Un año después de que la crisis energética empezara a dar las primeras señales, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que todas las medidas que se han tomado hasta ahora para abaratar el precio de la electricidad no bastan y ha decidido dar un paso más que consiste en acelerar la implantación de renovables, hasta el punto de levantar durante un año los controles y trámites por los que a día de hoy tienen que pasar los proyectos para ser aprobados. La propuesta, sobre la que los ministros europeos de Energía tratarán de llegar a un acuerdo en su reunión del 24 de noviembre, supone reducir los plazos para hacer alegaciones o estudios de impacto medioambiental tan al mínimo que los expertos en esta materia advierten de que no son "realistas". Los defensores de la España vaciada contra la proliferación sin control de megaproyectos en las zonas más despobladas advierten de que este reglamento será un verdadero Caballo de Troya para la entrada, todavía más, de los fondos de inversión extranjeros en el sector.

Lo que propone la Comisión Europea a los gobiernos de la UE es que durante un año los proyectos para instalar placas fotovoltaicas en el espacio urbano, para ampliar parques eólicos o fotovoltaicos o para instalar bombas de frío y calor tengan de forma automática la consideración de proyectos de "interés social" que, por tanto, estarán por encima de cualquier otro interés "individual", como podría ser, por ejemplo, el de los vecinos de un determinado municipio o el de empresas que, como ya ocurre en algunas ocasiones, se ven perjudicadas por la instalación de un proyecto renovable en la parcela de al lado. Este periodo de 12 meses se debe a que es el tiempo que la Comisión calcula que se terminará de aprobar la directiva de Renovables, que de carácter más general bajará las compuertas de los controles y evaluaciones previos. 

Si los ministros de Energía dan luz verde en el Consejo del 24 de noviembre, se pondrá en marcha una estrategia limitada en el tiempo para intensificar la instalación de energía renovable, con la que la UE quiere también sustituir el combustible fósil, para no emitir más emisiones de CO2 que las que pueda absorber en 2050  cumplir así unos objetivos que la UE se han comprometido a ampliar en varias ocasiones. La última, este mismo martes en la Cumbre del Clima de Sharm El-Sheikh, donde uno de los vicepresidentes de la Comisión, Franz Timmermans, ha elevado el compromiso del 55% pactado hace unos meses al 57% para 2030.

Interés social prioritario

Para lograrlo, Bruselas plantea ahora bajar las barreras administrativas que actualmente alargan el proceso de autorización de los proyecto de renovables. Si la propuesta de reglamento tiene luz verde, se introducirá la "presunción de que los proyectos de energía renovable son de interés social prioritario para efectos de la legislación medioambiental", debido a que plantas de energía renovable, bombas de calor y energía eólica son "cruciales para luchar contra el cambio climático" y para reducir la dependencia en la UE de los combustibles fósiles. Darles esta consideración supondrá que los proyectos nuevos se beneficien de "una evaluación simplificada"  y plantea derogaciones de las normas sobre evaluaciones de impacto para instalar paneles solares en los tejados de los edificios, parkings y a lo largo de infraestructuras de transporte y en instalaciones de menos de 50kw. En estos casos, todo el proceso de autorización deberán durar como mucho un mes y trascurrido este tiempo el silencio administrativo será equivalente a una administración.

En el caso de la ampliación de parques solares o eólicos, la propuesta de Bruselas plantea que solo sean necesarios los trámites y evaluaciones para la parte nueva y no para toda la instalación. En este caso, el proceso de autorización no excederá en seis meses, incluido el informe de evaluación ambienta cuando sea necesario por ley.

Días antes de el Consejo de Energía en el que deberá dar su parecer, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, considera que al Gobierno le parece "razonable" el acortamiento de los tiempos en estos supuestos concretos -cuando se trate de pequeñas instalaciones en el ámbito urbano y otras zonas de baja afectación y de ampliar parques ya existentes-, aunque no se mostró tan conforme con lo que se plantea en un debate más a largo plazo, para derribar barreras de forma más general. 

"Hay que estudiarlo en detalle pero nos parece razonable", dijo Ribera sobre áreas en las que considera que es posible una "tramitación muy ligera". Distinto será el debate, que sin buscar ya un acuerdo se planteará ya también en la UE, sobre aplicar el mismo procedimiento a las nuevas plantas, con las implicaciones y "preocupaciones" que esta cuestión supone en las zonas afectadas, que suelen ser las más afectadas por la despoblación. "Está claro que las renovables siguen siendo la mejor solución y no se trata de un debate de todo o nada, hay veces que se generan preocupaciones en las comunidades locales, que son muy legítimas", dijo Ribera.

Ni realista ni aconsejable

La preocupación no solo viene de los territorios potencialmente afectados, también de los técnicos que hacen los informes de impacto ambiental. Los primeros ven con incomprensión e indignación cómo la regulación europea terminará con las consultas públicas y las alegaciones y dará paso libre a proyectos que con estos reaseguros quizá no verían la luz por ser considerados inviables. Los segundos, parten de la base de que los plazos de uno y seis meses para acelerar su implantación "no son realistas" si se tiene en cuenta lo que ocurre hoy en España.

"Con las condiciones actuales de la Administración, donde hay demasiada burocracia y pocos medios, tanto humanos como materiales" no lo es, dice el presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Íñigo Sobrini, que insiste en que el problema, no solo de estos estudios de impacto sino de todos los trámites, se resolvería poniendo más medios humanos y materiales para reducir los dos o tres años que se tarda en obtener la luz verde en lugar de rebajar las exigencias.

"Somos muy escépticos sobre los métodos que se sacan los políticos de la chistera para reducir los plazos, porque no suelen ser viables. La normativa exige plazos mucho menores a los actuales y no se cumplen ¿Por qué hemos de pensar que estos nuevos plazos reducidos de los nuevos procedimientos de autorización exprés sí se van a cumplir?", se pregunta Sobrini, que reclama medios humanos y materiales en la Administración "suficientes para cumplir dichos plazos".

Además de los estudios de impacto ambiental, la autorización de los proyectos de renovables son una "auténtica carrera de obstáculos" con elementos tan valiosos para la sociedad civil, plataformas conservacionistas y áreas afectadas como los procesos de consulta pública o de presentación de alegaciones. Actualmente, en España las partes interesadas disponen de un mes para presentarlas, que es precisamente el tiempo en el que la Comisión quiere tener cerrada la autorización de los proyectos urbanos y más pequeños.

"Cuando alegamos es porque vemos irregularidades o cosas que están mal planteadas, damos más información al técnico del Ministerio de Transición Ecológica o de las comunidades para que cuando tengan que valora si el proyecto es correcto o no tenga toda la información", apuntan fuentes del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que por extensión está centrado en denunciar abusos por todas las zonas despobladas, donde se instalan los grandes parques eólicos y de solares, en muchas ocasiones de la mano de fondos extranjeros de inversión, a quienes creen que beneficiará particularmente los nuevos plazos que plantea ahora la Comisión.

El motivo es que por una parte creen que el plazo de alegaciones no es motivo para culpar a este trámite del rechazo y porque estas gestiones permiten frenar proyectos que no son viables y que sin ellos sí seguirán adelante. Hace unos meses, Ribera ya trató de eliminar la consulta a partes interesadas en una autorización exprés de proyectos de renovables que finalmente sacó del primer decreto de medidas económicas por la guerra en Ucrania para no perder el voto a favor de Teruel Existe.

Ahora, en esta formación temen que la legislación europea lo permita finalmente y que los fondos y los grandes promotores puedan campar a sus anchas por las zonas con menos población.. "Una alegación es importante información para plantear irregularidades o información con lo que hay en un terreno", insisten desde el Movimiento ciudadano, que adelanta denuncias ante los tribunales. "Si no hay proceso público ni alegaciones, se salta toda la cadena de leyes desde la Constitución y la seguridad de que proyectos es nula".