España se ha quedado en franca minoría dentro de la UE en la defensa de que la reforma del mercado europeo de la electricidad perpetúe el tope a los beneficios de las energías inframarginales -particularmente, renovables- como herramienta de salvaguarda permanente ante eventuales nuevas crisis de precios en lugar de cancelar una medida que se tomó el año pasado de manera excepcional y que fijó un límite de beneficio en 180 euros el MWh. Dentro de uno de los principales elementos que todavía son objeto de discrepancia entre los Veintisiete, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha insistido en que los beneficios que generen los contratos a largo plazo en la contratación de electricidad deberían redistribuirse solo entre los consumidores, negando la flexibilidad que otros países demanda para poder reinvertirlos en inversiones o para que vayan a las arcas del Estado.

El mantenimiento del límite al beneficio de las tecnologías renovables -de producción muy barata pero que se equiparan al precio de la más cara, del gas- y la redistribución de beneficios en los consumidores son dos aspectos de la posición española que ha expuesto Ribera durante el Consejo de Energía que se celebra este lunes en Luxemburgo, donde los ministros de los Veintisiete intentan llegar a un acuerdo sobre una posición común para negociar con el Parlamento Europeo la reforma del mercado europeo de la electricidad. 

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De momento, en un primer debate, esta mañana se han constatado más diferencias que puntos en común entre los Estados miembros, particularmente sobre cómo redistribuir los beneficios que puedan producir los contratos a largo plazo o sobre el apoyo a instalaciones limpias de generación de electricidad ya existentes -lo que abre la puerta a las centrales nucleares de Francia- o sobre permitir que Polonia pueda emitir más CO2 para generar más electricidad con carbón, dado que de momento no dispone de suficiente tecnología renovable para abandonarlo. Tras escuchar a los ministros, la Presidencia sueca de la UE presentará otra propuesta de compromiso a lo largo del día, para intentar llegar a un acuerdo en el que será el último Consejo formal de Energía antes del que se celebre ya bajo Presidencia española.

"Como reacción ante una supuesta crisis, decir que solo lo haremos con los Presupuestos Generales del Estado es una señal importante a los operadores y no estoy segura que sea la más adecuada", ha dicho Ribera en su turno de palabra para defender que se mantenga la posibilidad de limitar los beneficios de las tecnologías más baratas que el gas, que terminan pagándose al caro precio del gas, como manera de que los países tengan recursos para hacer frente a una nueva crisis de precios de la energía.

Ribera no ha sido explícita y no se ha referido abiertamente al tope a los beneficios de las renovables -que la UE fijó de forma excepcional en 180 euros el MWh y que la Comisión Europea apuesta ahora por suprimir- en una exposición de posiciones en la que ha quedado claro que la española es minoritaria en esta cuestión. Solo la han defendido -llamándola en este caso por su nombre- Grecia y Portugal, que la ha calificado de "propuesta española".

Por otra parte, Ribera ha sido de las ministras más rígidas por lo que respecta a uno de los grandes aspectos de la discusión entre los Veintisiete, qué hacer con los beneficios que pueda generar el nuevo tipo de contrato a largo plazo mayorista de electricidad que se da por sentado que alumbrará la reforma como alternativa a los contratos privados (PPA). Son los llamados Contratos por Diferencias (CfD) bidireccionales, similares a las subastas de renovables, que se firmarían entre un productor de electricidad y una autoridad estatal por hasta 15 años, con un precio que no sería fijo, sino una horquilla entre las que fluctuaría. Si esta fluctuación genera beneficios, la UE discute qué deberían hacer los gobiernos con ellos. La posición de partida es que se redistribuyan entre los consumidores finales de energía en función de su consumo, aunque la Presidencia sueca ha introducido un elemento de "flexibilidad" para permitir que los países que lo deseen los canalicen hacia otros destinos, por ejemplo para incentivar la inversión en renovables o hacia las arcas del Estado. 

Mientras países como Alemania, Finlandia, Bélgica, Dinamarca o Eslovenia han celebrado que se abra la posibilidad para que cada país emplee estos beneficios como mejor considere, Ribera ha rechazado esta flexibilidad y ha insistido en que deben redistribuirse entre los consumidores. "No se debe distorsionar el mercado", ha advertido en contra de la "la distribución selectiva de ingresos".

En otro orden de cosas, España se ha apuntado un tanto, aunque Ribera ha dejado claro que quiere más. Tiene que ver con la creación de un "mercado de capacidad" que reclama España, con tecnologías y herramientas de almacenamiento de electricidad que no serían fundamentales en la generación, sino un seguro por si hay que recurrir a ellas y entre las que Ribera querría arrinconar el gas o la nuclear. Sin llegar a tanto, la última propuesta de la Presidencia sueca va más allá de la Comisión, al pedir que se refuerce este mercado de capacidad y que se agilicen los trámites de las inversiones. No satisfecha con eso, Ribera ha reclamado crear "inmediatamente" estos mercados de capacidad, de forma "parcial" hasta que la UE despliegue la regulación necesaria.

Nuclear francesa, carbón polaco

Más en línea con buena parte de los Estados miembros, Ribera también ha rechazado otros dos aspectos relevantes que se dirimen este lunes en la búsqueda del acuerdo en el Consejo de Energía.

Por una parte, está la cuestión sobre si permitir cerrar contratos estatales a largo plazo (CfD) también con instalaciones de generación de electricidad distinta a la energía fósil que ya existen, no solo a las nuevas. Tanto España como Alemania, Luxemburgo o Portugal ven en ello una manera de subvencionar "por la puerta de atrás" las centrales nucleares francesas. "Son 12.000 millones, es un cheque", se ha negado el ministro luxemburgués, en referencia a la cantidad que recibiría la industria nuclear francesa, "un importante monopolio", además, en manos del Estado.

La ministra francesa, Agnès Pannier-Runacher, ha tenido que encajar las felicitaciones de sus colegas por su cumpleaños este lunes con las advertencias de que no darán un "cheque en blanco" a Francia en este aspecto y ha señalado que es "inaceptable" que se deje fuera de las subvenciones a instalaciones ya existentes en un debate en el que han sido también muchas las advertencias por parte de los Estados miembros de no crear competencia y desigualdad de condiciones entre los países. "No tendría sentido limitar los CfD en las inversiones porque si una parte de la inversión se coloca en el marco de los CdF, habrá muchos que no podrán captar inversiones", ha dicho.

Por otra parte, España también se niega a hacer excepciones con los niveles de CO2 que los países de la UE puede emitir a la atmósfera para permitir subvenciones al carbón como uno de los mecanismos de capacidad. Se trata de una concesión de última hora a Polonia, que también rechaza la Comisión Europea, para que pueda seguir quemando carbón para generar electricidad, hasta que tenga una mayor capacidad de generación de electricidad de origen renovable, para garantizar la "seguridad de suministro", el aspecto que más ha subrayado en su intervención la ministra polaca.

"Me preocupa la intensidad de CO2 que reflejamos en esta regulación de mercados de capacidad", ha dicho Ribera. "El mercado eléctrico para las  centrales eléctricas de carbón no debe funcionar, tiene que haber una forma para resolver este problema [de que Varsovia no pueda asegurar su suministro]", ha señalado el ministro alemán, Robert Habeck.