Los 27 gobiernos de la UE han conseguido por fin este martes acordar su postura sobre cómo reformar el mercado europeo de la electricidad después de quedara asegurado para todos que la nueva manera de fijar los precios de la luz no supondrá que la electricidad sea más barata  en unos países que en otros, afectando de ese modo a la competitividad de empresas e industrias nacionales. Esta es la preocupación que, meses después de empezar la negociación, seguían manifestado no pocas delegaciones y que está en la base del enfrentamiento más enconado, entre Francia y Alemania. París ha defendido hasta el último momento que el impulso a las renovables que contempla la reforma no dejara atrás la generación nuclear, su principal fuente de generación eléctrica, y Berlín, que las ayudas públicas a las centrales nucleares no abarataran el precio de la electricidad en mayor medida que en países con un impulso más decidido en renovables, como es su caso. 

El acuerdo se ha alcanzado en base a una última propuesta que ha redactado la Presidencia española del Consejo de Energía tras escuchar de nuevo por separado a todos los ministros. Modifica algunos puntos para dejar claro que el esquema de ayudas públicas se aplica a "todas" las subastas públicas de electricidad -de origen eólico, solar, geotérmico, hidroeléctrico y también nuclear, todas "limpias"- y que en el caso de que haya beneficios porque el precio de subasta sea menor que el de mercado, su redistribución "no creará distorsiones sobre la competencia y el comercio en el mercado interior" de la UE.

En caso de haya sospechas que las ayudas a la generación eléctrica o la redistribución de beneficios puedan distorsionar la competencia entre los países de la UE, será la Comisión la que estudie estas subastas estatales a la luz de las reglas de ayudas de Estado de la UE, ha resumido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, antes de pedir a los ministros que hicieran una última valoración de la propuesta de compromiso para dar el visto bueno que finalmente se ha producido, con el único voto en contra de Hungría.

Poco después de cerrarse el acuerdo, Ribera ha mostrado su "satisfacción" por un pacto entre los gobiernos de la UE para configurar un nuevo mercado de la electricidad que, ha dicho, "protegerá mejor a los consumidores europeos, ofrecerá señales a los inversores en energía, facilitará una estabilidad mayor de los precios y una menor dependencia de volatilidad de las materias primas o del mercado diario". El acuerdo también beneficiará los esquemas de energía compartida, mediante el reconocimiento del derecho a compartir energía que "facilitará invertir en autoconsumo" y "proteger ante futuras crisis de precios".

Ribera se había mostrado "optimista" de alcanzar un acuerdo antes de que empezara una reunión que ha requerido de dos textos alternativos más para tener luz verde. Dentro, ante los ministros, la vicepresidenta había advertido a los ministros de Energía que "nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario. Los servicios de traducción están contratados y asegurados hasta la última hora de la noche pero me gustaría que todos ustedes pudieran volver a su casa para cenar". También nada más empezar han vuelto a quedar en evidencia las diferencias, entre París y Berlín y también entre otros países alineados con uno o con otro. En lo que han coincidido Francia y Alemania ha sido en rechazar la penúltima propuesta de Ribera -mejorada el viernes pasado, tras una reunión de los embajadores de los Veintisiete en Bruselas-. El ministro alemán, Robert Habeck, ha sido especialmente duro con la vicepresidenta tercera, que hace unas semanas intentó desbloquear el acuerdo eliminando directamente los puntos que provocaban el rechazo de Alemania y Francia. "Lo que se ha prestando es decepcionante, la Presidencia intenta resolver el problema ignorando, pero ignorar el problema no es resolverlo", ha dicho.

Tras escuchar a todos sus colegas, Ribera ha levantado la sesión de la mañana para reunirse por separado primero con Habeck y con la ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, y después con el resto de ministros. A media tarde y como resultado de estas conversaciones bilaterales, ha presentado otro texto con algunas precisiones, adiciones y modificaciones en torno al esquema de ayudas a la generación eléctrica y garantías sobre la competencia en la UE, que finalmente ha obtenido el respaldo del 26 de los 27 Estados miembros. 

Ayudas a renovables y nuclear

Menos Hungría, los gobiernos de la UE, particularmente Francia y Alemania, han terminado dando luz verde a un acuerdo en el que todos han considerado garantizado que el apoyo público que cada países dé a sus fuentes de generación de energía no redundará en un abaratamiento del precio de luz que distorsione la competencia en otros Estados miembros. Esto es importante para los consumidores domésticos, pero especialmente para las empresas y las industrias europeas en un momento en el que, tal y como han subrayado algunos ministros durante la reunión, crece el proteccionismo fuera de la UE, en competidores como China y Estados Unidos.

La reforma del mercado eléctrico que propuso la Comisión y sobre la que el Consejo de la UE ya tiene posición desde este martes se centraba en dos cuestiones principalmente. Por un lado, aumentar e incentivar la generación eléctrica de fuentes renovables, para dejar de depender progresivamente del gas y de países como Rusia y para descarbonizar la economía. Por otra, promocionar los contratos de venta mayorista de electricidad a largo plazo para dar estabilidad a los precios de la luz, en lugar de jugarlo todo al mercado diario, más sometido a vaivenes de precios. Para ello, el nuevo mercado asentará los contratos privados de venta (los PPA), pero también mantiene, reformadas, las subastas públicas, llamadas Contratos por Diferencias (CfD), a las que la Comisión quiso atribuir un papel de apoyo a la generación renovable y que han estado en el centro de la "controversia" que hasta el último momento ha dificultado el acuerdo hasta este martes. 

La preocupación por la distorsión de la competencia ha estado hasta el final en la discusión sobre aspectos tan técnicos como las vueltas que los ministros han dado en torno al polémico "artículo 19b" de la propuesta inicial de la Comisión para determinar qué instalaciones pueden beneficiarse del sistemas de ayudas directas que prevén los CfD, en principio para incentivar las renovables. Pero Francia ha peleado y conseguido que los Veintisiete acepten que tanto las inversiones en nuevas instalaciones -renovables- como las inversiones en instalaciones ya existentes, para ampliar o repotenciar -nucleares- puedan beneficiarse de los esquemas de precios garantizados por los Estados. De este modo, tanto la nuclear como las renovables podrán acudir al cierre de contratos a largo plazo que celebren autoridades públicas de cada país, que para apoyar las inversiones -en instalaciones nueva o para ampliar o repotenciar las ya existentes- complementarán el precio de la electricidad en el mercado cuando este sea bajo y pedirán al productor -nuclear o renovable- que reembolse el importe correspondiente cuando el precio de mercado supere un determinado límite y, por tanto, obtenga beneficios excesivos.

También ha estado en boca de todos un concepto tan de la jerga de la UE como el "level playing field" -algo así como la situación de equilibrio en la que todos los miembros de un conjunto se ve con las mismas oportunidades del resto-, también ante la pretensión de Alemania de poder redistribuir esos eventuales beneficios excesivos entre el precio de remate de las subastas estatales y el precio de mercado entre sus industrias y empresas y no solo entre los consumidores en función de su consumo, como planteaba en un principio la Comisión Europea y defendían países como España. En concreto, "los ingresos se distribuirán entre los clientes finales y también podrán utilizarse para financiar los costes de los sistemas de ayudas directas a los precios o las inversiones para reducir los costes de la electricidad para los clientes finales".

Como complemento a las ayudas que los países podrán dar a nuevas y existentes instalaciones eléctricas y a la redistribución de beneficios entre quienes consideren oportuno, el acuerdo en el Consejo dejará en manos de la Comisión Europea determinar si alguna de estas decisiones viola las reglas de ayudas de Estado europeas. "La Comisión desempeñará su papel", ha asegurado la comisaria de Energía, Kadris Simson, que ha recordado que existen "controles muy rigurosos para las ayudas de Estado y veremos el impacto en el mercado interior de medidas como los CfD para activos nuevos o para inversiones nuevas en las ya existentes", ha añadido.

Negociación final y renuncias

El acuerdo entre los gobiernos europeos es el penúltimo paso para que la reforma del sistema eléctrico sea una realidad. Este martes han fijado su mandato para negociar cómo quedará finalmente diseñado con el Parlamento Europeo, que en septiembre aprobó su posición. Tal y como había propuesto la Eurocámara, Ribera ha confirmado que la negociación empezará el jueves que viene, 19 de octubre.

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En esta negociación final se verá si el nuevo mercado eléctrico de la UE contempla la prohibición de cortar la luz a clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética o se mantiene la reclamación para que los Gobiernos tomen medidas en verano e invierno para que los hogares puedan gestionar su consumo y evitar facturas abultadas como reclama la Eurocámara. También apuesta por que la Comisión cree antes de junio de 2024 alguna "cláusula de alivio" ante una nueva crisis de precios o limitar el "derecho a compartir energía" para que no puedan aprovecharse de él las grandes compañías eléctricas.

Como suele suceder en la UE, el resultado final de la reforma eléctrica de la UE debe contentar a cuantos más mejor -al menos, para forjar una mayoría que permita aprobarla- pero sin satisfacer totalmente las espiraciones de ningún país. En este sentido, España ha tenido que ir dejando por el camino a sus grandes reivindicaciones. La general, a una reforma más radical como la que finalmente será que buscaba que el gas dejara definitivamente de marcar el precio de la electricidad -ahora se persigue esto mismo por vía de aumentar tanto las renovables que el gas no sea necesario- y quedara reducido a un mercado de capacidades, junto a la energía nuclear o las soluciones de almacenamiento, separado de un mercado de producción, donde las renovables como la eólica o la fotovoltaica marcaran el precio.

España también ha tenido que renunciar a su pretensión de convertir en estructural el tope que la UE puso el año pasado de forma excepcional a los beneficios caídos del cielo de las eléctricas, en 180 euros Mwh, aunque el acuerdo de este martes prolonga hasta junio de 2024 la posibilidad de que los gobiernos apliquen este tope, seis meses más de lo previsto para una medida que iba a expirar el 31 de diciembre próximo y que de momento no ha tenido que aplicarse nunca. Tampoco será obligatorio que la redistribución de eventuales beneficios de las subastas de energía redunden solo entre los consumidores, después de que tanto el Parlamento como este martes el Consejo hayan abierto la puerta a que puedan ir también a empresas e industrias.

La única demanda específica española que quedaba en pie, un plan claro de inversiones en almacenamiento de la electricidad que se genere con renovable, tampoco parece que vaya a haber concreción en esta reforma. "Tenemos que abordar cómo se aplica la cuestión del almacenamiento, desde el principio hemos dicho que hay aspectos que vamos a tener que desarrollar en el futuro, no esta vez", ha dicho Ribera.

"Si hubiera tenido que redactar una propuesta reflejando los intereses de España, esta no habría sido la propuesta pero nosotros ejercemos en este momento nosotros ejercemos en este momento un papel privilegiado de Presidencia del Consejo", incidía a primera hora Ribera sobre los elementos a los que ha tenido que renunciar y en calidad de "árbitro" del consenso entre sus colegas europeos en favor de un acuerdo que recogiera "el interés de la UE".