El Gobierno tiene en su mano permitir que numerosos proyectos para construir parques eólicos y fotovoltaicos puedan continuar o se trunquen. La decisión de si levantar o bajar el dedo quedará clara en el decreto-ley que aprobará el martes que viene con la prórroga de algunas de las medidas de respuesta a la crisis energética y donde el sector renovable espera también que se incluya la decisión de ampliar el plazo que expira a finales de julio para que puedan obtener una autorización para empezar las obras. Si no, quienes no lo tengan ya no podrán continuar su desarrollo.

Además de esperar esta ampliación, el sector da por hecho que así será. De hecho, se esperaba que el Consejo de Ministros hubiera tomado la decisión el martes pasado. Si es como prevé, finalmente se aprobará el martes, dentro de un real decreto-ley "ómnibus' que incluirá medidas de muy distinto calado. 

Asociaciones y empresas de renovables llevan meses haciendo 'lobby' con el Ministerio de Transición Ecológica y reuniéndose con sus responsables para convencerles de la necesidad de ampliar los plazos. Hace unas semanas, la propia vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, reconocía sus motivos, que existe un atasco para construir parques eólicos y fotovoltaicos. "Es verdad que, como consecuencia de todo lo turbulento que fue 2022 para todos, estamos identificando, nos están haciendo llegar, dificultades en la cadena de suministros, necesidad de volver a someter a información pública los proyecto que, como consecuencia de la evaluación ambiental, vieron cómo se introducían muchas correcciones", dijo.

Ribera reconoce el atasco para construir parques renovables dentro de plazo pero se resiste aún a ampliarlo como pide el sector

Aunque de momento no ha desvelado si la habrá o no, el sector espera que esta ampliación de plazos se plasme en el decreto para extender buena parte del 'paquete anticrisis', en respuesta a la subida de la inflación y al encarecimiento de la energía, como la limitación al 2% de las subidas anuales de los alquileres, el cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales, la rebaja del IVA del 4% al 0% para alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para aceites y pastas, la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia para viajeros habituales, así como el descuento del 30% al transporte público por parte de los gobiernos autonómicos.

Junio de 2023 y de 2025

Es en medio de todo el articulado que prorrogará las distintas medidas donde consultoras, promotores y asociaciones esperan ver una doble prórroga, para estirar el plazo para obtener autorización administrativa para empezar a construir parques eólicos y fotovoltaicos que expira el 25 de julio de 2023 y la siguiente y última, el plazo para que estos puedan empezar a funcionar, que ahora está previsto en la ley para julio de 2025.

Estos plazos figuran en la ley de 2020 que estableció un calendario para ordenar y agilizar el proceso de autorización de miles de proyectos de energías renovables. Muchos de ellos llevaban años paralizados, con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica que, al no avanzar, bloqueaban las conexiones de otros. La solución que halló el Ministerio de Transición Ecológica fue fijar una serie de hitos temporales que los proyectos deberían ir superando para no decaer, quedar sin efecto y quedar esos puntos de conexión liberados.

Las estrecheces para llegar a los plazos marcados ya se vieron en enero del año pasado, cuando tanto Ministerio como comunidades se vieron superados para expedir declaraciones de impacto ambiental (DIA) positivas antes del 25 de ese mes, porque los proyectos que no la tuvieran para entonces decaerían.

Y de aquellos lodos, estos polvos. Pasaron aquel trámite proyectos como para instalar alrededor dos tercios de la potencia instalada en estos momentos, la mayoría en manos de grandes empresas. Muchos de ellos, sin embargo, no obtuvieron una DIA positiva sin más, sino que Ministerio y comunidades exigieron hacer algunas modificaciones, que en muchos casos han exigido volver abrir procesos de información pública. Según indican en el sector, a semanas y apenas días de que expire el plazo, muchos aún no los han concluido y, por tanto, mucho menos han podido conseguir una autorización administrativa para empezar a construir.

El sector no cuantifica cuántos proyectos se quedarían en la cuneta si no se da más tiempo. No hacerlo, añade, significará que los que no tengan autorización el 30 de junio para empezar a construir no la tendrán nunca y el Consejo de Ministros de este martes será la ocasión -ordinaria- para que se amplíe el plazo. Y la ocasión más apropiada es el decreto para prorrogar medidas anticrisis. Como todo decreto-ley, este entrará en vigor de forma urgente, tras su aprobación por parte del Consejo de Ministros, y después habrá un mes para que sea convalidado por el Congreso, lo que podría ocurrir incluso después de las elecciones. En este caso, por la Comisión Permanente dado que las Cortes están disueltas por unas elecciones, del 23 de julio, que a ojos del sector renovable también puede servir para que la decisión que esperan que tome el Gobierno el martes sea asumida como algo que puedan defender los partidos tanto que conforman una mayoría parlamentaria ahora como los que la formen después de los comicios.

Tras el límite del 25 de julio, más tiempo habría para abrir también la mano con el último de los diez 'hitos' de la ley de 2020, el que vence en junio de 2025, que es cuando todos los parques que en enero obtuvieron DIA positiva y después tengan autorización para empezar a construir hayan terminado las obras y estén listos para empezar a operar. Lo que se espera sin embargo es que la extensión también llegue ahora la extensión.