España arrastra desde hace una década una penosa herencia, en forma de demandas de inversores extranjeros en energías renovables, que no logra frenar y en la que se juega tener que pagar hasta 10.000 millones en indemnizaciones. El origen es la ley que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2013 para imponer el pago de cargos y peajes a los proyectos de autoconsumo -el que se denominó 'impuesto al sol'- que también incluyó una rebaja de la rentabilidad que habían previsto numerosas compañías que se habían lanzado a crear miles proyectos de renovables en España. Esto provocó un aluvión de demandas que el actual Gobierno no logró frenar en 2019 con una ley para intentar compensarles ni, según pasan los años, en los tribunales internacionales. La última condena llegó el pasado miércoles y obliga a España a pagar 24,5 millones de euros más el 60% de los costes e intereses a la empresa británica Infracapital Solar.

Este es el último litigio que ha perdido España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, especializado en el arreglo de diferencias entre Estados e inversionistas extranjeros y la instancia a la que fueron a parar la mayoría del más de medio centenar de demandas que inversores extranjeros interpusieron contra España por el cambio legal que en 2013 redujo sus expectativas financieras cuando invirtieron en proyectos de renovables. 

Hasta ahora, el CIADI ha tramitado o sigue tramitando 40 casos contra España por este motivo, de los que 16 han terminado y 24 quedan todavía pendientes. Veintitrés, si se descuenta la última condena, al pago de una indemnización de 24,5 millones en un proceso que ha contado con asesoría legal también desde España, desde la oficina en Madrid del bufete Allen & Overy. También hay letrados españoles en otros casos, como el todavía pendiente de la empresa alemana WOC Photovoltaik asesorada por Claros Abogados. En otro de los litigios, planteado por la japonesa Itochu Corporation, está involucrado hasta un exministro de Asuntos Exteriores de Portugal, André Gonçalves, hoy socio de Cuatrecasas.

Los 24,5 millones para Infracapital Solar es la última cantidad que adeuda España en un cúmulo de pleitos internacionales en los que el Gobierno llegó a calcular que se arriesgaría a pagar hasta 10.000 millones de euros. Antes que este caso, a lo largo de los años, el CIADI y otras cortes también se han decantado a favor de los demandantes y en contra de España. Por ejemplo, en 2018 esta misma instancia determinó que España tenía que pagar 64,5 millones a un fondo de Abu Dabi y 48 millones, más costas e intereses millonarios, a la danesa Athena Investments.

En los últimos años, algunas compañías decidieron retirar sus demandas y acogerse a una rentabilidad ventajosa del 7,39% hasta 2031 que les ofreció el recién llegado Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 como una forma de compensar la caída de sus retribuciones de la ley de 2013. Mientras que en el Ejecutivo afirman que esta norma "frenó radicalmente" las demandas, fuentes jurídicas afirman que no fue más que "un parche" que empresas como Infracapital, la última en ver reconocida su compensación, consideraron insuficiente. Por otra parte, la realidad es que las indemnizaciones que finalmente impone el CIADI en los pleitos que siguen vivos suelen distar bastante de las pretensiones de los demandantes. "Hay veces que se piden 100 millones y se consiguen 50", dicen en otro despacho que ha asesorado casos contra España por las inversiones en renovables.

De 10.000 a 1.500 millones

Por estos dos motivos, los cálculos en el Gobierno son que esos 10.000 millones de euros en indemnizaciones que se temieron en un principio podrían quedar reducidos al 15%, es decir, a 1.500 millones, una cifra que un abogado experto en Derecho Internacional, asesor de alguno de los casos pendientes y que pide anonimato, califica de "propaganda de Gobierno" para hacer ver que los procesos van mejor de lo que realmente van. Sí admite que "es normal" que la indemnización que fijan estos laudos son inferiores a las reclamaciones iniciales pero la cuestión, añade, es saber "cuántas veces van a condenar a España y se van a pedir  indemnizaciones". 

La existencia de estos pleitos a escala internacional es algo que resurge de forma intermitente, cuando hay una condena o cuando es motivo de  refriega política, como ocurre últimamente entre la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y el PP a cuenta de quién hizo más por desplegar las renovables. Esto es algo que se atribuyen los populares últimamente, alegando que la mayoría de la potencia instalada de los últimos años viene de subastas de renovables organizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Frente a ello, Ribera y el PSOE han afeado al PP tener que hacer ahora frente a contenciosos millonarios con empresas extranjeras debido al "hachazo" a las renovables por una ley popular. "Éramos unos apestados en el mundo internacional de inversión en energías renovables y estábamos en el top tres de los países con más demandas ante la CIADI", espetó Ribera hace unas semanas en el Congreso al diputado del PP Guillermo Mariscal.

Estos contenciosos por la defensa de las inversiones internacionales no tienen en cuenta de qué signo político es el gobierno de un país infractor ni si uno u otro modifica la ley, tal y como señala un experto en Derecho Internacional. Independientemente de las circunstancias políticas del momento, es algo que compete al Estado y en el caso de España es la Abogacía General del Estado la que lleva las riendas de la defensa de los intereses españoles.

España se resiste a pagar

A pesar de que se suceden las condenas, España todavía no ha desembolsado ni un euro, como subraya el propio Gobierno. "Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar", subrayan en el Ministerio de Transición Ecológica. El motivo que esgrime la Abogacía del Estado es que estos pagos pueden ser contrarios al Derecho de la UE, porque pueden ser considerados ayudas de Estado, que deben ser aprobadas por la Comisión Europea. Así, cada vez que España es condenada al pago de una multa, se lo comunica a Bruselas y espera a que se pronuncie, algo que todavía no ha ocurrido. 

Estos argumentos tampoco suelen convencer al tribunal del CIADI. En su última resolución sobre el caso Infracapital rechazó esta objeción española relativa a la legislación europea en materia de ayudas de Estado y determinó que España había incumplido el estándar de Trato Justo y Equitativo porque la ley de 2019, que ofrecía blindar durante doce años una rentabilidad del 7,34, no proporcionó a las instalaciones de energía renovable de Infracapital un "rendimiento razonable".

Además, la negativa del Gobierno a desembolsar las indemnizaciones  ha provocado situaciones tan kafkianas como que el mes pasado el Tribunal Superior de Londres dictara tres órdenes de pago que podrían llevar a embargar la sede londinense del Instituto Cervantes y congelar sus cuentas, así como la oficina comercial de la Generalitat catalana en la capital británica como garantía de ejecución de la multa que se le impuso a España en la demanda de 120 millones de inversores de Luxemburgo y Alemania por el mismo motivo.

"España se está situando en rebeldía internacional en términos del Derecho Público Internacional y no está cumpliendo con los laudos confirmados que le condenan a pagar a inversores extranjeros", denuncia un abogado que asesora a varias empresas en el CIADI. "Significa que España se está convirtiendo en un Estado que no cumple laudos internacionales al nivel de Venezuela y de lo que pasó en Argentina", que añade que han terminado pagando sus laudos. 

Sin embargo, no todo el mundo piensa así. El mes pasado, coincidiendo con la provisión para embargar el Instituto Cervantes en Londres, un tribunal de Washington rechazó por primera vez la solicitud de ejecución del laudo de  26,5 millones a las dos compañías holandesas al considerar que, como alega la Abogacía del Estado, España carecía de capacidad jurídica para aceptar el arbitraje con arreglo a la legislación de la Unión Europea.