El Gobierno mantiene sus planes de recortar la cantidad de agua que se trasvasará a partir de 2025 del Tajo al Segura, después de una jornada en la que unos 4.000 agricultores y regantes de Alicante, Murcia y Almería se han concentrado ante el Ministerio de Transición Ecológica para rechazar un recorte del trasvase que advierten de que perjudicará a la producción agrícola y dejará a miles de personas sin trabajo. Sin embargo, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha rechazado conceder el que es el factor de la polémica para la Generalitat valenciana, una revisión a partir de 2025 del estado de los ríos para decidir si se aumenta o no el caudal ecológico del Tajo, la cantidad de agua que no puede utilizarse, tampoco para el trasvase.

La propia Ribera ha dejado claro que el Gobierno no tiene previsto modificar sus planes para fijar por primera vez un caudal ecológico para el río Tajo, como exigían ya hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo y la necesidad de anticiparse a los estragos del cambio climático, y establecer una reducción progresiva del caudal que puede trasvasarse al Segura, particularmente desde 2025 hasta 2027. Frente a esta posición, la Comunitat Valenciana, presidida por el PSOE, alcaldías socialistas como la de Murcia o Elche, la Junta de Andalucía y el Gobierno de Murcia, ambos del PP, denuncian que el Gobierno ha modificado el texto del acuerdo que se alcanzó en el Consejo Nacional del Agua que incluía una disposición transitoria según la cual antes de elevar el caudal ecológico del Tajo -es decir, el agua que no se puede utilizar para uso agrícola o industrial- se estudiará año a año la situación de los ríos.

"En lugar del caudal [ecológico] desde el primer día, lo hemos retrasado. Lo que hemos propuesto y concitó el respaldo de todas las partes es que se pueda aplicar de manera gradual y no se llegue a esa cifra hasta 2027", ha dicho Ribera este miércoles, en alusión al año en el que termina el tercer ciclo de gestión de las cuencas hidrográficas que ha suscitado la polémica por el trasvase Tajo-Segura. Entre tanto, el Gobierno destinará 8.000 millones para la gestión de los ríos e infraestructuras para desalar o reutilizar el agua, de los que Murcia recibirá 1.100; Alicante, 540, y Almería, 44. El plan de Ribera es que hasta 2025 autoridades y regantes tengan tiempo de poner en marcha estas infraestructuras para poder afrontar a partir de ese año una reducción del trasvase. Además, Ribera ha confirmado que se ha pactado un nuevo decreto transitorio para los precios del agua desalada, cuyo elevado precio es una gran preocupación para los agricultores.

"Lo que no puede ser es poner en revisión que esto se cumpla y decir que en 2025 ya veremos lo que ocurre", ha añadido la vicepresidenta en referencia a la reclamación que hacen comunidades, ayuntamientos y regantes afectados. Denuncian que la revisión anual del estado de los ríos para determinar el caudal ecológico estaba en el texto que acordaron entre todos y que después el Gobierno sacó esta disposición en el texto definitivo que envió al Consejo de Estado.

"Cabreo" sin soluciones

Esta ausencia es la base de las alegaciones que la Generalitat valenciana ha presentado ante el Consejo de Estado, para pedir la nulidad del plan hidrológico y sobre el que su consellera de Agricultura, Isaura Navarro, ha insistido esta tarde ante el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una reunión "de cortesía" de la que no ha salido tampoco ningún compromiso de modificar el texto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se convertirá en decreto. Según el secretario autonómico de Transición Ecológica de la Generalitat, Francisco Candela, Morán sí ha admitido que el texto que se aprobaron las comunidades sí incluía la revisión anual que reclaman comunidades como la valenciana.

"Sin avances", ha señalado a este periódico Candela al término de una reunión en la que han mostrado su "cabreo e indignación" por la modificación que insisten en que el Gobierno hizo del texto.

"Queremos que se vuelva al consenso" y al "acuerdo que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua", ha afirmado Navarro, que ha negado que la Comunitat esté en contra de fijar un caudal ecológico para el Tajo, como horas antes había sugerido Ribera. "Tengo la impresión de que, más que contra el trasvase, es una manifestación que plantea dudas con respecto a la necesidad de fijar un caudal ecológico para el Tajo", ha dicho sobre la manifestación ante su Ministerio, de miles de regantes y agricultores y representantes políticos del PP, de Vox y Compromís pero también del PSOE, como el Consell valenciano en cuya representación estaba la consellera o los alcaldes de Elche y Murcia.

"Al contrario, queremos que el caudal se establezca según la situación del río, invertir para mejorar la situación del río y después se suba el caudal que se determine cada año según el estado del río", ha explicado la consellera, también en nombre del barón socialista Ximo Puig.

Posiciones irreconciliables

Sin embargo, no parece que el Gobierno esté dispuesto a hacer cambios sobre una cuestión como el agua, que Ribera ha afirmado en varias ocasiones que tiene más de "emocional" que de "racional", en año electoral y en el que se mezclan intereses que, simplemente, son contradictorios.

"Nuestra obligación como Gobierno es encontrar la mejor solución desde el punto de vista del interés general y las mejores respuestas para maximizar las soluciones de lo que nos está planteando cada cual. Pero todo a la vez es muy difícil", ha dicho Ribera, que ha lanzado un "mensaje de tranquilidad".

"Nuestra obligación es velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con el particular énfasis local que cada una de las partes, porque no son compatibles entre sí", ha incidido.