El PSOE de Valencia y de Murcia se suman a la protesta de miles de agricultores contra el recorte del trasvase Tajo-Segura

  • La consellera valenciana de Agricultura, de Compromís, asegura estar en la manifestación en nombre de Ximo Puig, que ha impugnado el trasvase.
  • ​Regantes y políticos acusan a Ribera de "mentir" cuando este martes aseguró que el texto final es el que se acordó en el Consejo Nacional del Agua.
  • "Pedimos a los políticos que actúen, hay que frenar esta locura de la ministra Ribera", claman agricultores de Alicante, Murcia y Almería.
Cientos de regantes y agricultores se han concentrado en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura.
Cientos de regantes y agricultores se han concentrado en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura.
FERNANDO ALVARADO
Cientos de regantes y agricultores se han concentrado en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura.
El PSOE de Valencia y de Murcia se suman a la protesta de cientos de agricultores en Madrid contra el recorte del trasvase Tajo-Segura
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Miles de agricultores y regantes -4.000 según Delegación del Gobiernollegados, incluso en tractor, desde Alicante, Murcia y Almería han protestado este miércoles en Madrid delante del Ministerio de Transición Ecológica en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura que contempla el nuevo plan hidrológico para 2022-2026 por la introducción de un caudal ecológico que reducirá sobre todo a partir de 2025 el agua disponible para llegar a la cuenca del Segura. Los agricultores de estas tres provincias advierten de que supondrá la ruina de la huerta y la pérdida de miles de empleos. Junto a ellos, han protestado ante la sede del ministerio de Teresa Ribera representantes de Vox y del PP, pero también la consellera de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Isaura Navarro, que ha asegurado estar en nombre de todo el Consell que preside el barón socialista Ximo Puig, y también los alcaldes de Elche o de Murcia, ambos del PSOE.

"Tanto que habla de cambio climático, 1.600 hectáreas quedarían hechas un desierto y se perderá el empleo que da la agricultura. Hoy tenemos que gritar que el trasvase Tajo-Segura no se puede recortar. No queremos desierto, no queremos paro, queremos trabajar y dar frutas y verduras al resto de Europa", ha clamado un portavoz del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats),  convocante de una concentración que ha congregado ante Transición Ecológica a cientos de agricultores y regantes de Almería, Murcia y Alicante. 

"Pedimos a los políticos que actúen. Hay que frenar esta locura de la ministra Ribera", ha añadido antes de apelar a otros miembros del Gobierno que, según Scrats, deberían tomar cartas en el asunto. Desde la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por una actividad agrícola en las tres provincias que "genera 2.000 millones", pasando por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "para que se niegue a dejar de incentivar las frutas y verduras", hasta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que "frene esta locura". Por fin, regantes y agricultores exigen al ministro de Agricultura, Luis Planas, que "no se ponga de perfil, que defienda la agricultura, que no se esconda".

El recorte del trasvase "puede suponer nuestra desaparición", dice Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que indica que la contribución del río Segura les supone "un mes y medio de agua al año". "Nuestra dependencia del trasvase Tajo-Segura es absoluta y si nos siguen recortando desde luego nos quedaremos sin agua", afirmaba este miércoles entre la multitud que formaban agricultores de las tres provincias afectadas, algunos de ellos uniformados, como un grupo de trabajadores de los invernaderos de Pulpí (Almería).

Protesta también del PSOE

Las alusiones a Ribera y a otros miembros del Gobierno que se han hecho entre pancartas con lemas como "Más desalación, más contaminación", "Nos están ahogando y no con agua" y "En el Levante sin agua, desierto y paro", está claro que de nuevo la gestión de los ríos se a trasladado al terreno político. Pero a uno distinto del que planteó este martes Ribera, cuando mostró su malestar por que se "tergiverse la realidad en favor de determinadas pancartas y partidos políticos".

Este miércoles delante de su Ministerio, se han escuchado las mismas denuncias y advertencias sobre lo que supondrá el recorte del trasvase y también una reclamación general a que otras comunidades "hagan sus deberes" y depuren el agua del Tajo en sus territorios para que pueda ser aprovechada en la agricultura cuando llegue hasta el Segura. Por parte de agricultores y de políticos del PP, PSOE, Vox y Compromís.

"Yo no hablaría de enfrentamiento, hablaría de la defensa de los intereses de una ciudad y su sector agrario", decía el alcalde de Elche, el socialista Carlos González. "Elche es una ciudad en el que la agricultura tiene una gran importancia y el aporte de agua del trasvase es fundamente, imprescindible e insustituible y estamos aquí apoyando a los regantes en una reivindicación que consideramos absolutamente justa", ha añadido.

Desde Sevilla, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido un pacto que evite una "guerra del agua" y satisfaga demandas de regantes de la provincia de Almería en un "escenario" como el actual de "escasez" de agua. La Junta de Andalucía sí ha estado representada al más alto nivel en la concentración de Madrid, con su consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, a la cabeza.

Ribera "miente"

El PSOE valenciano y murciano y el Consell de la Generalitat Valenciana también han protestado en Madrid contra el recorte del trasvase. Su máxima representante, la consellera de Agricultura de Compromís, Rosaura Navarro, ha asegurado que estaba en representación y de mutuo acuerdo de Puig. Esta tarde, Navarro se reunirá con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Políticos y regantes han acusado a Ribera de "mentir" cuando este martes dijo en la sala de prensa de Moncloa que la versión final del cómo quedará el trasvase para los años 2022-2027 que el Gobierno ha enviado al Consejo de Estado es la que se acordó en el Consejo Nacional del Agua. Allí, Gobierno, comunidades y el sector pactaron en noviembre la nueva planificación de las cuencas hidrológicas para 2022-2026, que contemplaba caudales ecológicos en los ríos, la cantidad mínima de agua que debe permanecer en el cauce, que no puede tener uso industrial ni agrícola y que tampoco se puede trasvasar. Esta medida, que el Gobierno justifica para luchar contra el cambio climático y anticiparse ante sus efectos sobre los ríos, y sobre todo aplicada al Tajo, es la que ha encendido la protesta de las tres provincias regadas por el Segura. Ribera insiste en respetar los caudales ecológicos y Transición Ecológica vincula la protesta a motivos electorales a pocos meses de las municipales y las autonómicas. Además, las comunidades afectadas acusan a la vicepresidenta de "mentir" y de sacar del texto acordado la obligación de revisar el estado de los ríos antes de acelerar el recorte del trasvase a partir de 2015. "Miente, miente sin ningún rubor", se apuntaba este miércoles en la concentración mientras el Ministerio guarda silencio sobre su versión de lo sucedido.

La Generalitat valenciana acusa a Ribera de haber hecho una modificación para sacar de esta última versión el compromiso de revisar el estado de las masas de agua antes de recortar el trasvase a partir de 2025 y políticos de distinto signo y regantes han corroborado la versión del Consell  mientras Transición Ecológica guarda silencio acerca de esta diferencia de versiones. 

"Estoy aquí en representación del Gobierno valenciano porque se operó una modificación del texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua, en la disposición adicional novena que no es la misma que se ha remitido al Consejo de Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros", ha explicado Navarro y ha insistido en algo que Ribera negó este martes. "Lo que queremos es que se vuelva al texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua, porque encontraba el equilibrio entre la sostenibilidad del río [Tajo] y la llegada de agua para la agricultura alicantina y murciana".

Sobre la versión de Ribera de que el texto acordado no incluía la revisión para determinar el caudal ecológico, Navarro ha asegurado que "no es verdad". "La ministra [Ribera] no estuvo en todo el Consejo Nacional del Agua, vino solo al final a saludar. Yo sí estuve y el texto sometido a votación fue el que sometía a revisión los caudales ecológicos". 

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha acudido a la concentración y ha advertido de que "vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, emplear todas las herramientas mediáticas, sociales, administrativas y jurídicas a nuestro alcance para evitar esto, que es una tropelía". El plan del Gobierno supone reducir el agua trasvasada, pero López Miras ha hablado de "cerrar el trasvase", una decisión que "ha tomado el Ministerio sin escuchar a nadie", a pesar de la trascendencia que tiene para dos millones y medio de personas que tiene agua gracias a él y "dejar el 70% de las frutas y hortalizas sin regar". 

Desde el PP también se refrenda esta versión valenciana, contraria a la que dio Ribera. La  alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se ha mostrado a favor del los caudales ecológicos pero también de que se "respeten" los acuerdos del Consejo Nacional del Agua, que incluían una cláusula de revisión. "Pedimos un pacto nacional del agua y ahora amenazan con decisiones políticas y partidistas contra nuestro futuro. Pedimos que no se lleven a cabo esas amenazas fundamentadas por motivos políticos y partidistas", ha reclamado Arroyo, que ha advertido de que el agua que llega por el trasvase "supone el sustento de miles de familias" en su zona y sin ella se produciría despoblación y el desierto ganaría zonas que hoy son de regadío.

"Quiero que se vuelva al acuerdo del Consejo Nacional del Agua, que era satisfactorio para todas las partes", ha añadido por su parte el alcalde de Murcia, el socialista José Antonio Serrano, más comprensivo con las palabras de Ribera sobre la guerra que ha suscitado siempre el agua y más crítico con cómo ha utilizado tradicionalmente el PP esta bandera, pero que este miércoles también ha estado en Madrid para defender "los intereses de la Región", como también ha hecho el PP de Murcia. "Seguramente la vicepresidenta tiene razón, ha pasado otras veces, que el PP lo ha utilizado, pero yo quiero salirme de esta guerra, porque estamos en una cuestión primordial para la región y Alicante y Almería", ha recalcado.

Desalar el agua en Madrid

Si el recorte del trasvase levantó en un primer momento las críticas contra Castilla-La Mancha -que insistió ante Ribera en poner un caudal ecológico al Tajo, como también exigió en varias sentencias el Tribunal Supremo-, las reclamaciones más o menos explícitas tanto desde el PP como del PSOE han sido este miércoles a la Comunidad de Madrid, para que depure las aguas que el Tajuña vierte en el Ebro.

"Desde la Comunidad Valenciana hacemos los deberes", ha apuntado la consellera valenciana, que ha recordado que en Alicante se reutiliza el 100% del agua y el 60% se depura y se reutiliza. "Cuidamos cada gota de agua, no como en al  Comunidad de Madrid, donde no se depura. Ese agua sin depurar es vertida y daña el trasvase".

La alcaldesa de Cartagena ha pedido "que el agua llegue a todos los territorios y que todas las comunidades hagan sus deberes", también la de Madrid. "En el Campo de Cartagena depuramos el 99% del agua y por eso sabemos el valor que tiene cada gota de agua".

Volviendo a Castilla-La Mancha, su presidente, Emiliano García-Page, se ha reafirmado este miércoles, también en términos de "defender los intereses" de su región, en la necesidad de fijar para el Tajo un caudal ecológico que disminuirá en los próximos años el agua del trasvase al Segura.

"¿Por qué va a aguantar el Tajo ser el único río de toda España que, aunque la ley obliga, no tiene caudal ecológico mínimo exigible? Lo dice la ley, las directivas europeas y, con respeto, el sentido común", ha dicho en unas declaraciones en las que ha recordado las sentencias del Supremo que así lo exigen. "Me pueden insultar lo que quieran dirigentes del levante español", ha dicho García-Page, que también se ha puesto a disposición de políticos y regantes del Levante y Murcia para llegar "a un consenso sobre una lógica".

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