Dos años y medio después, este 25 de enero se ha cumplido el plazo para que Gobierno central y comunidades autónomas desatascaran cientos de proyectos para la construcción de parques eólicos y fotovoltaicos con trámites iniciados entre 2013 y 2020. Una ley de ese año dio pistoletazo de salida a una carrera para evaluar el impacto en la que las administraciones no han acelerado hasta casi el último momento y que podría saldarse con la aprobación de proyectos de energías renovables por una potencia instalada equivalente a entre 57 y 60 gigavatios (GW), muy por encima de los 46 GW que quedan para cumplir el objetivo del Plan Nacional del Clima: generar hasta 89 GW de electricidad con energía eólica y solar en 2030.

Para ese año, el Gobierno prevé contar con una potencia instalada eléctrica equivalente a 161 gigavatios (GW), de los que 50 GW serían de eólica y 39, de fotovoltaica. El año 2022 cerró con 28 GW de potencia instalada de eólica, de modo que quedarían 28 para el objetivo de 2030, y con 39 GW de fotovoltaica, a 15 GW de la meta. Según los datos aproximados que maneja el sector, los proyectos que hasta este miércoles estaban en el aire y debían tramitarse antes de este 25 de enero para que sus promotores no perdieran la conexión de acceso a la red eran equivalentes a una potencia instalada -es decir, la capacidad de generar electricidad- de 80 GW y de ellos habrían conseguido la declaración de impacto ambiental a tiempo los correspondientes a entre 57 y 60 GW.

Los cálculos aproximados solo de eólica que existen de momento indican que del total de proyectos por una potencia instalada de 19 GW, ahora habrían obtenido una declaración de impacto ambiental los equivalentes a 10,5 GW, que suponen un tercio de los que había instalados a cierre de 2022, 28 GW. Decaería el resto, equivalentes a unos 9,5 GW. Fuentes del sector calculan que del total que han llegado al plazo previsto, solo el 10% tendría una declaración de impacto negativa. El resto, el 90%, sería positiva, es decir, podrían continuar a la fase de construcción.

Carrera contrarreloj

A falta de que las distintas administraciones confirmen estas cifras, esto supondría superar con creces del objetivo de generación eléctrica con energías fotovoltaica y eólica para 2030 siete años antes y sería la consecuencia del final de la carrera contrarreloj que desde hace dos años y sobre todo en los últimos meses han hecho las comunidades y el gobierno por evaluar cuantos más proyectos de renovables fuera posible. "Se han pegado una paliza", afirman desde una de las asociaciones del sector de las renovables.

Este proceso de autorización administrativa tiene su origen en una ley de junio 2020 por la que el Gobierno quiso hacer una especie de borrón y cuenta nueva  en la tramitación de proyectos de renovables y desatascar el cuello de botella en el que estaban cientos de proyecto de eólica y fotovoltaica que desde 2013 ya tenían el primer paso, el permiso de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, y esperaban sin un plazo fijo que la administración diera el siguiente y emitiera una declaración de impacto ambiental (DIA), además de estar absorbiendo capacidad de evacuación a la red con ese acceso que seguía sin materializarse en un parque de renovables. Si la DIA era positiva, les permitirá empezará a construir los parques. El Ministerio de Transición Ecológica debería tramitar los proyectos más grandes, de más de 50 megavatios (MW) de potencia instalada, y las comunidades harían lo propio con los de menos de 50 MW.

Ribera levanta la obligación de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de eólica y fotovoltaica en zonas no protegidas

Primero se puso un plazo límite de marzo de 2022 que después la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, accedió a ampliar hasta el 25 de enero de 2023 por petición de las comunidades, porque tenían muchos expedientes que tramitar y poco personal para ello. Ribera advirtió de que no habría más prórrogas y tanto el Ministerio como los gobiernos regionales han acelerado en los últimos meses, con el refuerzo de plantillas para poder llegar a la fecha límite de este miércoles en la mejor posición en lo que se ha convertido inevitablemente en una competición por no quedar mal en la foto final. Así, el Ministerio ha contratado a 75 personas, Aragón a 5 o Galicia a 120, según indica la Xunta.

En el mismo día en que expiraba el plazo, algunas administraciones hace días que terminaron las tramitaciones y otras ha estado reunidas hasta el último minuto para expedir más declaraciones de impacto, en un proceso que concita apoyos en el sector de las renovables y críticas y dudas entre las administraciones autonómicas. El sector ve con buenos ojos que el Ministerio fijara una fecha límite para poner al día cientos de expedientes que permanecían sin declaración de impacto para poder pasar a la siguiente fase, de construcción de los parques eólicos o fotovoltaicos. Aún así, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y APPA Renovables mostraban este miércoles su "preocupación" por que cientos de proyectos viables decaigan por no haber obtenido a tiempo la declaración de impacto.

Por otra, comunidades como Extremadura o la Comunidad de Madrid, con mucha y menos experiencia, han puesto en duda la conveniencia de "apretar" tanto en la declaración de impacto, cuando los cuellos de botella se producen también en otras fases. En unas recientes jornadas organizadas por la Unión Fotovoltaica (UNEF) el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Mariano González, pidió un sistema distinto al de los hitos como el del 25 de enero para no "cargar demasiado" en declaraciones de impacto sin tener en cuenta que comunidades como la de Madrid no tenían la misma experiencia que otras más habituadas, como Extremadura o Castilla-La Mancha. Aún así, el viceconsejero madrileño aseguró que ya se habían examinado todos los expedientes, del mismo modo que este mismo miércoles la Junta de Andalucía aseguraba este miércoles haber "cumplido el hito" del 25 de enero pero hasta dentro de unos días no se darán datos concretos de declaraciones de impacto tramitadas.

Cientos de declaraciones de impacto

La Junta de Extremadura fue la primera en terminar y a fecha del 31 de diciembre ya tenían resueltos todos sus hitos y habían empezado a trabajar en los del año 2023. Asturias también llegó al cierre del plazo con los cinco proyectos de parques eólicos pendientes tramitados y con declaración de impacto positiva. Son en total 21 aerogeneradores con una potencia instalada global de 98 megavatios. Aragón ha tramitado también el 100% de los expedientes autonómicos -parques menores de 50 MW-, y ha dado luz verde a 430 parques fotovoltaicos y 124 eólicos, mientras que otros 102 fotovoltaicos y otros 16 eólicos en esta comunidad debían ser analizados por el Ministerio.

Según ha asegurado este miércoles Ribera, Transición Ecológica ha evaluado 201 proyectos de más de 50 MW, de los cuales 170 han obtenido la autorización favorable y 22 han sido rechazados. Otros 9 se han archivado o cerrado. La Xunta de Galicia ha logrado resolver en plazo 120 parques eólicos de los 140 proyectos que esperaban declaración de impacto. Han sido favorables 77 y 43 desfavorables, mientras que los promotores de los 20 parques restantes perderán su permiso de conexión a la red eléctrica por no haber sido tramitados a tiempo, tal y como indica la ley, aunque podrán recurrir.

Castilla-La Mancha anunciaba un día antes que había realizado declaraciones de impacto ambiental a 106 instalaciones que suman una potencia de 4.750 megavatios. Murcia, por su parte, seguía este miércoles tramitando permisos. De 39 proyectos de renovables que tenía sobre la mesa, ya habían sido evaluados 27 y 12 estaban pendientes.

En la Comunitat Valenciana este miércoles han vuelto a reunirse las consellerías implicadas para dar una cifra definitiva 61 proyectos con declaración de impacto positivo, que está  previsto que produzcan 1.356  MW de electricidad, equivalente al consumo anual de 678.000 hogares, según ha informado el Consell. Los tramitados favorablemente suponen algo más del 50% de los 107 que estaban pendientes de este trámite. De esos 46, 31 han tenido una evaluación desfavorable y en otros 15 han desistido las empresas.   

En Cataluña, fuentes de la Generalitat han asegurado a EFE que de los 101 proyectos que salieron a información pública a partir de 2021, un total de 84, que suman 1.739 MW de potencia instalada, han obtenido respuesta a la DIA solicitada -en su gran mayoría favorable o condicionada-, mientras que los 17 restantes (con una capacidad conjunta de 542 MW) no realizaron el trámite a tiempo y decaerán.