El presidente valenciano, Ximo Puig, ha elevado el tono contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del recorte del trasvase Tajo-Segura a menos de 24 horas de la manifestación convocada de los regantes frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid por la "sentencia de muerte" a la transferencia hídrica hacia Alicante, Murcia y Almería. Un día después de que la ministra apoyara públicamente la modificación unilateral del plan del Tajo, el Consell ha presentado este martes sus alegaciones al Consejo de Estado, en las que considera que el cambio supone una vulneración de principios fundamentales. Argumenta que presenta defectos que llevan a su nulidad de pleno derecho y no se ajusta a la legalidad cambiar un texto ya aprobado en el Consejo Nacional del Agua. 

Además, la Abogacía de la Generalitat sostiene que, con la actuación del Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, lealtad institucional, transparencia y buen gobierno" y añade que la nueva redacción adolece de "falta de criterio y rigor técnico", por lo que pide al Consejo que emita un informe desfavorable. Por su parte, el PP ha anunciado que pedirá la reprobación de Ribera en Les Corts "por sus 22 recortes" al trasvase y por el impacto que esta decisión tendrá sobre la agricultura del sur de Alicante.

La Generalitat pide la anulación del plan del Tajo argumentando que el texto final sobre el trasvase incumple el compromiso de evaluar la situación de los ríos antes de aplicar el caudal ecológico. Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha recordado que el proyecto de planes hidrológicos que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación en Consejo de Ministros fue el acuerdo mayoritario del Consejo Nacional del Agua y que cualquier otra modificación no contó con ese respaldo.

La clave principal está en el supuesto compromiso que la Comunitat Valenciana afirma que contrajo el Gobierno para analizar el estado de las masas de agua afectadas en el trasvase -es decir, también del río Segura- antes de aplicar el caudal ecológico del Tajo. El Consell recalca que el texto origina que aprobó el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre "vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua". Sin embargo, denuncia que posteriormente "se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua". El nuevo texto impone unos "incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura", según la Generalitat.

Preguntada por esta reclamación, la vicepresidenta tercera ha asegurado que el texto final es el que cuenta con el apoyo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, en la está representado el Ministerio, las comunidades y ayuntamientos, organismos de cuenca y asociaciones sindicales, sociales y económicas vinculadas con el agua. En contra del relato que hace la Generalitat en sus alegaciones al Consejo de Estado, Ribera ha dado su propia versión desde la sala de prensa de Moncloa para indicar que tras consensuar el texto, "en el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso que fue rechazada mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua". "Lo que hemos remitido al Consejo de Estado responde al consenso que estaba previamente anunciado y establecido", ha añadido.

Ribera ha vuelto a lamentar que el agua vuelva a convertirse de nuevo en una batalla política. "No nos gusta mucho que se haga un uso de esta situación tergiversando la realidad en favor de determinadas pancartas y partidos políticos", ha dicho. "No nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua donde, pase lo que pase o se invierta lo que se invierta, siempre hay una diana a la que señalar", ha manifestado.

Puig ha afirmado que, si se produce un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, como el que se alcanzó sobre el trasvase Tajo-Segura, "se tiene que respetar", o en todo caso volver convocar a este órgano y tomar "otra decisión" al respecto. "Se produjo un acuerdo y que por tanto no se ha actuado de manera correcta" al no respetarlo. Ha insistido en que en el Gobierno valenciano están "permanentemente abiertos al diálogo", porque saben que "la confrontación y las guerras del agua no sirven para nada" y en consecuencia hay que buscar puntos encuentro, pero "evidentemente desde la defensa clara, nítida, de los intereses de los regantes y de la Comunitat Valenciana".

"Sentencia de muerte" del sector agroalimentario

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha convocado una concentración este miércoles, 11 de enero, ante las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, para protestar contra la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera a la que acusan de firmar la "sentencia de muerte del sector agroalimentario" de Alicante, Murcia y Almería, que dependen del Trasvase Tajo-Segura. La protesta contará también con representantes del PP de Murcia y de Compromís, así como altos cargos socialistas valencianos del llamado segundo escalón.

La protesta comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas bajo el lema En el Levante, sin trasvase, desierto y paro, ante el  acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo hasta 2027 que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias receptoras de unos 105 hectómetros cúbicos, lo que representa 78 hectómetros menos para el regadío que la media actual y 27 hectómetros cúbicos menos para abastecimiento de la población.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleos y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".

Los convocantes califican de "paradójico" que el sureste peninsular tenga que "seguir luchando" para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso. Así, opinan que esta es una "clara evidencia de que algo se está haciendo mal" en la planificación hidrológica española.