Alrededor de un millar de proyectos para construir parques fotovoltaicos y eólicos por todo el país habrían tenido que parar y empezar desde el principio farragosos trámites administrativos y ambientales que duran años sin la prórroga de seis meses para obtener licencia de obra que finalmente ha acordado este martes el Gobierno. La medida permitirá seguir vivos proyectos para instalar 43.000 megavatios de potencia, casi la misma cantidad de la que hay en estos momentos entre eólica y fotovoltaica, a los que se suman otros 13.000 Mw que ya habían obtenido autorización para empezar a construir con anterioridad y otros 10.000 en proyectos que no tienen plazos tan ajustados y que, en conjunto y sin prejuzgar el resultado final de los proyectos, duplicarían la generación de electricidad verde.

Estos datos facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica ilustran la dimensión de las consecuencias que tiene la prórroga hasta enero de 2024, seis meses más, del plazo que terminaba el próximo 25 de julio para que todos los proyectos renovables que en enero pasado obtuvieron una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva contaran con autorización administrativa para empezar las obras. También, lo que esta decisión ha evitado, puesto que alrededor de un millar de proyectos, equivalentes a una potencia instalada cercana a la que existe en la actualidad, habrían decaído, no habrían podido continuar su desarrollo y se habrían visto obligados a volver a la casilla de salida, empezando por la difícil y cada vez más cara obtención de los permisos de acceso y conexión a red.

"Parche" hasta el embudo final

El sector renovable ha recibido con sentimientos encontrados la medida. Por una parte, consideran que es positiva porque resuelve el fin del plazo previsto para julio pero por otro lo ven como un "parche", una "patada hacia delante", que posterga el próximo "gran embudo" que se creará dentro de dos años si antes de julio de 2025 no ha habido otra moratoria que se pedía ya, del último hito que dice que para entonces todos los proyectos con DIA favorable y autorización para construir ahora tengan que estar listos para empezar a producir electricidad.

En medio, pasarán dos años en los que también el Ministerio reconoce un atasco relacionado con la capacidad industrial, de ingeniería, instalación y obras española para terminar tantos proyectos al mismo tiempo. "La elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica", ha indicado el Ministerio, donde se busca es que estos trabajos los hagan empresas españolas o de la UE y no haya que recurrir a gigantes como China.

Cientos de proyectos grandes y pequeños

Según Transición Ecológica, de los alrededor de 400 proyectos mayores, de más de 50 MW, que correspondía evaluar medioambientalmente al Ministerio, bastante más de 300 no habían conseguido todavía esta autorización administrativa a un mes de que expirara el plazo. La cuenta ronda el millar si se suman los proyectos -más pequeños, de hasta 50 Mw- que correspondía evaluar a las comunidades autónomas.

En total, desde el corte de enero a cuenta de la obtención de la DIA positiva existen proyectos para construir parques renovables con una potencia instalada de 58.000 Mw con autorización previa de obras, de los cuales suman unos 15.000 los que completaron de autorización. Contando los 43.000 restantes -el 80% de fotovoltaica y el 20% de eólica- y otros 10.000 Mw en proyectos posteriores a la ley de 2020 que fijó estos plazos cerrados y que disponen de cinco años para completar los trámites a partir de la fecha en la que cada uno de ellos obtuvo permiso de conexión y acceso a la red.

Agilizar el despliegue

La medida, que promotores y asociaciones renovables venían reclamando desde hace meses, consiste en la ampliación de unos de los hitos del calendario que estableció el Gobierno en una ley de 2020 para ordenar y agilizar el proceso de autorización de miles de proyectos de energías renovables. Muchos de ellos llevaban años paralizados, con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica que, al no avanzar, bloqueaban las conexiones de otros. La solución que halló Transición Ecológica entonces fue fijar una serie de límites temporales que los proyectos deberían ir superando para no decaer, quedar sin efecto y quedar esos puntos de conexión liberados, que deberían solicitar otra vez.

Después del estrés para promotores y sobre todo administraciones que supuso el hito de enero de 2025 para que cientos de proyectos tuvieran a tiempo declaraciones de impacto ambiental, el siguiente límite temporal importante vencía el mes que viene, porque el 25 de julio todos ellos debían tener autorización administrativa para empezar a construir sus parques eólicos y fotovoltaicos. Como efecto de acumulación del cuello de botella que se produjo en enero, lo que ha sucedido es que muchas de las DIA positivas que obtuvieron entonces estaban condicionadas a que los promotores hicieran cambios -como soterrar líneas eléctricas, reducir las direcciones o cambiar la ubicación de paneles o aerogeneradores- que requirieron pasar de nuevo por un proceso de información pública. Muchos de ellos todavía no la habían terminado.

El sector llevaba meses advirtiendo de que cientos de proyectos no podrían desarrollarse por incumplir el pazo de julio. Finalmente, tras muchas reticencias y casi al final del plazo, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha terminado accediendo a dar más plazo, apenas un mes de que venza. Fuentes de Transición Ecológica defienden que ha tomado la decisión cuando ha habido oportunidad de incluirlo en una ley, en este caso, en el decreto-ley para prorrogar medidas contra la inflación.

Otra moratoria

El sector renovable ha dado la bienvenida a tener más tiempo pero la prórroga de seis meses más que ha dejado cierto aire de decepción. La consideran una "patada para adelante" que "resuelve a corto y dejan al próximo Gobierno la ordenación a medio y largo plazo" del sector renovable, comentaban tras conocer el nuevo hito.

Por una parte, se considera que "era necesario" para que puedan pervivir "muchos proyectos que habían hecho bien las cosas se podían caer" por retrasos que la propia Ribera también reconoce, debido al difícil contexto por la guerra de Ucrania. De ese modo, se mantiene el ritmo del despliegue de renovables. 

Sin embargo, la moratoria no está completa a ojos de asociaciones y promotores, que reclamaban que también se extendiera el próximo gran y último hito, el que dice que en julio de 2025, cuando tendrá que haber terminado la construcción de los parques y deberán estar listos para funcionar. "Sería ideal que se hubiera podido ampliar el plazo de puesta en marcha, pero eso quedará ya para el próximo Gobierno", dicen en el sector. Fuentes ministeriales defienden la ausencia de esta segunda prórroga porque la justificación por motivos de urgencia que sustenta un real decreto-ley no permite incluir una medida tan a demasiado largo plazo. 

Además de salvaguardar la generación de miles de megavatios de electricidad de origen renovable, de intentar contentar -en parte- al sector- y dar un respiro a la industria española, la prórroga de seis meses acordada este martes por el Gobierno supone en una parte cambiar las reglas del juego y, con ello, un riesgo de que promotores que cumplieron el plazo o que decidieron no seguir demanden por ello. Esto es algo que e Ministerio no puede descartar pero que observa convencido de que son demandas que no prosperarían.