Una de las grandes asignaturas pendientes de la UE para este trimestre es empezar a negociar una reforma del mercado europeo de la electricidad, desde un diseño actual que hace que sea cual sea la tecnología que se emplee para generarla, todas se paguen al precio de la última necesaria, que en muchos casos es en menores cantidades y siempre es mucho más cara, el gas. Antes de que la Comisión Europea abra formalmente el debate y presente una propuesta firme a los Estados miembros, el Gobierno español ha transmitido a Bruselas la suya, en la que apuesta por un mercado más regulado que en la actualidad y donde las energías renovables y otras como la nuclear o la hidráulica -más baratas- tengan mucho más peso en la fijación de precios. El gas pasaría de piedra angular a ser 'arrinconado' progresivamente, convertido en una tecnología de reserva que, espera el Gobierno, en algún momento pudiera ser sustituido totalmente por otras soluciones que garanticen la electricidad en momentos donde no la generan las renovables, como las infraestructuras de almacenamiento.

El Consejo de Ministros ha sido informado este martes de la propuesta española para reformar el mercado eléctrico de la UE, que este mismo día será enviada a Bruselas. Como deferencia, no obstante, el Gobierno había informado previamente a la Comisión Europea de su planteamiento. Este lunes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, conversó sobre esta cuestión con el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, de visita por varios ministerios en Madrid.

"Queremos apostar por un modelo basado en el enriquecimiento de renovables, que tienen costes bajos", ha dicho Ribera, que ha apuntado que ahora "eso no beneficia al consumidor medio", ha dicho Ribera. "Necesitamos una seguridad con respecto al acceso de energía, seguridad de suministro, la oportunidad de contar con energía a precios razonables y necesitamos reducir la inmensa volatilidad en los preciso de la energía que hemos vivido en los últimos meses", ha añadido.

Consciente de que en el último año muchas de las propuestas españolas en materia de energía han terminado siendo adoptadas por la UE, el Gobierno presenta ahora su propio planteamiento -similar por otra parte a un documento no oficial que circuló Bruselas en diciembre- para entrar en materia de lo que se ve como la madre del cordero en la actual crisis de precios energéticos, un mercado eléctrico marginal, que hace que el gas natural -la tecnología más cara porque la UE tiene que importarla y porque desde el año pasado se ha convertido en arma de la guerra que libra Rusia contra ella- marque el precio de cada megavatio de electricidad, aunque tenga origen renovable, mucho más barato. En España y Portugal este 'contagio' del gas a todas las demás tecnologías se frenó en junio pasado, cuando empezaron a aplicar el mecanismo ibérico que ahora el Gobierno pide extender hasta al menos finales de 2024, en tanto que no se haya reformado el mercado eléctrico europeo.

Arrinconar al gas

El Gobierno estima que con 'su' reforma del mercado el precio de la electricidad bajaría, pero no detalla cuánto ni cuánto tiempo será necesario para que el nuevo sistema que salga de las largas negociaciones que empezarán en los próximos meses en la UE den sus frutos. Según Ribera, se busca que el nuevo mercado "redunde en precios medios más bajos en el corto plazo".

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En Transición Ecológica son conscientes de que la negociación será complicada porque deberá integrar necesidades energéticas muy distintas entre los Veintisiete y también producir reformas colaterales, como del Mercado Interior para que, por ejemplo, hacer que la eólica tenga que someterse a la mayor regulación que propone o para facilitar el desarrollo de los llamados 'contratos por diferencias' (CfDs), similares a las subastas actuales, para las renovables.

La propuesta española supone regular en mayor medida un mercado que ahora está liberalizado, con la fijación de precios regulados y normalizando los 'contratos por diferencias' a los que ahora la UE exige tantas garantías que se convierte en ineficiente. Propone pasar del actual sistema marginalista a otro en el que el gas ya no marque el precio de toda la electricidad y en el mercado diario conviva con contratos a largo plazo, de energía y también de capacidad, donde se pagará por garantizar la disponibilidad de generar electricidad cuando sea necesario.

Contratos de energía y capacidad

A grandes rasgos, plantea sustituir un mercado que solo compra energía a corto plazo, en el mercado diario o intradiario, por otro que compre energía en el mercado diario pero también mediante contratos a largo plazo de energía-cuanto más a largo plazo, más barato- y donde también se firmen contratos a plazo de capacidad, es decir, pagar por el compromiso de que centrales de ciclo combinado o almacenamientos estarán disponibles para generar electricidad cuando sea necesario y  asegurar así el suministro. Es aquí donde se situarían los ciclos combinados, que generan electricidad con gas natural, pero también soluciones de almacenamiento o sistemas de bombeo eléctrico. Fuentes gubernamentales hablan de ir "arrinconando" así al gas, con la esperanza en que el incremento de infraestructuras como el almacenamiento que sean capaces de garantizar la disponibilidad de energía terminen por desplazarlo totalmente. De ese modo, se eliminaría el gran factor distorsionador de los precios de la electricidad, el gas natural, que la UE no produce y que tiene que comprar en mercados internacionales muy volátiles y al vaivén de factores como la guerra en Ucrania.

Estos contratos a plazo se firmarán entre los productores de renovables, nuclear e hidráulica con el regulador de cada país, mediante la firma de 'contratos por diferencias' por plazos largos, de 10 o 20 años. Fuentes de Transición Ecológica arguyen que esta reforma tiene que poder ser aplicada en todos los Estados miembros, de modo que no solo tome las circunstancias nacionales, por ejemplo, de España, donde se mantiene el calendario de cierre de nucleares o la sequía ha mermado la producción hidroeléctrica.

La modalidad de estos contratos es similar a las subastas de renovables, que que en las últimas ediciones se han saldado con un fracaso para Transición Ecológica, ya que han quedado prácticamente desiertas porque los productores prefieren cerrar acuerdos privados (PPA) con grandes consumidores o comercializadoras antes de aceptar un precio fijado por el Ministerio que consideran demasiado bajo.

Sin embargo, fuentes del departamento de Ribera confían en que, dentro de unos años, cuando la situación se normalice y entre eventualmente en vigor un nuevo mercado en la UE, los productores sí verán más ventajas en llegar a acuerdos con el regulador español para vender la electricidad a un determinado precio, más un incentivo, durante un periodo largo de años. Transición Ecológica cree que de este modo los productores se garantizarán ingresos estables durante décadas y el consumidor tendrá precios de la luz asequibles y menor volatilidad.