El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a que, si llega a la Moncloa, "eliminará" la excepción ibérica, que en el último año ha conseguido contener el precio de la electricidad y estará vigente hasta diciembre, al tiempo que unificará el descuento sobre la factura de la luz para hogares vulnerables del bono social eléctrico y el pago anual para agua caliente y calefacción del bono térmico en un único instrumento que se llamará Bono Social Único (BSU).

Estos dos elementos forman parte del capítulo de agua y energía del programa electoral del PP que Feijóo ha presentado este martes y que, en lo relativo al despliegue de energías renovables  y el "desbloqueo de concesión de permisos", plantea crear una "tasa por hito" con la que los promotores de proyectos eólicos o fotovoltaicos financie el incremento de medios adicionales que sea necesario poner en la Administración para agilizar permisos como para poder iniciar obras de construcción o terminarlas y que la planta pueda empezar a operar.

"Evitaremos las medidas excepcionales (y eliminaremos las existentes) de intervención del mercado mayorista eléctrico", promete el PP en uno de los puntos, donde no hace mención expresa al mecanismo ibérico, el tope del precio de la electricidad con que en junio del año el Gobierno cambió las reglas del funcionamiento del mercado de la electricidad para que el precio del gas natural dejara de marcar el precio del conjunto de tecnologías que se emplean para generar electricidad, a cambio de una compensación por el precio de mercado del gas.

España y Portugal obtuvieron luz verde de Bruselas para poner en marcha la excepción ibérica gracias a que son una isla energética con respecto al resto de la UE. En su programa electoral el PP rechaza esta condición apartada y afirma que "España tiene que estar en el centro del debate energético de la UE y no en la política energética que nos ha aislado regulatoriamente de las propuestas de la UE, provocando inseguridad regulatoria y restando atractivo a nuestro país como receptor de inversiones en el sector energético".

En relación con esto, en otro de los punto se compromete a "impulsar" el desarrollo de las interconexiones energéticas, "con un reparto proporcional" de su coste en base a los beneficios que las interconexiones generen a cada uno de lo dos países que unan.

Otra de las promesas electoral es unificar en un solo bono -Bono Social Único- el bono social eléctrico y el bono térmico. El primero es un descuento -de hasta el 65% en hogares vulnerables y el 85% en vulnerables severos- en la factura mensual de la luz y el segundo es un pago único anual por costes de calefacción y agua caliente. 

Los populares los sustituirán por "un pago directo al consumidor" que "sustituirá y mejorará" los dos anteriores, aunque de momento no se detalla si será mensual o anual y fuentes del partido indican que todavía hay que "desarrollar" esta herramienta.

Acelerarar el despliegue renovable

El programa electoral del PP no hace mención a uno de los compromisos que el Gobierno actual se ha dejado en el tintero por la convocatoria electoral, sobre la eventual introducción de un criterio de renta para las familias numerosas que puedan acogerse a estos bonos. A la inversa, sus promesas en materia de energía son coincidentes en bastantes puntos con el Ejecutivo actual y, por ejemplo, se compromete a hacer una zonificación a la que España está obligada por la directiva europea de energías renovables para determinar en qué zonas del país el despliegue de renovables puede ir a un ritmo más rápidos, con menos trámites.

"Mapearemos todo el territorio nacional, segmentándolo en función de las mayores o menores necesidades de evaluación ambiental incremental de cada zona", dice el documento.

El PP está en la misma línea que el Gobierno por lo que respecta al despliegue de energías renovales e incluye en su programa una propuesta orientada a "desbloquear el proceso de concesión de permisos y aprobación" de instalaciones renovables que en los últimos meses han sacudido al sector, en enero con la obligación de cumplir el plazo límite para que sus proyectos tuvieran un declaración de impacto ambiental y más recientemente con el plazo para tener licencia de obras -que el Gobierno ha prorrogado seis meses- y la demanda de que también haya una moratoria para terminar de construir más allá de los dos años que prevé la ley.

El PP propone introducir una "tasa por hito" que que deberá pagar el promotor del proyecto para financiar "el incremento de los medios necesarios para que la Administración agilice la gestión de los expedientes, evitando el colapso burocrático" que podría hacer que un proyecto supere el tiempo previsto en la ley y decaiga. Fuentes del PP explican esta "tasa por hito" persigue que "la velocidad de la Administración [en cada trámite] marcará el ritmo" del procedimiento, a la vez que "aumenta el compromiso del inversor".

Energía nuclear

El PP se muestra claramente comprometido con "impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía" y para ello se propone fomentar tecnologías que el actual Gobierno también tiene intención de impulsar, como el almacenamiento de energía renovable, el hidrógeno renovable y la biomasa, así como otras tecnologías como el biogás, el biometano o los ecocombustibles para los que el sector del gas reclama más protagonismo que de momento no percibe en el recién conocido borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno acaba de remitir a Bruselas y que estará en revisión durante un año.

En cuanto a energías no fósiles, la mayor discrepancia entre el PP y el Gobierno tiene que ver con la nuclear. El Ejecutivo mantiene el calendario de cierre progresivo de centrales nucleares entre 2027 y 2035 pactado con el sector y en su programa electoral Núñez Feijóo abre la puerta a revisarlo.

"Propondremos, con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, la extensión de la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea", dice el documento que se ha presentado este martes.

Doñana y ausencia de desaladoras

Estas propuestas figuran en un capítulo del programa electoral titulado Pacto Nacional del Agua y energía limpia y barata para todos y para siempre que, en materia de agua plantea desarrollar un "Pacto Nacional del Agua" y una "Autoridad Nacional del Agua" que actúe en todo el país, para mejorar la gobernanza, gestión e inversiones en recursos hídricos, ahorro y eficiencia en el uso del agua.

El PP promete "garantizar el recurso hídrico para regadíos", mantener las inversiones y "modernizar" las infraestructuras de depuración y reutilización y entre las que no se mencionan las desaladoras que el Gobierno fomenta para suplir con agua del mar el agua dulce en zonas del Levante.

También plantea fomentar la reutilización de agua -particularmente en los usos urbanos, como dicta la legislación europea-, restaurar cauces de ríos especialmente urbanos e incrementar "la garantía de satisfacción de las demandas", todo bajo la observación del "buen estado de todas las masas de agua" y la "adaptación al cambio climático", que hace del agua cada vez un recurso más escaso.

El PP promete impulsar "la protección de espacios naturales y la biodiversidad, especialmente de los humedales" entre los que cita expresamente el Mar Menor, Doñana y las Tablas de Daimiel.

Sin mencionar el contencioso entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta del plan andaluz de regadíos en Doñana, si Feijóo se convierte en presidente del Gobierno promete "colaborar con las comunidades autónomas" para un "uso más eficiente del agua y fertilizantes en el regadío", para controlar el efecto sobre aguas superficiales y subterráneas.