La esperada reforma del mercado europeo de la electricidad, que debería dar lugar a un sistema con más producción renovables y contrapesos para evitar picos de precios como los vistos el año pasado, ha cerrado una de las dos importantes vías previas, necesarias para entablar la negociación final en el seno de la UE. El Parlamento Europeo ha cerrado este jueves un acuerdo sobre la que será la posición con la que negociará la reforma con el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos europeos. Que queden prohibidos en la UE los cortes de luz a los hogares vulnerables por impago y la eliminación del límite a los beneficios de las renovables a 180 euros/MWh son dos de los aspectos que defenderán los eurodiputados en su negociación con los gobiernos europeos, a los que, como presidenta semestral del Consejo de Energía, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ya está tanteando para ver cómo encauzar una posición común que permita emprender la recta final de la negociación con la Eurocámara.

"Tenemos un acuerdo", ha anunciado por la mañana en Twitter el ponente de la reforma en el Parlamento Europeo, el socialista español Nicolás González Casares, que se ha referido a un compromiso "amplio" entre los cuatro principales partidos de la Eurocámara, PSE, PPE, Liberales y Verdes. Con ello, se da por asegurado que el Pleno refrendará en septiembre un compromiso que, según ha indicado González Casares, incluye "la prohibición de desconectar a los vulnerables [de la red eléctrica], más derechos para los consumidores y una mejor activación de medidas de emergencia".

“Confío en que pueda haber un acuerdo para un mercado eléctrico que tenga en cuenta a la ciudadanía al tiempo que avance en transición energética antes de finales de año”, ha declarado el ponente horas después.

El acuerdo parlamentario contempla que "los Estados miembros prohibirán la desconexión de clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética". También se prohibirán los cortes de electricidad durante litigios judiciales o extrajudiciales entre proveedor y cliente durante dos meses y los gobiernos deberán adoptar "medidas específicas" que en verano y en invierno para que los hogares puedan "gestionar su consumo y evitar facturas elevadas".

El Parlamento también matiza el derecho a compartir energía, una nueva figura que planteó la Comisión Europea en su propuesta de reforma del mercado eléctrico y en la que países como España perciben el riesgo de que grandes compañía puedan aprovecharse de él. Para evitarlo, el acuerdo entre los eurodiputados extiende amplía este derecho de hogares a también empresas pero deja fuera a las que se dediquen al intercambio o comercialización de energía. Para intercambiar energía se podrá recurrir a terceros pero con un límite de 6 MW y se insta a los gobiernos a "promover la introducción de mini-paneles solares".

Decae el tope de 180 euros 

El compromiso de la Eurocámara refuerza las medidas de protección de los consumidores pero también contenta en parte las exigencias de Francia y Alemania en el Consejo. Como previsiblemente le ocurrirá allí a Ribera en tanto que Presidencia, el ponente español en el Parlamento ha tenido que mullir un acuerdo de que han quedado fuera elementos que defiende España, como mantener el límite al precio de la electricidad generada con renovables en caso de que vuelvan a dispararse o limitar el uso que se pueda dar a los beneficios de la horquilla de precios de las subastas a su redistribución solo entre los consumidores. "Los ingresos de los Contratos por Diferencias (CfD) deberán destinarse a los consumidores", dice el acuerdo, que como quiere Alemania también se abre a que cada país decida dedicar estos ingresos extra a "inversiones para la transición energética o a industrias electro-intensivas en riesgo de fuga de carbono".

Fuentes parlamentarias reconocen que "la mayoría se ha opuesto" a incluir el límite a los beneficios extraordinarios de la generación con renovables, de modo que se elimina el tope de 180 euros MWh que se aprobó como medida extraordinaria. En su lugar, se pide a la Comisión que evalúe antes de junio de 2024 -de las próximas elecciones europeas y el fin de su mandato- las opciones para "establecer un mecanismo de válvula de alivio temporal" de precios. Dado que solo España, Portugal o Grecia defienden en el Consejo el tope a los beneficios de las renovables, la renuncia del Parlamento a defenderlo hace decaer casi totalmente esta "propuesta española".

Almacenamiento y nuclear

El acuerdo de la Eurocámara sí respalda la reivindicación española de que se dé al almacenamiento mayor peso y pide  la Comisión que en junio de 2025 presente una estrategia, introduzca objetivos europeos y apoye el almacenamiento de electricidad generada con energías no fósiles como un "elemento estructural" del mercado eléctrico que deberá salir de la reforma.

Tanto en el Parlamento como entre los gobiernos, uno de los grandes escollos es qué tipo de tecnología de generación de electricidad puede obtener ayudas a su desarrollo previstas en la propuesta de la Comisión. El acuerdo mantiene el mismo listado que presentó Bruselas de las tecnologías que podrán recibirlo, incluida la nuclear, y aunque fuentes parlamentarias insisten en que Francia no podrá subvencionar su parque nuclear, porque las ayudas son solo para nuevas instalaciones, el acuerdo en la Eurocámara contempla una de las vías de acuerdo con París que ya se avistan en la negociación entre los Estados miembros, que las ayudas previstas puedan destinarse también a ampliar instalaciones ya existentes, de forma "proporcional a la inversión realizada".

Pacto entre los gobiernos

Este acuerdo entre los grupos de la Eurocámara supone completar una de las dos patas necesarias para que la UE reforme el mercado de la electricidad europeo, o lo "revise", como prefirió decir la Comisión Europea en la presentación de la propuesta legislativa base, que se quedó corta a ojos del Gobierno español con respecto a sus expectativas. La segunda pata, la segunda institución comunitaria, es el Consejo de la UE, donde los gobiernos no lograron hace dos semanas ponerse de acuerdo sobre qué reforma del mercado eléctrico defenderán en la negociación con el Parlamento Europeo de la que debe salir el nuevo diseño definitivo, preferiblemente antes de final de año o, a lo sumo, antes de las elecciones europeas de junio de 2024.

Como Presidencia semestral del Consejo, el Gobierno español tiene ahora el papel de mediador para encauzar la negociación entre los gobiernos europeos, en la que Francia, Polonia y Alemania aparecen como los Estados miembros con más reticencias para que esta institución pacte su posición común.

Ribera presidirá hasta diciembre el Consejo de Energía y en estos momentos está tanteando a sus colegas para ver si convoca una reunión extraordinaria en la que retomar la búsqueda de un pacto entre los Veintisiete antes del Consejo formal, que no se celebrará previsiblemente hasta octubre. Apuntó la posibilidad de celebrar un Consejo extraordinario -como los muchos que convocó el año pasado su colega checo para acordar medidas extraordinarias para afrontar los altos precios de la electricidad- después de que el acuerdo no fuera posible a finales de junio.

Entonces, quedó claro que los mayores obstáculos para el acuerdo entre los Veintisiete tienen que ver con la insistencia por parte de Francia de que las instalaciones nucleares queden dentro del esquema de subvenciones la que propuesta de reforma del mercado prevé para instalaciones de renovables. Por su parte, Polonia exige que se le permita seguir quemando carbón para generar electricidad- con el efecto que esto tiene en emisiones de CO2-, tenga una mayor capacidad de generación de electricidad de origen renovable.

 En otra línea, Alemania -y también Países Bajos o los países del Báltico- quieren poder apoyar a sus empresas con los beneficios que se generen en los nuevos tipos de contratos regulados que plantea la reforma, los llamados Contratos por Diferencias "bidireccional", que en lugar de fijar un precio fijo para las subastas de electricidad crearán una horquilla de la que podría resultar beneficios. 

La Comisión -y España está de acuerdo- prevé que se redistribuyan entre los consumidores del sistema en función de su consumo, pero Berlín y otros quieren más "flexibilidad" en el destino de estos fondos extra, para que puedan terminar también en sus empresas, lo que a ojos de otros gobiernos como el español podría dar lugar a desigualdad y competencia desleal dentro de la  UE. 

La vicepresidenta tercera se encuentra en estos momentos hablando con el resto de ministros europeos de Energía "para ver los puntos donde hay más división de opiniones", particularmente a las posiciones de Francia, Polonia y Alemania, que son los que "más diferencias tienen con la propuesta inicial de la Comisión y la última que planteó la Presidencia sueca", que terminó el 30 de junio.

Tras recoger el testigo de Suecia, ahora corresponde a la Presidencia española del Consejo de la UE encauzar el acuerdo y Ribera está explorando "cuáles pueden ser los espacios de encuentro" entre los países para buscar "la manera en la que poder gestionar lo que nos corresponde hacer en este momento [como Presidencia del Consejo], ser mediadores honestos y confiables".

De momento, Ribera no ha fijado una fecha para la primer reunión en la que los Veintisiete volverán a discutir un acuerdo formal y cerrarlo "cuanto antes". Hasta entonces, la semana que viene presidirá en Valladolid sendas reuniones informales de Medio Ambiente y Energía. La discusión sobre la reforma del mercado eléctrico de la UE está prevista para el miércoles.