La gran subasta de potencia instalada de energía eólica y fotovoltaica se saldó este martes con un estrepitoso fracaso, dado que el Ministerio de Transición Ecológica solo logró adjudicar una parte muy pequeña de la potencia instalada que tenía previsto. El lote total era de 3.300 megavatios y sólo se aceptaron pujas por 45,5 megavatios, en medio de críticas en el sector por el bajo precio que el departamento de Teresa Ribera fijó en un contexto de inflación que aseguran también afecta a las empresas productoras de energía.

Veinticuatro horas después de que se cerrara la subasta, el Ministerio ha confirmado este martes los resultados oficiales, que están incluso por debajo de los 50 MW adjudicados que tanto Ribera como el sector habían dado por buenos horas antes. En concreto, de los 3.300 MW de potencia instalada que se ofreció el Ministerio, solo se adjudicaron 45,5 de eólica terrestre, de modo que quedó desierta la de fotovoltaica. Las empresas  prefirieron no pujar u optaron por no rebajar sus ofertas al precio que  admitía el Ministerio, en el llamado precio de reserva, el máximo que está dispuesto a aceptar y que Ribera no ha desvelado porque es "secreto".

Estos 45,5 MW de potencia ha sido otorgada a dos empresas a un precio medio de 42,78 euros por MW, con un máximo de 45,12 y un mínimo de 39,88. 

La subasta de este martes era especialmente importante, por tratarse de las dos tecnologías renovables más importantes y por intentar colocar el equivalente al 5% de la potencia instalada de eólica en estos momentos y el 10% de fotovoltaica. En total, 1.500 y 1.800 megavatios respectivamente, de lo que solo se adjudicaron 45,5, que supone además menos de la mitad de la cantidad de megavatios en los que se organizó cada lote, 100.

Aunque desde el sector se descartaba que pudiera ocurrir lo mismo, el proceso se saldó con un resultado casi tan malo como el resultado hace unas semanas de la subasta de 280 MW de energía termosolar, que quedó desierta.

Precio y condiciones de mercado

"Es verdad que estaban acreditados mucho más megavatios, no necesariamente han tedio que hacer una oferta concreta y el problema es que muchas de las ofertas que se han podido presentar lo hacían con un precio superior al que pensamos que es un precio de corte razonable para proteger a los consumidores", ha dicho Ribera.

La vicepresidenta tercera ha advertido a los promotores de que en una subasta a 12 años como la de este martes no puede tener en cuenta los "precios altos" y las "incertidumbre respecto a la financiación" de los proyectos de renovables, ya este martes el sector criticaba que el Ministerio hubiera fijado un precio tope para aceptar ofertas que estaba por debajo de lo que se considera aceptable. 

“Las condiciones del mercado no eran las condiciones. Esperamos que la potencia que se ha adjudicado este año se recupere el año que viene”, indicaron desde la Unión Fotovoltaica, la organización que asocia a empresas del sector. "La actual crisis energética europea ha generado una coyuntura económica que se debe tener en cuenta a la hora de plantear subastas. El precio máximo de esta subasta no ha conseguido capturar el coste real actual de la energía renovable y, por ello, sólo se han adjudicado 45 MW de los 3.300 MW subastados", ha comentado por su parte la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha esperado que "futuras subastas reflejen el precio real de la energía". 

Ribera ha insistido en fijar un precio más bajo al que esperaban los promotores y ha confiando en que, aunque no haya sido a través de la subasta del Ministerio, estos 3.250 MW restantes de potencia se terminarán instalando, a través del instrumento que cada vez gana más terreno en el sector, el de los acuerdos privados entre productores y grandes consumidores, los conocidos PPA (siglas en inglés para los "acuerdos de compra de electricidad"), que en fotovoltaica ya son más numerosos que las subastas.

"Nosotros estamos tranquilos. Se mantiene el apetito inversor y esto no significa que esa potencia no se vaya a instalar. Se va a instalar pero seguramente va a encontrar su vía de venta a través de otros cauces", ha dicho.

Por su parte, José María González Moya, director general de la APPA renovables, la asociación que reúne a casi un centenar de productores, ha restado importancia al resultado de la subasta de este martes, que no quiere decir que se dejen de instalar potencia o producir eólica y fotovoltaica, una actividad que sigue el cauce de los acuerdos privados más que la vía del Ministerio, que no debería abandonarse a pesar de la pujanza de los PPA, la vía por la que el año pasado se contrató la instalación de toda la fotovoltaica que se instaló, 4.000 megavatios.

"Creo que serán necesarias las subastas, pero hay que ver el entorno actual, ahora confluyen muchos temas, la diversificación energética, el precio o la incertidumbre global", ha indicado González Moya, en línea con la AEE, que cree que "las subastas son una herramienta necesaria para avanzar en la reducción de la dependencia energética, reducir el precio de la electricidad y la descarbonización".