La disminución del caudal que podrá trasvasarse en los próximos años del río Tajo al Segura ha vuelto a encender la guerra del agua en España, con comunidades reclamando al Gobierno central soluciones opuestas, barones del mismo signo político enfrentados entre sí y los regantes de la cuenca mediterránea en pie de guerra. Los del Tajo-Segura se concentrarán este miércoles ante el Ministerio de Transición Ecológica, en una polémica que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha considerado este lunes que es "más emocional" que "racional", al mismo tiempo que ha apuntado a una propuesta para reducir el precio del agua desalada, un precio regulado como el que se aplica ahora en periodos de sequía.

"Es absurdo pensar que cada vez, cuando se tienen que aprobar los planes hidrológicos, gobierne quien gobierne se produzca esta tensión que tiene mucho más de emocional que de racional", ha dicho Ribera en una entrevista a primera hora en Espejo Público, donde ha apostado por "encontrar soluciones para estar seguros de que el agua que consumimos en nuestros hogares y el que necesitamos para gestionar una muy buena parte de la economía esté disponible".

De Toledo a Murcia, pasando por Valencia

El origen de esta nueva batalla por el agua está en la reciente aprobación del tercer ciclo de la gestión de los ríos, en los planes hidrológicos para las distintas cuencas que, según ha dicho Ribera, incluyen un "elemento innovador que ha suscitado cierta polémica". Se trata de la fijación por primera vez de los llamados "caudales ecológicos", caudales mínimos que deben discurrir por cada río, que no puede emplearse en usos industriales y agrícolas y, por tanto, tampoco se pueden trasvasar.  Un estudio realizado por la cátedra del Agua de la Universidad de Alicante indica que fijar un caudal ecológico en el Tajo supondrá perder 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería, 15.323 empleos en el Levante y hasta 5.600 millones en pérdidas de valor patrimonial.

Mientras que Castilla-La Mancha se muestra satisfecho por este caudal intocable del Tajo -de hecho, durante la negociación de los planes hidrológicos el gobierno de Emiliano García-Page advirtió al Gobierno que de lo contrario incumpliría sentencias del Supremo-, su fijación solivianta al Mediterráneo. Los gobiernos de Andalucía y sobre todo de Murcia, del PP, han dejado claro su rechazo. Aunque en un primer momento guardó silencio, también el barón socialista y presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, advertía hace unos días a Ribera de que la versión final del decreto del plan hidrológico incumple lo acordado con el Ministerio, porque desaparece la obligación de hacer una evaluación de la situación antes de que en 2025 mengüe de firma más notable la cantidad de agua trasvasada del Tajo al Segura para preservar el caudal ecológico del primero.

También desde Valencia, este lunes Compromís ha pedido la comparecencia de Ribera en el Senado "ante el recorte" del trasvase Tajo-Segura, acusando al Gobierno central de "hacerle el juego partidista al presidente de Castilla-La Mancha". Carles Mulet, portavoz en la Cámara Alta de esta formación, que gobierna en coalición con Puig, ha lamentado que el Gobierno "reabra la demagógica batalla del agua, cuando estamos hablando de la supervivencia de parte del campo valenciano y murciano". "El caudal ecológico del Tajo se puede conseguir si existe una racionalidad también en cómo se riega en Castilla-La Mancha, o en como recicla hasta la última gota la comunidad autónoma de Madrid, que es quien no está cumpliendo sus obligaciones y afecta al propio caudal del Tajo”, ha incidido Mulet.

Por su parte, los regantes del Tajo-Segura han convocado una concentración este miércoles ante el Ministerio de Transición Ecológica para de defender el trasvase. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha llamado a la sociedad civil a participar en una concentración el 11 de enero ante el Ministerio de Transición Ecológica para defender el trasvase Tajo-Segura, una convocatoria a la que también se ha sumado la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia. También el PP de Murcia y dirigentes de Compromís, entre ellos la consellera de Agricultura y Emergencia Climática, Isaura Navarro.

"Debemos salir todos a la calle, no solo los agricultores, puesto que debe primar el interés general por delante de las ideologías, ya que esta infraestructura es vida, progreso y esperanza en todo el Levante español", decía este domingo el secretario general del PP murciano, José Miguel Luengo.

Tiempo e infraestructuras

Dos días antes de esta protesta, Ribera ha defendido la fijación de un caudal ecológico, así como un sistema en varias fases para que la cuenca del Segura pueda dotarse de más infraestructuras antes de que se aplique la disminución de forma más notable, a partir de 2025.

"El principal río de la Península Ibérica no tenía caudal ecológico y cuando hicieron el cálculo de lo que correspondía vimos que era muy difícil asumir esto desde el primer nivel", ha explicado la vicepresidenta, sobre un acuerdo que, ha subrayado, es "fruto del esfuerzo de regantes, comunidades afectadas y Gobierno". La solución fue que el caudal ecológico del Tajo se fuera incrementando con los años, empezando "poco a poco", "subiendo a partir de 2025" y conseguirse plenamente en 2027.

"Esto nos permite ir acelerando y cumpliendo con los plazos e inversiones", que en los planes del tercer ciclo cuentan con una financiación de 8.000 millones de los Presupuestos Generales, de los que 1.100 serán para infraestructuras para desalar y reutilizar agua en Murcia; 540 millones, en Alicante, y 44 millones en Almería. "De modo que cuando lleguemos a ese umbral [de 2025] en que el caudal ecológico empiece a subir de forma importante, esas nuevas infraestructuras de 120 hectómetros cúbicos en Alicante, Murcia y Almería estén disponibles", ha añadido Ribera.

Precio regulado del agua desalada

Además de la cantidad de agua que podrá ser trasvasada, el precio del agua desalada es otra cuestión que tiene levantados a los regantes y comunidades del sur del Mediterráneo. En este sentido, Ribera ha apuntado a una posible solución planteando que el precio regulado del agua desalada pueda mantenerse fuera de periodos de sequía, que es cuando se activa ahora.

"Que un precio regulado  que los Presupuestos Generales del Estado cubren en muy buena parte sea algo que inspire la solución definitiva", ha dicho. También saldría de la partida de 8.000 millones para infraestructuras para desalar, bombear y reutilizar. "Hasta que no estén esas infraestructuras operativas, el Gobierno va a seguir garantizando vía Presupuestos una transferencia de recursos para garantizar un precio de agua desalada estable".