El Consejo de Estado da vía libre al Gobierno para recortar el trasvase Tajo-Segura como defiende Page y rechaza el Levante

Cientos de regantes y agricultores se han concentrado en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura.
Cientos de regantes y agricultores se concentrado en Madrid la semana pasada en contra del recorte del trasvase.
FERNANDO ALVARADO
Cientos de regantes y agricultores se han concentrado en Madrid en contra del recorte del trasvase Tajo-Segura.

El Consejo de Estado ha aprobado este jueves su dictamen para el real decreto por el que el Gobierno aprobará los planes hidrológicos de doce ríos españoles, incluido el del Tajo, en el que por primera vez se fija un caudal ecológico que supondrá a partir de 2025 una disminución del agua que se trasvasa al Segura. De momento, se desconoce si este órgano consultivo ha hecho alguna observación al decreto del Ministerio de Transición Ecológica, incluida la alegación de la Comunitat Valenciana para revisar el estado de los ríos antes de recortar el trasvase, pero la opinión de este órgano consultivo no es vinculante y el Gobierno ya dejó claro la semana pasada que no tiene intención de modificarlo. Con el paso dado este jueves, el Consejo de Ministros ya puede aprobar los planes hidrológicos, previsiblemente el martes que viene.

Con su dictamen, el Consejo de Estado ha completado el último paso del proceso de consultas por el que tenía que pasar el decreto del Gobierno antes de ser aprobado. De momento, se desconoce el contenido, que solo tiene el ministerio y que este jueves no ha desvelado. "El Ministerio de Transición Ecológica ha recibido el dictamen del Consejo de Estado, que avala por unanimidad los doce Planes Hidrológicos y el Proyecto de Real Decreto", ha indicado en una nota para la prensa. "Los servicios jurídicos analizarán el contenido del dictamen antes de la remisión al Consejo de Ministros", se ha limitado a añadir.

Las impresiones que llegan desde las comunidades implicadas hacen pensar que a partir de 2025 se empezará a tener en cuenta el caudal ecológico del Tajo, con una cantidad de agua que no podrá usarse con fines agrícolas o industriales, como exigía Toledo y determinaron hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo, sin dar respuesta a la reclamación de la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía de que antes se revise el estado de ambos ríos.

Aún con la cautela de no conocer todavía el contenido del dictamen del Consejo de Estado, fuentes del Gobierno de Emiliano García-Page se muestran "satisfechos de que se cumpla la ley y la palabra dada" por parte del Ejecutivo central, de que se establecería un caudal ecológico y las cinco sentencias del Supremo. "Es raro tener que decir algo así en España", añaden.

Kilómetros más hacia el este y también sin conocer el texto, la sensación en la Comunitat Valenciana es de pesimismo. "Tenemos pocas esperanzas", dicen fuentes del Gobierno de Ximo Puig sobre la posibilidad de que el Ejecutivo central vaya a acceder a revisar el estado de los ríos antes de recortar el trasvase. "Se abocará a recurrir el real decreto que se apruebe", agregan.

Unánime y no vinculante

El dictamen que ha aprobado este jueves por unanimidad la comisión permanente del Consejo de Estado es una opinión no vinculante que pone punto y final a la evaluación que ha hecho este órgano consultivo de un expediente formado por más de 5.000 folios. Contiene no solo el borrador del real decreto remitido por el Ministerio de Transición Ecológica sobre el acuerdo que alcanzó con las comunidades en el Consejo Nacional del Agua sobre los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. También el resto de documentos que ha generado el proceso legislativo, desde las opiniones de otros organismos y consultas públicas hasta las alegaciones que presentaron la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha sobre la cuestión más polémica, la creación de un caudal ecológico para el río Tajo que supondrá disminuir a partir de 2025 el agua que trasvasa al Segura.

Este recorte del trasvase ha puesto en pie de guerra a Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana, a gobiernos regionales y alcaldes de distinto signo político y a regantes, que ven amenazada la economía y la agricultura de Alicante, Murcia y Almería si se reduce la cantidad de agua que se trasvasa del Tajo al Segura. La semana pasada, unas 4.000 personas llegadas deseas tres provincias, según Delegación del Gobierno, se manifestaron delante del Ministerio de Transición Ecológica, que reconoce que la cuestión del agua, y en concreto en este caso el trasvase Tajo-Segura, es susceptible siempre de convertirse en una guerra política y que atribuye el revuelo por la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

No obstante, la protesta contra la reducción del trasvase del caudal ecológico del Tajo ha hecho coincidir a dos gobiernos autonómicos del PP y del PSOE y a alcaldes y políticos socialistas en la oposición en la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía.

De hecho, el presidente valenciano y barón socialista, Ximo Puig, ha sido el que más alto ha levantado la voz, acusando a Ribera de haber cambiado el texto que aprobó el Consejo Nacional del Agua para excluir de él algo que segura que se aprobó por mayoría, que antes de empezar a recortar el flujo de agua del Tajo al Segura en 2025 se evaluaría el estado de los ríos para ver su conveniencia. 

Este es el punto central de las alegaciones de la Generalitat valenciana contra el real decreto que también ha forma parte del expediente que ha estudiado el Consejo de Estado para emitir su dictamen, cuyo contenido exacto todavía se desconoce. "Se operó una modificación del texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua, en la disposición adicional novena que no es la misma que se ha remitido al Consejo de Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros", denunciaba la semana pasada en la concentración ante el Ministerio la consellera valenciana de Agricultura, Isaura Navarro.

Este jueves, la consellera ha insistido en un cambio que se hizo por la "protesta" de Castilla-Mancha y ha "emplazado al diálogo" al Ministerio para"trabajar en el contenido legislativo" del decreto. 

Ribera y Castilla-La Mancha niegan la versión que da la Comunitat versión y aseguran que el acuerdo que se alcanzó en el Consejo Nacional del Agua no incluía esa revisión. 

Por su parte, el presidente del PP valenciano, Carlos Manzón, ha hablado del "mayor hachazo de la historia" del trasvase y ha asegurado que estudiará "todas las medidas posibles" para "revertir y alegar" el plan hidrológico del Tajo tal y como previsiblemente lo aprobará el Consejo de Ministros. El Gobierno de Murcia, también del PP ha ido más allá y su consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha denunciado que "se confirma que el Gobierno socialista mantiene su hoja de ruta para cerrar el trasvase Tajo-Segura, un camino iniciado en 2018 por Pedro Sánchez cuando anunció el fin de los trasvases".

Ribera no prevé cambios

De momento se desconoce si en su dictamen el Consejo de Estado ha hecho alguna observación al Gobierno con respecto a la reclamación de la Comunitat Valenciana pero sí está claro que con su informe de este jueves el decreto regresará al órgano que solicitó la opinión de este organismo, el Ministerio de Transición Ecológica.  

Antes de Navidad, Ribera la pidió "con carácter de urgencia", lo que ha obligado al Consejo de Estado a analizar los 5.000 folios del expediente en menos de un mes. Según apuntan en esta institución, tantas prisas inducen a pensar que el Consejo de Ministros podría aprobar los planes hidrológicos y el recorte del trasvase Tajo-Segura en su reunión del martes que viene.

Los dictámenes del Consejo de Estado no son de carácter vinculante, es decir, no obligan al Gobierno a modificar sus proyectos legislativos, de modo que tanto si se recogen de algún modo las reclamaciones del Levante como si no, prevalecerá lo que estime el Ejecutivo, que no parece que vaya a modificar su decreto.

La semana pasada, tras la protesta de agricultores, regantes y políticos delante de su ministerio, Ribera no dio muestra de tal cosa. "Nuestra obligación es velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con el particular énfasis local que cada una de las partes, porque no son compatibles entre sí", dijo.

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