Los ciudadanos que compren un coche eléctrico desde ahora hasta diciembre de 2025 podrán desgravarse un 15% de su valor en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) hasta un tope de 20.000 euros, según figura en una de las medidas del decreto-ley que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, donde también se incluye una prórroga de seis meses al plazo que expiraba a mitad de julio para que los proyectos de renovables que cuentan ya con una declaración positiva de impacto ambiental tramiten la autorización administrativa necesaria para empezar a construir parques eólicos o fotovoltaicos.
Estas son algunas medidas que figuran en el decreto-ley que prorroga algunas medidas que se tomaron para hacer frente a la crisis energética y el aumento de la inflación, que ha presentado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Tal y como anunció este lunes Pedro Sánchez, habrá una desgravación del 15% sobre el IRPF para quienes compren un coche eléctrico los dos próximos años y medio hasta un tope de 20.000 euros y también se incentivará fiscalmente la compra de baterías de recarga y la instalación de puntos de recarga de gran potencia, tanto de titularidad pública como privada. El objetivo, ha dicho Calviño, es "agilizar" el despliegue del vehículo eléctrico en España, donde todavía sus cifras son modestas, y "resolver la lentitud" con que algunas comunidades ha dicho que están aplicando el Programa Moves.
En el caso de la instalación de recarga de baterías para vehículos eléctricos, la desgravación también será del 15% sobre el IRPF hasta un máximo de 20.000 euros. El decreto también prevé "incentivos" sobre el Impuesto de Sociedades para promover puntos de recarga tanto privados como de acceso público. En este segundo caso, se trata de sistemas de recarga "de gran potencia", que el Ministerio de Transición Ecológica indica que son especialmente relevantes porque permiten recargar rápidamente los vehículos y contrarrestar la llamada “ansiedad de autonomía” ante la posibilidad de agotar la batería en plena ruta.
También se simplifica el proceso administrativo para estas instalaciones de recarga, ampliando desde 350 kilovatios a los 3 megavatios la potencia de aquellos que quedarán exentos de autorización administrativa.
Por otra parte, el Gobierno mantendrá hasta final de año el precio tope para la bombona de gas butano en 19,55 euros y prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y permite el traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, "para permitir su financiación sin que conlleve coste eléctrico de 2022, "para permitir su financiación sin que conlleve coste
Seis meses más para parques eólicos y renovables
Por otra parte, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha aprovechado este extenso decreto-ley para responder, al menos en parte, a la reclamación que desde hace meses venía haciéndole el sector de las renovables, para darles más plazo para tener autorización administrativa para empezar a construir parques eólicos y fotovoltaicos que en enero de este año obtuvieron una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, pero en muchos casos con la necesidad de hacer modificaciones como soterrar líneas eléctricas o reducir o cambiar la ubicación que obligaron a nuevos procesos de información pública que han retrasado el proceso, hasta el punto de no tener todavía autorización a un mes de que expire el plazo.
El Ministerio calcula que en estos momentos hay proyectos renovables por una potencia total de 43.000 megavatios -el 80% de fotovoltaica y el 20% de eólica que todavía están a la espera de una autorización para empezar a construir antes de que el 25 de julio expire el plazo que tienen para ello y después del cual decaerían y deberían iniciar toda la tramitación administrativa prevista en la ley, desde la difícil y cada vez más cara obtención de los permisos de acceso y conexión a red.
Para que esto no ocurra, Ribera finalmente les ha dado seis meses más de plazo para tener esta autorización administrativa, es decir, hasta enero de 2024 en una decisión que también reconoce las dificultades que tantos proyectos de construcción ponen a la propia industria española. "La elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica", ha indicado el Ministerio.
En una primera reacción a este nuevo plazo, fuentes del sector no han ocultado cierta decepción y lo califican de "patada para adelante". "Resuelven a corto y dejan al próximo Gobierno la ordenación a medio y largo plazo" del sector renovable, añaden.
Además, Ribera no ha escuchado las demandas del sector por lo que respecta al décimo y último hito temporal de la ley de 2020 que intentó ordenar el crecimiento de la generación de electricidad de origen renovable. Superado el plazo del 25 de julio de este año -ahora ampliado a enero de 2024-, los proyectos deberán haber terminado las obras y estar listos para empezar a operar en junio de 2025, un plazo que el sector también pedía extender.
Este martes, Transición Ecológica ha dejado claro que no será así, al menos de momento. "Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde", dice el departamento de Ribera en alusión a una fecha de origen que empezó en 2020.
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