La aparición de un floreciente mercado de reventa de los permisos de acceso y conexión a la red de la electricidad que se genera en parques eólicos o fotovoltaicos está dando lugar a la comercialización de autorizaciones que en principio solo requirieron un aval por hasta tres veces más de su valor. De 40.000 euros por megavatio depositados como fianza por los desarrolladores de proyectos de renovables hasta los 150.000-160.000 euros que grandes empresas y fondos de inversión están pagando por hacerse con planes que hayan pasado todos los trámites administrativos y que estén listos para construir. La práctica es legal pero es observada con "sospechas de especulación" tanto desde el Gobierno como desde el sector, donde se denuncia que estos elevados precios animan un mercado secundario que acapara el acceso a la red y que deja de nuevo la generación de electricidad en manos de unos pocos mientras expulsa del mercado a los pequeños productores y al autoconsumo, degenerando en la práctica el nuevo modelo energético que suponía la llegada de las renovables.

El apetito de empresas nacionales pero particularmente internacionales por invertir en renovables en España -donde con la misma inversión se puede tener más energía solar que en Alemania, por ejemplo- ha exacerbado un mercado de compra-venta en el que la mercancía son los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, es decir, el permiso para que la electricidad que se genera en una instalación eólica o energía solar pueda volcarse a la red.

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Sobre el papel, los requisitos que marca la ley no lo convierten en algo caro. Para poder solicitar un permiso de acceso y conexión basta tener un aval de 40 euros por kilovatio de potencia que se planee instalar -40.000 por megavatio- y una opción de compra del terreno donde se instalarán las placas o los aerogeneradores. La concesión se otorga por orden de petición y siempre que haya capacidad de red, es decir, que en las infraestructuras eléctricas estatales que gestionan las grandes compañías eléctricas haya espacio para el vertido de la electricidad que se genere, todo o en parte si también sirve para el autoconsumo.

A partir de ahí empiezan una serie de pasos -hasta una decena-, de trámites y permisos administrativos, en los que sigue trabajando el "desarrollador" del proyecto, que después vende por hasta dos y tres veces el valor del aval que depositó cuando la planta solar o fotovoltaica está lista para poder empezar a ser construida. "De 130.000 a 160.000 [por megavatio] es lo que se está viendo", coinciden en el sector sobre un mercado del que Red Eléctrica Española (REE) rehusó hacer comentarios.

Pagar por años de trámites

Así pues, una gran empresa con prisa y sin ganas de pasar años en los trámites administrativos puede pagar 400.000, 600.000 o un millón de euros por poder construir un parque de renovables en solo un año. No así quien quiera tener una instalación de autoconsumo, que requiere una potencia de menos de un megavatio y por lo que debería pagar alrededor de 130.000 euros para tener un acceso a la red eléctrica que no haya logrado 'por orden de llegada' en un sector en el que las eléctricas suele colgar el cartel de que no es posible otorgar más permisos de conexión. O la explotación agrícola o la fábrica que quiere producir la electricidad que consume pero que para poder verted a la red el excedente debe pagar del orden de 150.000 euros por cada uno de los dos o tres megavatios de potencia que precisa en total.

"En realidad, es un beneficio mucho mayor de 40.000 a 150.000 euros", precisa el experto en energía renovable Jorge Morales, que apunta que los 40.000 euros que deposita el desarrollador al principio del proceso no es un pago, sino una garantía que solo se ejecuta si el proyecto no se materializa. Pero en este mercado secundario no ocurre, lo hace una segunda empresa, que paga un precio muy superior. "Cuesta cero, no 40.000 [el megavatio]", indica. Se lamenta de que "un papel para una autorización administrativa no debería tener el valor que tiene y lo tiene por el tiempo que se tarda en conseguir".

"Un parque solar, por grande que sea, se tarda en construir meses o un año y en autorizaciones es fácil tardar cinco años. Cuando llega un inversor a España puede esperar cinco años sin ninguna garantía o comprar un parque que las tenga". Es entonces cuando se produce la transacción entre los desarrolladores -que a partir de obtener el permiso de conexión han ido pasando todos los pasos administrativos- y grandes empresas o fondos de inversión, que recogen estos proyectos "ready to be", listos para empezar a construir. 

Morales y el presidente de la Asociación de Instaladores Fotovoltaico (Aifoc), Pedro Gil, llaman "especuladores" a estas empresas desarrolladoras, por hinchar el valor de un aval que ni siquiera pagan. Gil admite que no se puede impedir esta actividad comercial, pero plantea que por ejemplo, se debería fijar un gravamen si el proyecto termina desarrollándolo no el desarrollador sino "un tercero". 

Aifoc defiende que en el sector deben convivir los grandes proyectos con los pequeños, porque ambos son "compatibles" para llevar adelante la transición ecológica, pero denuncia que con el sistema actual la pequeña producción y el autoconsumo quedan muy debilitados. "No es que no se esté haciendo autoconsumo, pero se podría hacer mucho más", dice Gil, que se ha dirigido por carta a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para reclamar que, en lugar de por orden de petición, los permisos de de conexión y acceso a la red se otorguen discriminando por el tamaño de los proyectos, que se establezcan franjas de potencia -de menos de 100 kilovatios, de 100 kw a 500 (5 megavatios) y de más de 5 Mw- para que todo tipo de instalaciones puedan acceder de forma "más equitativa".

Evitar la especulación

En el sector también hay defensores la actividad de empresas que generan valor de los permisos de acceso y conexión a red precisamente por encargarse de todos los largos y "tediosos" trámites previos, de autorizaciones administrativas o evaluaciones de impacto ambiental. "Ahora los desarrolladores están teniendo un peso mayor porque están demostrando que saben hacer este proceso, que es bastante tedioso, con la Administración", afirma Andrés Cardona, director adjunto de la correduría de seguros Viafina, especializada en el sector renovable, también en avales para obtener el acceso al punto de conexión. Según explica, "la fórmula habitual" es que estos desarrolladores tramiten la solicitud del permiso de conexión, todos los trámites administrativos hasta que queda listo para construir, con declaración de impacto ambiental o licencia de obras, listo para meter la maquinaria".

Para intentar contener este mercadeo o al menos ahuyentar de él a los especuladores, el Ministerio de Transición Ecológica intentó asegurar en una ley de 2020 que todos los proyectos para los que sus promotores habían pedido y obtenido permisos de conexión se materializarían. Es la norma que fijó el famoso hito del pasado 25 de enero, el día en que todos los proyectos existentes desde 2017 debían contar con evaluación de impacto ambiental positiva porque de lo contrario decaerían y se ejecutarían los avales. Antes y después de esta fecha, los proyectos han pasado y seguirán pasando por otros trámites que también quedan pautados por ley hasta poder empezar la consturcción.

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"En España había muchos proyectos que teníamos muchas sospechas que de no eran proyectos reales, que eran mas para especular con los permisos", dicen desde el Ministerio, que defienden además que fijar plazos en los que los proyectos deben ir alcanzando los distintos hitos administrativos debe contribuir a generar confianza de la sociedad en las energías renovables, garantizando que solo se construirán parques que sean realmente viables, también desde el punto de vista medioambiental.

En el sector se considera que la obligación de que los proyectos vayan cumpliendo los hitos la especulación y que determinados promotores acaparen durante años y años permisos de acceso y conexión a las redes de los que, de esta manera, no pueden disponer otros proyectos, generalmente más pequeños, que, de nuevo tienen más dificultades para acceder a un mercado secundario donde el aval de 40.000 euros por megavatio pasa a costar 130.000 euros. En todo caso, Morales afirma que lo que terminará con este sobre coste realmente será cambiar un proceso administrativo que se eterniza, algo que choca con los recelos entre población donde se ubican y asociaciones conservacionistas por acortarlo. "La mejor forma de poner coto a la especulación es reducir los plazos administrativos, pero la Administración tiene los recursos que tiene", dice.

El acaparamiento del acceso a la red eléctrica no termina del todo con la ley de 2020, dicen en Aifoc, que apuntan a que por ejemplo ahora los proyectos que no obtuvieron la declaración de impacto a tiempo el 25 de enero podrían recurrir ante los tribunales la ejecución del aval. De momento no se está percibiendo mucha "litigiosidad" por este motivo, pero de ser así el proceso judicial podrían mantener bloqueados los permisos de acceso y conexión durante los años que dure.