Hace un año, la crisis de precios de la energía, derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, tenía en vilo a la UE, cuyos gobiernos se apresuraban a tomar medidas extraordinarias de urgencia, para asegurar el suministro y evitar que el precio disparado de la energía golpeara a hogares y negocios. Los Veintisiete acordaron entonces ahorrar en el consumo de gas y electricidad, gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas o limitar los beneficios extraordinarios de la electricidad generada con renovables o nuclear, mientras que en España y Portugal funcionaba ya a pleno rendimiento el mecanismo ibérico que también topó los precios. Doce meses después, con el suministro mucho más garantizado -gracias, además, a la diversificación de fuentes y proveedores de energía que la UE ha hecho en tiempo récord- y los precios en niveles de normalidad, la UE ultima la primera decisión estructural para que crisis energéticas como la del año pasado no vuelvan a producirse o, al menos, para que no tengan tanto impacto en los consumidores, grandes y pequeños.

Este es el objetivo que tanto la Comisión Europea, como el Parlamento Europeo como sus Veintisiete gobiernos han fijado para la reforma del mercado europeo de la electricidad, que encara esta semana varios trámites cruciales para poder ver la luz antes de que termine el año, bajo la Presidencia española de la UE. Este es el plazo preferido en Bruselas, ya que 2024 será ya año electoral -comicios al Parlamento Europeo en junio-, y el fin del mandato de la actual Comisión.

Las decisiones extraordinarias que tomaron los Veintisiete el año pasado para aplacar la crisis energética dejaron a un lado al Parlamento, que no ha ocultado su descontento por la invocación constante del artículo -122- del Tratado de la UE que lo permite. Ahora, paradójicamente, es la Eurocámara la que primero ha hecho sus deberes para reformar el mercado eléctrico europeo y el Pleno que este lunes empieza en Estrasburgo (Francia) terminará previsiblemente con la confirmación final de su postura para entablar después una negociación con los gobiernos, en el Consejo de la UE que este semestre preside España.

En el fondo, no se esperan cambios en la posición del Parlamento -que forjó entre los cuatro grandes grupos el ponente de ese asunto, el eurodiputado socialista Nicolás González Casares- que se cerró en julio en su comisión de Industria, Investigación y Energía, aunque en la forma todavía queda un trámite que se espera no dilate el proceso más de tres días.

Sin cortes y medidas de apoyo

Así, la Eurocámara negociará con los Veintisiete que en el futuro mercado eléctrico quede prohibida "la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética" y durante litigios judiciales o extrajudiciales entre proveedor y cliente durante dos meses. Reclama además que los gobiernos adopten "medidas específicas" en verano y en invierno para que los hogares puedan "gestionar su consumo y evitar facturas elevadas".

Si bien históricamente se reconoce al papel de colegislador de la Eurocámara una mirada más social que a los gobiernos en el Consejo, el acuerdo que se cerró entre los cuatro grandes grupos -PPE, Socialdemócratas, Verdes y Liberales- no logró salvar la pretensión de España de mantener el tope a los beneficios extraordinarios a las renovables o nuclear en 180 euros por MWh. En su lugar, los eurodiputados tratarán de 'arrancar' el compromiso para que la Comisión evalúe antes de junio de 2024 -de las próximas elecciones europeas y el fin de su mandato- las opciones para "establecer un mecanismo de válvula de alivio temporal" de precios si el precio de la luz vuelve a desbocarse, como ocurrió el año pasado.

Si novedosa es la introducción en la propuesta inicial del "derecho a compartir energía", el Parlamento Europeo ha introducido en su posición un cambio para que esto no se convierta en una barra libre de la que se aprovechen grandes empresas u otras organizaciones distintas a los consumidores domésticos y al autoconsumo. Los eurodiputados extienden este derecho de hogares a empresas pero deja fuera a las que se dediquen al intercambio o comercialización de energía. Para intercambiar energía se podrá recurrir a terceros pero con un límite de 6 MW y se insta a los gobiernos a "promover la introducción de mini-paneles solares".

Desafío de una minoría

Estos y otros aspectos de la posición del Parlamento para terminar de negociar la reforma del mercado eléctrico con los Veintisiete quedará previsiblemente vista para sentencia esta semana, en el Pleno en el que todavía, sin embargo, se espera que algunos eurodiputados -particularmente de los minoritarios grupos ultranacionalistas, de ultraderecha y euroescépticos- intenten ralentizar el proceso. A la mayoría de la comisión parlamentaria que adoptó la posición de la Eurocámara le habría gustado que el dossier no tuviera que pasar ya por el Pleno para empezar a negociar con el Consejo tan pronto como sea posible, pero no ha sido posible porque una minoría del 10% de sus 705 miembros puede "desafiar" este mandato negociador pidiendo que puedan introducirse enmiendas.

Y esto es precisamente lo que se espera que suceda este lunes, cuando González Casares pida que la posición sobre la reforma del mercado eléctrico quede definitivamente aprobada y previsiblemente alrededor de 75 eurodiputados -una cifra fácil de alcanzar- pidan poder votar enmiendas. Se espera que el 'impass' sea cuestión de días, porque para que esta petición prospere es necesaria una mayoría de votos a favor, que -con el voto a favor de los grandes grupos a la posición- no se alcanzaría de ninguna manera en la votación que se celebrará el jueves. Es entonces cuando se prevé que el Parlamento Europeo deje cerrada su labor en la reforma, antes de abordar la siguiente y última, la negociación de la misma con los Estados miembros.

Ribera retoma el trámite en el Consejo

Antes, será necesario que los gobiernos se pongan de acuerdo en cómo debe reformarse el mercado eléctrico. Para ello, la presidenta semestral del Consejo de Energía, la vicepresidenta española Teresa Ribera, acaba de presentar al resto de capitales una propuesta en la que intenta dar satisfacción a las reivindicaciones de Francia y de Alemania, los dos grandes países que en estos momentos ponen más difícil llegar a un acuerdo. En los dos casos, se parecen a la posición pactada en el Parlamento Europeo con el respaldo de socialdemócratas y populares da señales de que algo así pueda ser aceptado también por los gobiernos de los Veintisiete, que mayoritariamente pertenecen a estas dos familias políticas.

Para atraer a París, la vicepresidenta plantea permitir que el esquema de ayudas que prevé la reforma para incentivar la generación de electricidad con energías limpias -particularmente, renovables- pueda destinarse también a las plantas nucleares, que en Francia son la principal tecnología para generarla. No las financiarán totalmente, pero sí parte de la inversión nueva que se haga en ellas, según un extracto del borrador de la propuesta que difundió la semana pasada el diario francés Contexte. Según el mismo, la Presidencia plantea que estas subvenciones puedan destinarse "con condiciones restrictivas" también a "plantas existentes" en las que haya nuevas inversiones, de modo que "no excedan la no excede la relación entre la nueva inversión y el valor de inversión bruto inicial" en la central.

Además de perfeccionar e impulsar los contratos privados de compra (PPA) a largo plazo de electricidad y a pesar de no apostar por un modelo tan regulado como el que pretendía España, el mercado eléctrico que resulte de la reforma mantendrá las subastas, denominadas Contratos por Diferencias (CfD, pero con un cambio en la manera en que cada regulador fijará el precio dispuesto a pagar por la electricidad a un plazo de 10 o 12 años. En lugar de una cantidad fija, se introducirá una horquilla de precios, de la que podrían resultar beneficios si finalmente el precio de la luz es inferior al que se pactó en el CfD. Qué destino dar a estos ingresos de más es el segundo gran escollo para la reforma, con Alemania y otros países del norte presionando por que no solo se redistribuyan entre los consumidores -como planteaba la Comisión y defienden países como España-, sino para que haya "flexibilidad" y también puedan ir a parar a las empresas o a las arcas públicas.

El peligro que ven algunos países es que esto dé lugar a que algunos países puedan subvencionar a sus industrias, que tendrían así ventajas competitivas que las industrias de otros Estados miembros. Para evitarlo, Ribera abre la mano en su propuesta a esta mayor flexibilidad -como también ha hecho el Parlamento- pero hasta un "límite". "Si la Comisión considera que la redistribución de beneficios que aplica un Estado miembros distorsiona el mercado, la Comisión podrá un límite a la distribución de estos beneficios a empresas por parte del Estado miembro para hacer frente a esa distorsión", dice el texto difundido por Contexte.

Negociación entre socialistas españoles

La semana pasada, casi ya con el nuevo texto circulando entre la capitales, Ribera espero que el acuerdo entre los Veintisiete pueda darse "en las próximas semanas" y está previsto que sus respectivos embajadores en Bruselas analicen la propuesta esta misma semana. 

Cuando haya quorum también en el Consejo de la UE, empezará el tercer y último acto hacia la reforma del mercado eléctrico, la negociación entre Comisión, Parlamento y Consejo, cada uno con su propia posición, para que de allí salga un texto único y final. Esta negociación -que en jerga comunitaria se conoce con el nombre de 'trígologo'- se hace al máximo nivel, entre la comisaria de Energía, Kadris Simson, la Presidencia semestral del Consejo y el ponente del Parlamento Europeo. Aunque cada uno deberá 'defender' a su institución con poco margen para intereses nacionales que no se hayan luchado ya, en esta ocasión, se da la circunstancia de que dos de las tres patas -Ribera y González Casares- pertenecen al mismo país y al mismo partido político.