Gobierno y comunidades autónomas han aprobado este martes los planes para la gestión de las cuencas hidrográficas para el periodo entre 2022-2027 que introducen como novedad la obligación de que cada una de las masas de agua de la que se componen reserven un caudal mínimo que no podrá emplearse para regadío o usos industriales. La fijación del llamado "caudal ecológico" ha provocado una nueva polémica en torno al trasvase Tajo-Segura, con el gobierno de Murcia acusando al Ministerio de Transición Ecológica de recudir de este modo la cantidad de agua que puede pasar de una cuenca a otra y Castilla-La Mancha amenazando a este mismo Ministerio con hacer cumplir en caso contrario con una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a mantener un mínimo de agua inutilizada.

La planificación de la gestión de los ríos para los próximos siete años tiene una inversión prevista de 22.926 millones de euros para ejecutar 7.000 medidas contra extracciones irregulares, contaminación o especies invasoras y pone un especial énfasis en la adaptación al cambio climático, según ha informado el Ministerio de Transición Ecológica al término del Consejo Nacional del Agua que ha sido informado de los planes de cuenca para 2022-2027. El Gobierno quiere poder gestionar el agua de los ríos en situación de escasez, para lo que define por primera vez caudales ecológicos "más ambiciosos" en todas las masas de agua.

Los caudales ecológicos son una restricción al uso del agua de un río para satisfacer primero la necesidad de tener un caudal mínimo antes de destinarse a sus usos habituales como el regadío, el uso industrial o la producción de energía, con excepción del abastecimiento humano, que tiene prioridad. En el periodo 2022-2027 supondrán un total para todas las cuencas de 28.000 hectómetros cúbicos al año frente a 26.800 en la actualidad.

La necesidad de preservarlos es algo que Transición Ecológica contempla en el borrador de su Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que considera "clave" fijar un régimen de caudales ecológicos para garantizar la función ambiental de los ríos, ya de por sí afectados por un uso extensivo, por el aumento de la población en torno a ellos y por los estragos del cambio climático, como las sequías.

Los consejeros autonómicos de Medio Ambiente han visto los planes hidrológicos del tercer ciclo de planificación, entre 2022-2027, y han dejado listos para su aprobación por parte del Gobierno antes de fin de año, que antes los someterá al Consejo de Estado. En total, se componen de 3.182 masas de agua superficiales, 301 que en el ciclo actual y más de 1.500 kilómetros de longitud, algo que se asocia con la actividad humana sobre los ríos. 

Los planes aprobados este martes contemplan para cada una de las distintas masas de agua caudales mínimos, es decir, la cantidad de agua que no podrá ser empleada más que para el consumo humano si llegara a ser necesario pero cuyo cometido principal es mantener la vida del río mismo. 

Por ejemplo, para el río Guadiana se establecen diferentes valores de metros cúbicos de agua por segundo dependiendo del mes del año y se contempla el "cese" de cualquier activadad a partir de mayo-junio hasta octubre. En el plan del Guadalquivir se tiene en cuenta el uso del río en periodos ordinarios que va de un caudal mínimo de 1,45 metros cúbicos por segundo en el río Genil, uno de sus afluentes, a 12,1 m3/s en la presa de Alcalá del Río. Cuando se trate de una "situación prolongada de sequía inverna" se cuantifican los desembalses que tendrán que producirse para mantener estos caudales continuos.

Ecologistas en Acción considera que los caudales ecológicos que se han fijado para los distintos ríos son "absolutamente insuficientes, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático" sobre los ríos, de los que "se está extrayendo [agua] de forma legal e ilegal". Según su co-coordinadora de Agua, Erika González, "lo que se necesita para poder garantizar los ecosistemas es que haya agua poder utilizar y que haya unos caudales mínimos para garantizar la vida". 

Tajo-Segura

Sin embargo, lo que a Ecologistas en Acción le parece insuficiente, es excesivo para otros actores, como Murcia, que denuncia que la fijación de un caudal mínimo en el Tajo supondrá que habrá menos agua disponible para ser trasvasada al Segura. Es aquí donde se ha centrado la polémica que ha rodeado al Consejo Nacional del Agua.

Según cálculos de este gobierno autonómico, el establecimiento de un cauce ecológico en el río Tajo supondrá "una reducción de como mínimo 31,5 hectómetros cúbicos al año y conllevará un incremento del límite por debajo del cual no se pueda trasvasar" al Segura. Es la consecuencia, aduce, de elevar el cauce mínimo de seis a siete metros cúbicos por segundo -con respecto al valor indicativo que figuraba en el segundo ciclo-, "como paso previo a elevarlos hasta 8’65 a partir de 2026”.

Como suele suceder al tratarse del agua, la polémica ha alcanzado en los últimos días la esfera nacional, con el presidente del PP valenciano, haciendo causa común con Murcia -gobernada por este mismo partido- en contra de que un aumento del caudal mínimo en el Tajo reste agua que llega al Levante por el trasvase. 

Por su parte, en su defensa del plan, Castilla-La Mancha también advirtió al Ministerio de Transición Ecológica de que si se modificaba el borrador que finalmente se ha aprobado este martes habría cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que fija unos caudales mínimos. Desde la Generalitat valenciana -también del PSOE-, el presidente Ximo Puig criticó al PP murciano y valenciano estar "permanentemente en la bronca" a cargo del trasvase, "una confrontación que no da agua, sino problemas".

En todo caso, la reunión del Consejo Nacional de Agua ha sido larga según lo previsto -de las 12 de la mañana a las ocho de la tarde- y ha terminado sin cambios en los documentos elaborados por cada cuenca hidrográfica, tal y como ya esperaba a su llegada el consejero murciano de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, dada la mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE. La decisión de este martes ahora debe ser respaldad por el Consejo de Estado y será aprobada después por el Consejo de Ministros en forma de decreto.

Reserva hídrica al 34,3 %

Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica ha informado este martes de que la reserva hídrica se encuentra al 34,3 % de su capacidad y los embalses almacenan en estos momentos 19.241 hectómetros cúbicos, 797 más que la semana pasada. 

Coincidiendo con la aprobación de los planes hidrológicos para el periodo 2022-2026, el departamento que dirige Teresa Ribera ha lanzado la campaña "Más claro, agua", para concienciar sobre el uso sostenible del agua. Los planes aprobados este martes "avanzan en la implementación de adecuados regímenes de caudales ecológicos para devolver a los ríos su funciones originales", dice en un vídeo.