Ribera se enfrenta a Puig al defender el recorte del trasvase Tajo-Segura

Ximo Puig i Teresa Ribera en la trobada que van mantindre aquest dimecres a València.
Ximo Puig y Teresa Ribera, en una imagen de archivo.
GVA
Ximo Puig i Teresa Ribera en la trobada que van mantindre aquest dimecres a València.

El recorte del trasvase Tajo-Segura que afectará a la agricultura del sur de Alicante, así como a la de Murcia y Almería, empieza a derivar en un enfrentamiento entre administraciones no solo de distinto signo político, sino gobernadas por el mismo partido. Es el caso del Gobierno central y la Generalitat, comandados por el PSOE, que ya discrepan públicamente sobre la conveniencia del trasvase entre ambas cuencas hídricas y, en el caso del barón valenciano, también por el precio del agua desalada que se ofrece como alternativa y que ha triplicado su precio con el fin de la subvención estatal. Este lunes ha sido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que ha refutado las tesis de Puig al defender el recorte del Tajo-Segura para cumplir las sentencias del Supremo, al tiempo que ha prometido inversiones por 1.100 millones para desalar y reutilizar agua en las provincias afectadas (540 para Alicante) hasta 2027.

La vicepresidenta tercera ha replicado en una entrevista en Espejo Público que la polémica es "más emocional" que "racional", al tiempo que ha apuntado a una propuesta para reducir con una transferencia de los Presupuestos del Estado el precio del agua desalada, un importe regulado como el que se aplica ahora en periodos de sequía.

El origen de esta nueva batalla por el agua está en la reciente aprobación del tercer ciclo de la gestión de los ríos, en los planes hidrológicos para las distintas cuencas que, según afirmó Ribera, incluyen un "elemento innovador que ha suscitado cierta polémica". Se trata de la fijación por primera vez de los llamados "caudales ecológicos", caudales mínimos que deben discurrir por cada río, que no puede emplearse en usos industriales y agrícolas y, por tanto, tampoco se pueden trasvasar. Un estudio realizado por la cátedra del Agua de la Universidad de Alicante indica que fijar un caudal ecológico en el Tajo supondrá perder 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería, 15.323 empleos en estas provincias y hasta 5.600 millones en pérdidas de valor patrimonial.

Mientras que Castilla-La Mancha se muestra satisfecha por este caudal intocable del Tajo -de hecho, durante la negociación de los planes hidrológicos el gobierno de Emiliano García-Page advirtió al Gobierno que de lo contrario incumpliría sentencias del Supremo-, su fijación solivianta al Mediterráneo. Los gobiernos de Andalucía y sobre todo de Murcia, del PP, han dejado claro su rechazo. Aunque en un primer momento guardó silencio, también el barón socialista y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, confirmó que presentará este martes las alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase. Hace unos días advertía a Ribera de que la versión final del decreto del plan hidrológico incumple lo acordado con el Ministerio, porque desaparece la obligación de hacer una evaluación de la situación antes de que en 2025 mengüe de firma más notable la cantidad de agua trasvasada del Tajo al Segura para preservar el caudal ecológico del primero.

También Compromís, que gobierna con Puig, ha pedido la comparecencia de Ribera en el Senado por el recorte del Tajo-Segura "ante la decisión injustificable de recortar 105 hectómetros anuales y al mismo tiempo dejar a los regantes sin alternativas con el encarecimiento del agua desalada para el riego", ha dicho este lunes su portavoz en la Cámara Alta, Carles Mulet. El senador defiende que el caudal ecológico del Tajo "se puede conseguir si existe una racionalidad también en cómo se riega en Castilla-La Mancha, o en como recicla hasta la última gota la Comunidad de Madrid, que es quien no está cumpliendo sus obligaciones y afecta al propio caudal del Tajo".

Mazón exige al ‘president’ que acuda a la manifestación

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha exigido al presidente de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que acuda a la manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura convocada por los regantes este miércoles a las 11.00 horas en Madrid, frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica. "La unidad de nuestra tierra por encima de los partidos", ha reclamado. El jefe del Consell replicó que no estará en el acto reivindicativo sino trabajando con los empresarios del textil en la feria de Fráncfort. Sí acudirá la titular de Agricultura, Isaura Navarro, de Compromís, y cargos de su departamento.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha pedido a Puig que acuda "en primera persona" a la concentración y que "no mande simplemente unos representantes para cubrir el expediente" al margen de "reflexiones electorales o partidistas", ha dicho.

Por su parte, Navarro ha confirmado que asistirá junto a los secretarios autonómicos de Agricultura, Roger Llanes, y de Transición Ecológica, Francisco Candela, a la protesta convocada por los regantes de la cuenca del Segura. Además, ha avanzado que las alegaciones del Consell al Consejo de Estado se centrarán en cuestiones jurídicas y económicas. "Reivindicaremos en las puertas del Ministerio que se vuelva al texto que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua", ha adelantado la responsable autonómica. "Desde el Consell estamos en total desacuerdo con el cambio de guion que ha hecho el Gobierno central en cuanto a caudales ecológicos", ha añadido.

"La agricultura del futuro es el agua"

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, sostiene que es un "despropósito" que no se entienda por parte de "todos" que "la agricultura del futuro es el agua". "No habrá ninguna agricultura que tenga una planta perenne que pueda subsistir sin agua porque hay un cambio climático palpable", apunta. En esta línea, defiende que "no se puede vivir en esta disputa continua".

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