el 14 y el 40% de agua disponible", ha indicado Ribera en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Según ha dicho, también es ya patente la disminución del agua subterránea disponible, porque "está en mal estado aproximadamente un 40%". "Debemos luchar contra la contaminación en las aguas subterráneas y asegurar que la utilización de estas aguas no supera la capacidad de regenerar nuestros acuíferos".

Como tercer elemento a tener en cuenta, Ribera ha citado la necesidad de asegurar la calidad del agua y de invertir en infraestructuras de saneamiento y depuración, que harán que la disponibilidad de agua no dependa tanto de si llueve o si no, sino de la capacidad de depurarla. "Es fundamental anticiparnos, asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con mayores restos", ha afirmado.

Protesta en Moncloa

Con estos argumentos, Ribera ha tratado de justificar este martes la aprobación del recorte del trasvase Tajo-Segura, como consecuencia de la fijación por primera vez y, tal y como obligan hasta cinco sentencias del Supremo, de un caudal ecológico en el Tajo, "el [río] más caudaloso de la Península" y en el que ha asegurado que el Gobierno se ha asegurado que "no pueda suponer ningún riesgo para la disponibilidad de recursos en las cuencas que se han venido beneficiando", ha dicho en alusión al río Segura, una cuenca cuyos regantes denuncian que el recorte del trasvase echará a perder más de 27.000 hectáreas de cultivos en las tres provincias y 15.000 puestos de trabajo y provocará pérdidas económicas por 5.600 millones de euros.

Como ya hicieron el 11 de enero ante el Ministerio de Transición Ecológica, aunque en una cantidad muy menor, regantes convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura se han concentrado este martes ante el Palacio de la Moncloa para intentar que el Consejo de Ministros "salvara al Levante" no aprobando el real decreto con los planes hidrológicos. "Hace unas semanas gritábamos frente a las puertas del Miteco y a una sola voz 'Sin trasvase, desierto y paro' y ahora, una vez más, solo juntos podemos luchar para lograr que el Consejo de Ministros comprenda la gravedad de una decisión que aboca al levante español a un futuro que se desvanece, fruto de la insostenibilidad de los recortes del trasvase", ha explicado en un comunicado.

Regantes concentrados este martes ante el Palacio de la Moncloa donde el Gobierno ha aprobado los planes hidrológicos para 2022-2027
Regantes concentrados este martes ante el Palacio de la Moncloa donde el Gobierno ha aprobado los planes hidrológicos para 2022-2027
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Ribera ha negado tales perjuicios indicando en primer lugar que la disminución del trasvase será "gradual", empezará con un recorte de siete hectómetros en 2023, 2024 y 2025, y a partir de ese año "subirá a ocho hectómetros en 2026 y 8,65 en 2027". Durante este tiempo, el Gobierno espera que los más de 6.600 millones de euros de inversión prevista para infraestructuras de saneamiento y depuración -de un total de 22.844 millones entre 2022 y 2027 que contempla el decreto- sirva para que Alicante, Murcia y Almería estén en disposición de suplir a partir de 2025 el recorte del trasvase.

Según ha expuesto Ribera, lo podrán hacer con creces. "En el peor de los escenarios, la reducción máxima del agua del trasvase podría estar entre 70 y 110 hectómetros cúbicos y la inversión para garantizar de aquí a 2027 el agua desalada, reutilizada y, en su caso, el ahorro en eficiencia de regadíos nos permite como mínimo 140 hectómetros cúbicos, un volumen superior al agua que como muchísimo se dejaría de poder trasvasar como consecuencia de aplicar de caudal ecológico incluso en las situaciones más extremas". Los regantes sitúan la disminución del trasvase en la parte superior de la horquilla que ha dado Ribera y calculan que supondrá una reducción de 105 hectómetros cúbicos a Alicante, Murcia y Almería, que supondría 78 hm cúbicos menos para regadío y 27 menos para abastecimiento. 

Además, ha recordado que ya hay un compromiso por parte del Gobierno para fijar un precio regulado de 34 euros el hectómetro al agua desalada, de modo que esta no sea más cara que el agua de superficie o subterránea. "No queremos que esto suponga una carga inasumible por parte de un colectivo enormemente importante como los agricultores".

Guerra del agua

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que la semana pasada concluyó el trámite consultivo con el dictamen unánime que emitió el Consejo de Estado. La institución no planteó al Gobierno ninguna observación esencial pero sí recomendaciones que, según los regantes, ponen de manifiesto la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura y cuestionan la metodología de cálculo de los caudales ecológicos.

Como se esperaba, el real decreto no contempla una revisión de los caudales de Tajo y Segura en 2025 antes de reducir aún más el trasvase, tal y como reclama la Comunitat Valenciana pero, en respuesta a una de las recomendaciones del Consejo de Estado, Ribera ha indicado que a partir de 2025 no se revisará la cantidad, pero sí la calidad del agua del Tajo y se mejorará la depuración de Madrid sur, de afluentes como el Jarama como reclaman tanto Castilla-La Mancha como el Levante. Además, se crearán tres comisiones bilaterales con Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía para hacer seguimiento de las inversiones en desaladoras y reutilización del agua. Ribera también se ha comprometido a mantener el diálogo con los regantes, que denuncian que el agua desalada es de peor calidad que la que no lo es. "Sobre los parámetros químicos [del agua] estamos abiertos a poder seguir resolviendo los problemas que se puedan derivar", ha dicho.

La aprobación de los planes hidrológicos y en concreto del recorte del trasvase Tajo-Segura ha provocado en las últimas semanas la protesta contra los planes del Gobierno de los regantes de Alicante, Murcia y Almería, acompañados por dirigentes políticos del PP y otros partidos y también del PSOE. La Generalitat valenciana y alcaldes socialistas del Levante se han opuesto al plan de recortar el trasvase. En el otro extremo, Castilla-La Mancha ha visto reconocida su reivindicación de que el Tajo también tenga un caudal ecológico, una cantidad de agua que no puede utilizarse para usos agrícolas o industriales y, por tanto, tampoco se puede trasvasar.

El presidente valenciano y barón socialista, Ximo Puig, ha sido especialmente beligerante, impugnando primero ante el Consejo de Estado el borrador del real decreto que se ha aprobado este martes y advirtiendo después  de que recurrirá la norma. Este martes, Ribera ha hecho un "reconocimiento expreso" al presidente valenciano antes de negar la "guerra del agua" de la que se ha vuelto a hablar en las últimas semanas.

"Sí se han seguido los criterios técnicos y en tres años y pico hemos tenido ocasión de hablar con todos los actores y escucharlos a todos", ha afirmado Ribera, que como en ocasiones anteriores ha afirmado que "velamos por el interés general, sabemos que es un tema sensible, pero estamos en condiciones de dar todas las garantías respecto a la disponibilidad de agua en las cuencas receptoras [en alusión al Segura] y debemos darlas con respecto la emisoras [Tajo]".

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