Las enconadas posiciones autoexcluyentes de Francia y Alemania han hecho hasta ahora imposible que los Veintisiete lleguen a un acuerdo sobre la reforma del mercado europeo de la electricidad y, en calidad de presidenta semestral del Consejo de Energía, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha tomado una decisión salomónica en una última propuesta de compromiso que busca "superar el bloqueo" actual eliminando los puntos de fricción entre estos dos países. El resultado será que habrá aspectos del mercado eléctrico menos integrados y más dependientes de las decisiones de los Estados, pero Ribera espera de esta manera poder cerrar un acuerdo en la próxima reunión de ministros de Energía, que tendrá lugar el 17 de octubre en Luxemburgo.

"Intentaremos en ese encuentro tener un acuerdo y sí creo que la UE no necesita estar dividida sino estar segura de cada paso que damos", ha dicho este lunes en Madrid, tras la ser la Cumbre del Clima y la Energía de la que ha sido anfitriona junto con la Agencia Internacional de Energía (IEA) y tres días después de que los embajadores europeos ante la UE estudiaran en Bruselas la nueva propuesta de compromiso con la que la vicepresidenta quiere poder tener un acuerdo dentro de dos semanas. Una vez que eso suceda, el Consejo de la UE estará ya listo para iniciar la negociación final con la Comisión y el Parlamento europeos para intentar reformar el mercado eléctrico antes de que termine el año y, con él, la Presidencia española.

Vetos cruzados de París y Berlín

Según indican fuentes conocedoras de la negociación, en este último documento Ribera intenta acabar de una vez por todas con las reticencias de Francia y Alemania, que han terminado convirtiéndose en un veto recíproco. Para ello ha optado por eliminar del todo los dos puntos que generaban las fricciones.

Ya en junio, todavía en la anterior Presidencia sueca, quedó claro que la línea roja de Francia era la posibilidad de poder subvencionar con el esquema de ayudas que se prevé en las subastas de energía las ampliaciones de sus centrales nucleares. Alemania se negaba pero, además, pretendía poder redistribuir los eventuales beneficios que estas subastas públicas -los llamados Contratos por Diferencias, que coexistirán con los contratos privados de compra de energía a largo plazo- no solo entre los consumidores como planteaba la Comisión Europea y defendían países como España, sino también entre su industria e incluso que fueran a parar a las arcas públicas.

Las demandas de Francia eran vistas como una forma de subvencionar su energía nuclear, una fuente "limpia" de energía pero no "renovable" o "verde". Las de Alemania, como un riesgo de distorsionar el mercado si los países que más recursos tienen pueden ayudar más a sus compañías.

Para intentar encontrar un acuerdo, Ribera ya hizo circular una primera propuesta de compromiso a principios de septiembre, que ni siquiera fue suficiente como para convocar una reunión, aunque fuera extraordinaria, de los ministros.

En este primer documento, la vicepresidenta planteaba a sus  colegas europeos que las subvenciones previstas en los esquemas de ayuda de las subastas pudieran destinarse "con condiciones restrictivas" también a "plantas existentes" en las que haya nuevas inversiones, de modo que "no excedan la no excede la relación entre la nueva inversión y el valor de inversión bruto inicial" en la planta. Esperaba así satisfacer las demandas de París.

Con respecto a las de Berlín y como también hizo la Eurocámara en su mandato negociador, Ribera abría la posibilidad de que la redistribución de beneficios fuera más allá de los consumidores y llegara a las empresas, pero encargando a la Comisión Europea un examen previo sobre si esto podría suponer ayudas de Estado ilegales y, en ese caso, ponerles "límite".

Decisiones en manos nacionales

Ninguno de los dos países accedió y Ribera ha planteado una nueva propuesta que rebaja más el funcionamiento común del mercado y deja en manos de los estados la decisión sobre las subvenciones y la redistribución de beneficios. Elimina totalmente el artículo que hace referencia a ello y, en su lugar, plantea que estas decisiones se tomen en el marco nacional de cada país y que, posteriormente, sea la Comisión Europea la que, como ocurre ya en otras cuestiones, determine si cumplen o no las reglas del mercado interior.

Las fuentes afirman que este sistema será "mucho más lento" pero esperan que de esta forma sea posible cerrar un acuerdo el 17 de octubre para encarar ya la fase final de la reforma del mercado eléctrico de la UE y entablar la negociación con la Eurocámara y la Comisión.