Los países de la UE se disponen a acelerar todavía más el despliegue de energías renovables en sus territorios en virtud de la directiva que los gobiernos europeos y la Eurocámara terminaron de negociar en la madrugada del jueves y que contempla la obligación de crear zonas prioritarias en las que no exista riesgo medioambiental para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos mediante un sistema 'expres' que deberá contar con todas las autorizaciones en como máximo doce meses. De lo contrario, la ley comunitaria reconoce el silencio administrativo positivo y esos proyectos tendrán luz verde automática cuando transcurran esos doce meses. En España, por tanto, el Gobierno y las comunidades autónomas deberán acotar definitivamente zonas prioritarias.

En concreto, el acuerdo establece un plazo máximo de autorización administrativa de 12 meses para los proyectos de renovables que vayan a ubicarse en las denominadas "zonas de aceleración de renovables", en las que se determine que no hay existencias medioambientales que necesiten protección. Fuera de ellas, el plazo se podrá alargar hasta los 24 meses.

"Un proceso hoy para la construcción de un parque puede durar de cinco a siete años, es muy largo", explicó este jueves en rueda de prensa desde Bruselas el ponente del Parlamento Europeo, el conservador alemán Markus Pieper, después de una negociación con el Consejo de la UE que se prolongó durante 14 horas y abarcó toda la noche. 

"Si al final de 12 meses los proyectos no son autorizados por los Estados miembros, se consideran automáticamente autorizados", afirmó, dando carta de naturaleza al silencio administrativo positivo para dar luz verde a proyectos que en España deben contar con una declaración de impacto ambiental positiva o al menos de un estudio de afectación ambiental elaborado por el promotor si los técnicos de la Administración lo consideran suficiente.

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Para ello, los países de la UE deberán proceder a una planificación territorial en la que hasta ahora era una petición, pero que a partir de ahora será obligatoria como parte de la mayor rapidez que la UE quiere conferir a la autorización de parques eólicos y fotovoltaicos. 

Allí donde se ubique una zona de aceleración de renovables el procedimiento deberá tardar la mitad de lo estipulado cuando se ubique fuera de ella, al considerar que no hay condicionantes medioambientales según lo acordado dentro de la directiva de Energías Renovables, donde la UE ha elevado los objetivos para producir energía con ellas, que en 2030 pasa del 32% al 42,5% del consumo final de energía en cada país, aunque se insta a los gobiernos a que intenten llegar al 45%.

Para que esto sea posible, la UE considera que es necesario facilitar el despliegue identificando zonas de bajo impacto ambiental. "En esas zonas los permisos van más rápido", explican fuentes comunitarias, que añaden que para que un área tenga esa consideración deberán darse dos requisitos, que haya "recurso renovable" -es decir, viento o sol en el caso de la eólica o la fotovoltaica- y "poca afectación" medioambiental.

Zonas orientativas

Trasladado a España, la nueva directiva supone que el Gobierno y las comunidades autónomas deberán acotar definitivamente zonas prioritarias. El Gobierno insiste en que es competencia autonómica y los gobiernos regionales se han resistido a proceder a una delimitación que puede chocar con plataformas conservacionistas o defensoras de la España despoblada, cada vez más en auge.

De momento, el Ministerio de Transición Ecológica no precisa cuáles serán los paso a seguir después. "El Ministerio está estudiando la normativa europea", se limitan a señalar fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que esta mañana ha saludado el acuerdo sobre la directiva de Energías Renovables que, en otro aspecto, se ha zafado de las "presiones" para permitir que países como Francia cumplan su objetivo de renovables con energía nuclear.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el PSOE se referían hace unas semanas en el Congreso sobre estas "zonas propicias específicas para las energías renovables" ante grupos que reprocharon al Gobierno el procedimiento exprés que se aprobó en diciembre para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos y que no se puede aplicar en zonas dentro de la Red Natura o en espacios naturales protegidos definidos en la Ley el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el mar. En ausencia de una zonificación que el Ministerio insiste en que tiene que hacer comunidad autónoma, el departamento de Ribera tiene en cuenta otra "orientativa" que, según apuntan en Bruselas, supone tener parte del trabajo hecho pero que no será suficiente para cumplir a nivel nacional la directiva de Energías Renovables que acaban de pactar el Consejo y Parlamento Europeo.

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"Usted sabe que hay unos planos, unos mapas de zonificación que da el Ministerio que orientan hacia zonas de baja sensibilidad ambiental, pero que después es competencia de otras administraciones de las comunidades autónomas la ordenación del territorio para concretar las zonas donde se pueden o no implantar estos proyectos", apuntó la portavoz socialista en la portavoz de Transición Ecológica del Congreso, Eva Bueno, al portavoz de Unidas Podemos, Juan López de Uralde. 

"En el ánimo de poder ayudar como guía, teniendo en cuenta esa premisa de que la competencia en materia de planificación no es del Estado, se elaboró el mapa indicativo de zonas más o menos sensibles", apuntó el secretario de Estado. 

Según explicó Morán, objetivos de esta zonificación más o menos oficiosa que ahora España tendrá que oficializar son "encaminar" a las administraciones territoriales y a posibles promotores de proyectos renovables hacia territorios con menores afecciones ambientales identificadas donde tendrían más posibilidades de contar con una declaración de impacto ambiental positiva, a diferencia de otras tierras fuera de estas zonas donde había un "altísimo porcentaje de posibilidades·" de que fueran negativas. También, como forma de ayudar a los técnicos ambientales de la Administración a hacer una criba de proyectos con más y menos posibilidades de prosperar, en función de dónde se quisieran ubicar.