El adelanto electoral ha pillado por sorpresa a todo el mundo, incluido el sector de las renovables, que de repente ha visto casi truncada una importante gestión que llevaba meses haciendo ante el Ministerio de Transición Ecológica y para la que todavía se guarda una bala en la recámara, para intentar que el Gobierno acceda a ampliar el plazo previsto en la ley para que cientos de proyectos eólicos y fotovoltaicos que tuvieron autorización ambiental en enero de este año dispongan de más tiempo para tener licencia de obras y terminar la construcción de plantas que está previsto que generen el doble de la potencia instalada en estos momentos en España, alrededor de 50.000 megavatios  de electricidad verde. Con las Cortes disueltas, la opción por la que abogan es que el Gobierno apruebe antes de entrar en funciones el 23 de julio un real decreto-ley que después sea convalidado por la Comisión Permanente del Congreso. 

Hasta ahora, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no había dado un sí, aunque se había mostrado "receptiva", indican fuentes del sector de las renovables, que confía en poder tener una nueva reunión con el Ministerio la semana que viene y convencerlo de que acceda a ampliar los plazos.

Las grandes empresas copan la generación de electricidad renovable para la próxima década

La reclamación no es nueva y parte de la ley de junio de 2020 que estableció un calendario para ordenar y agilizar el proceso de autorización de miles de proyectos de energías renovables. Muchos de ellos llevaban años paralizados, con derechos de acceso y conexión a la red eléctrica que, al no avanzar, bloqueaban las conexiones de otros. La solución que halló Transición Ecológica fue fijar una serie de hitos temporales que los proyectos deberían ir superando para no decaer, quedar sin efecto y quedar esos puntos de conexión liberados.

Aunque son una decena, uno de los más importantes se cumplió el pasado 25 de enero, la fecha límite para que tuvieran una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, de los gobiernos autonómicos cuando fueran plantas de hasta 50 MW o del Ministerio, a partir de esa potencia. El proceso, que concluyó a toda prisa y con todas las administraciones saturadas, superó todas las expectativas, con cientos de proyectos que pasaron el corte de la autorización medioambiental, por una potencia instalada que podría estar entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW), que terminar siendo una realidad duplicaría la actual, 17.900 MW de fotovoltaica y 30.000 de eólica.

Plazo ajustado para construir

Pero superado el hito del 25 de enero, quedan otros dos para que todos estos proyectos vean la luz y sobre los que el sector de las renovables lleva tiempo advirtiendo. Uno fija el 25 de julio de 2023 como el momento en el que todos estos proyectos deberán tener una autorización administrativa para empezar a construirse. El otro, para julio de 2025, será el momento en que todos ellos deberán tener autorización de explotación, es decir, empezar a funcionar después de terminar de construirse.

Desde que se vio la magnitud de la empresa en enero pasado, el sector ha venido advirtiendo de que no hay capacidad ni para construir tanto en tan poco tiempo ni para tener, de nuevo, tantas licencias, de modo que pedían al Ministerio una ampliación de plazos más allá de julio de 2023 y de julio de 2025. El adelanto electoral ha hecho más urgente este compromiso. Según aducen en el sector no es porque crean que un eventual paso del Gobierno al PP fuera a modificar los planes, sino porque si no se hace ya, no será posible dar más tiempo más allá de final de julio de 2023 -dentro de un mes prácticamente- a las autorizaciones de obra.

Para ello, el sector no ve más solución que que el Gobierno aproveche el tiempo antes del 23 de julio para aprobar un real decreto-ley que modifique la ley de 2020 que fija estos plazos. Después, nada impediría que la Comisión Permanente del Congreso lo convalidara. Este es el órgano que sustituye al Pleno cuando están disueltas las Cortes, en un formato reducido que forman 68 diputados más la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, frente a los 350. Su composición se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Congreso, un día antes de reunirse por primera vez desde la disolución para cubrir la plaza vacante de Secretario Segundo de la Cámara, lo convalidara.

Este plazo antes de las elecciones del 23 de julio no es tanto porque después el Gobierno pase a estar en funciones, porque incluso así podría aprobar decretos-leyes, como porque el hito temporal para que todos los proyectos tengan autorización de obra vence a finales de junio y entonces no daría tiempo.

El grado de convencimiento en esta vía se refleja en que, según explican fuentes del sector, en estos días se han consultado a expertos en la materia para tener garantizado que se podría seguir este procedimiento. Sin embargo, como señalan otras fuentes, antes es necesario convencer de ello al Gobierno, a Ribera, que hasta ahora estaba dispuesta a escuchar esta demanda aunque no se había mostrado definitivamente a favor.

Apenas la semana pasada, antes del 28 de marzo, de sus resultados y de su consecuencia en el adelanto electoral, fuentes de Transición Ecológica se limitaban a constatar que el sector "lo estaba pidiendo" al ser preguntado por este periódico sobre si habría una ampliación de los plazos. Entre promotores y consultoras de este ámbito hace tiempo se barajaba la posibilidad de que Ribera esperara a que pasaran las elecciones del 28M para dar luz verde a estas prórrogas, pero quienes han estado en estos contactos con ella admiten que de momento no había dicho que sí. En el Ministerio estaban "receptivos" pero "no habían dicho ni cómo ni cuando" porque, entre otras cosas, el Gobierno no parecía por la labor de aprobar otro real decreto para ello.

La semana que viene el sector de las renovables hará un nuevo intento, más obligado por el hito que expira a finales de junio que viene que por un temor de que si el PP llega al Gobierno vaya a cambiar mucho la política con respecto al despliegue renovable. 

"También llevamos tiempo trabajando con el PP y ellos están a favor de la transición [ecológica] y el despliegue de renovables, ahí no va a haber un cambio drástico, quizá en alguna medida", apuntan en el sector. Según se recuerda, los tiempos han cambiado y si el PP receló de las renovables cuando estaba en el Gobierno se debía más a que en aquel momento había que impulsarlo con ayudas. Ahora es un sector "rentable", recuerdan, disipando también que un eventual Gobierno del PP tras el 23J fuera a modificar el plan trazado.

El adelanto electoral confirma la vía exprés

Lo que sí ha trastocado de forma definitiva el adelanto electoral y la disolución de las Cortes es el intento que seguían haciendo partidos a la izquierda del PSOE para derogar la vía exprés para autorización de proyectos renovables sin que fuera necesaria una evaluación de impacto ambiental.

En línea con la regulación europea, el Gobierno relajó el año pasado a lo largo de dos decretos-leyes las obligaciones ambientales que en algunos casos deben cumplir los proyectos renovables, primero eximiendo de la obligación de tener una evaluación de impacto ambiental en el caso de los de menor envergadura y después abriendo a esta posibilidad a los de cualquier tamaño que no estuvieran en zonas protegidas o en el mar, cuando los técnicos de la Administración consideran suficiente un informe de afectación ambiental que debería presentar el propio promotor.

Ribera levanta la obligación de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de eólica y fotovoltaica en zonas no protegidas

Este cambio de ley para instaurar esta vía exprés provocó mucho rechazo entre los mismos técnicos ambientales, plataformas contra la despoblación. También en el Congreso, donde el Gobierno aceptó tramitar el decreto-ley como proposición de ley y negociar enmiendas de los grupos. 

Unidas Podemos, Más Madrid, ERC, BNG o Teruel Existe presentaron las suyas para "derogar" los artículos 22 y 23 de la ley que en diciembre del año pasado había generalizado la vía exprés en un proceso legislativo que también ha decaído con la disolución de las Cortes, de modo que el decreto que eximía a ciertos proyectos de evaluación de impacto ambiental quedará así, sin modificaciones y tal y como lo aprobó el Consejo de Ministros.