La vicepresidenta tercera, ministra de Transición Ecológica y actual presidenta del Consejo de Energía de la UE, Teresa Ribera, ha dado este jueves un primer paso para retomar la negociación sobre la reforma del mercado europeo de la electricidad, distribuyendo entre los Estados miembros una nueva propuesta que trata de satisfacer las demandas de los dos países que en estos momentos más empujan por hacer valer sus posiciones: Francia por lo que respecta a la producción eléctrica con energía nuclear y Alemania, en relación al destino de los eventuales beneficios que puedan arrojar las subastas públicas de energía. 

De acuerdo a un borrador del documento que ha difundido en parte el periódico francés Contexte, los esfuerzos de Ribera para atraer a París y Berlín a un acuerdo pasan por permitir que las centrales nucleares -francesas, en particular- puedan beneficiarse de subvenciones para infraestructuras renovables de energía y que, como quiere Berlín, el beneficio que podría arrojar la venta de electricidad a largo plazo por un precio superior al de mercado no tenga que redistribuirse solamente entre los consumidores, como querían España y otros países de la UE, y llegue también a las empresas. En ambos casos, esta propuesta se alinearía bastante con la posición que cerró el Parlamento Europeo el pasado mes de julio, y que deberá negociarse con los gobiernos europeos una vez que estos lleguen a un acuerdo entre sí, en el Consejo de la UE.

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Al igual que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o de los ministros de Educación, Pilar Alegría, y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, Ribera ha estado esta semana en Bruselas. Pero, a diferencia de ellos, no ha sido para presentar las prioridades de la Presidencia española de la UE en sus competencias ante la Eurocámara, sino para participar en una reunión en la Comisión Europea con su nuevo responsable del Pacto Verde, Maros Sefcovic, y en varios foros en medio de movimientos para seguir buscando el acuerdo entre los Veintisiete para reformar el mercado eléctrico, una de las prioridades para España y para la Comisión antes de que termine el año. 

Según dijo este miércoles, Ribera espera que sea posible en "las próximas semanas". Hasta ahora la cuestión se retomó la semana pasada a nivel técnico y estaba previsto que pase a la discusión de los embajadores la semana que viene. Antes de eso, la vicepresidenta ha hecho circular una nueva propuesta entre sus colegas donde retoma la negociación que quedó paralizada en junio, tras el final de la Presidencia sueca de la UE y ante las inminentes elecciones españolas del 23 de julio, con la que  de dar respuesta a las reivindicaciones francesas y alemanas.  "Hay preocupación de dos grandes países para sus industrias y tenemos que asegurar que están cómodos, pero por el interés europeo", dijo Ribera este miércoles.

Ayudas a la nuclear 

La pretensión de Francia consiste en que también las centrales  nucleares en las que se genera electricidad -su principal tecnología- puedan beneficiarse de las subvenciones para plantas de nueva creación que prevé la reforma propuesta para incentivar la generación eléctrica limpia, dentro del esquema de ayudas previstos en los llamados Contratos por Diferencias (CfD), una herramienta similar a una subasta regulada, alternativa a los contratos privados entre productores de electricidad y operadores (PPA).

En junio, España y países como Alemania, Bélgica, Grecia o Portugal rechazaban de plano tal pretensión, al considerar que sería incentivar la  energía nuclear pero, el aras al consenso y como "facilitadora" del acuerdo, Ribera plantea ahora algo similar a la postura que cerró el Parlamento Europeo. De acuerdo con el extracto del borrador difundido por Contexte, propone que estas subvenciones puedan destinarse "con condiciones restrictivas" también a "plantas existentes" en las que haya nuevas inversiones, de modo que "no excedan la no excede la relación entre la nueva inversión y el valor de inversión bruto inicial" en la planta. 

Temor al 'dumping' alemán

Por lo que respecta a Alemania, en junio quedó pendiente determinar la cuestión relativa a la redistribución de los eventuales beneficios que el nuevo método de fijar el precio de la electricidad podría provocar. El nuevo mercado eléctrico ordenará y priorizará los contratos de compra a largo plazo privados (PPA) de electricidad pero también mantiene las subastas reguladas (CfD), con una nueva manera de establecer el precio, que ya no sería uno fijo sino con una horquilla de precios de la que podrían resultar beneficios, que los Veintisiete deben determinar de qué manera redistribuir. 

Como la Comisión Europea, España es uno de los países que apuesta por que estos beneficios se distribuyan entre los consumidores, mientras que otros Alemania, Países Bajos o los Bálticos piden "flexibilidad" para destinarlos a inversión en industrias o a las propias arcas públicas, que los primeros temen que conduciría a competencia desleal dentro de la UE.

La propuesta que acaba de hacer circular la Presidencia española permite que las empresas también se beneficien de estos beneficios e introduce una salvaguarda para que no pueda producirse. Plantea que la Comisión Europea limite la distribución de las ayudas en la forma que considere cada Estado miembro.

"Si la Comisión considera que la redistribución de beneficios que aplica un Estado miembros distorsiona el mercado, la Comisión podrá un límite a la distribución de estos beneficios a empresas por parte del Estado miembro para hacer frente a esa distorsión", dice el texto difundido por Contexte.