La Policía Local impone veintitrés denuncias por saltarse el toque de queda y sanciona a dos establecimientos en Alicante

La Policía Local de Alicante ha impuesto durante la madrugada del jueves al viernes un total de veintitrés denuncias a ciudadanos por incumplir el toque de queda decretado por la Generalitat y ha sancionado a dos establecimientos por tener abierto fuera del horario estipulado para hacer frente a la pandemia, según ha confirmado la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Elche, Carlos González, en imagen de archivo

El alcalde de Elche (Alicante), Carlos González, ha mostrado su respaldo de forma "inequívoca" a las nuevas medidas restrictivas del Consell para la ciudad, así como el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana anunciado por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Elche se encuentra entre los 31 municipios afectados por las nuevas medidas restrictivas adoptadas por la Generalitat para los próximos 14 días.

Nota Prensa Viernes 30: Op. Dennenboom San Juan De Alicante

La Guardia Civil ha detenido a 15 personas, todos como presuntos miembros de una organización criminal "altamente especializada" en el cultivo y tráfico de drogas que operaba principalmente en localidades de Alicante y en Murcia desde donde se envíaba hachís y éxtasis tanto a estas zonas como a Baleares y Reino Unido, en estos casos por correo postal y oculto entre muñecas, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Plantas de marihuana halladas por la Guardia Civil durante la operación 'Xita'

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Xita', llevada cabo en las provincias de Albacete y Alicante, han detenido a 13 personas de entre 25 y 41 años de edad, de nacionalidades española y colombiana, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Imagen de la boca del aliviadero del Palmeral, en Alicante

Los colectivos vecinales Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), la Asociación de Vecinos (AVV) Gran Vía Sur Puerto y Democracia en Verde han denunciado este miércoles, ante el Ministerio de Transición Ecológica, los vertidos "masivos" al mar del sistema de saneamiento y depuración de la EDAR Rincón de León, la principal depuradora de aguas residuales de la ciudad de Alicante.

Reunión de la consellera Mollà y e lconsejero murciano Luengo en Elche (Alicante)

La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han reforzado este miércoles, en un acto conjunto en Alicante, su postura compartida en la defensa del trasvase del Tajo-Segura como "básico e imprescindible" y han solicitado al Gobierno central que acepte las alegaciones que presentarán al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del Plan Hidrológico del Tajo para garantizar el interés de regantes y el abastecimiento, al tiempo que reclaman a Castilla La Mancha que "haga sus deberes" en depuración e infraestructuras.

Reunión de la consellera Mollà y e lconsejero murciano Luengo en Elche (Alicante)

La Comunitat Valenciana y la Región de Murcia han reforzado este miércoles, en un acto conjunto en Alicante, su postura compartida en la defensa del trasvase del Tajo-Segura como "básico e imprescindible" y han solicitado al Gobierno central que acepte las alegaciones que presentarán al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI) del Plan Hidrológico del Tajo para garantizar el interés de regantes y el abastecimiento, al tiempo que reclaman a Castilla La Mancha que "haga sus deberes" en depuración e infraestructuras.

Puesta de un EPI

Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19 al considerar que "incumplió la normativa sobre la prevención de riesgos laborales". Así mismo, ha abierto la vía a los sanitarios afectados para que acudan a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

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