La UE ultima dos leyes que reducirán los controles y estudios medioambientales para autorizar parques eólicos y fotovoltaicos

  • El reglamento que durante un año considerará los proyectos de renovables de interés prioritario verá la luz en cuanto los Veintisiete pacten un tope al gas.
  •  Después los gobiernos deberán adaptar en un mes una ley que acorta plazos para autorizar, convertirá el silencio administrativo en un 'sí' y permitirá instalar dentro de la Red Natura.
  • España podrá quedar fuera de la regulación de urgencia durante un año pero tendrá que aplicar la segunda.
Más de 170 colectivos se movilizarán el 11 de diciembre para exigir a la Xunta "parar" los proyectos eólicos en trámite
Un parque de energía eólica.
20M EP
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La crisis energética provocada por el encarecimiento del gas en el contexto de la guerra en Ucrania ha convencido todavía más a la UE de que debe incrementar la producción de energías renovables, porque son limpias y contribuyen a la lucha contra el cambio climático y la hará cada vez más independiente de países productores de energías fósiles como Rusia. Y para ello, está a punto de aprobar dos piezas legislativas -un reglamento y una directiva- que supondrán acelerar el proceso de autorización de parques eólicos y fotovoltáicos, acortando plazos y saltando procedimientos como consultas públicas con los afectados o estudios de impacto medioambiental para instalarlos en zonas protegidas dentro de la Red Natura.

Estos elementos se contemplan en mayor y menor medida en dos normas comunitarias, una de urgencia con vigencia de un año y otra ordinaria, que reemplazará a la primera cumplido ese plazo. De momento, parece que España se podrá quedar fuera de la primera y más inmediata pero si la negociación que todavía queda pendiente entre el Parlamento Europeo, Comisión y el Consejo de la UE no lo remedia, tendrá que aplicar la segunda. Defensores de la España despoblada y técnicos ambientales advierten de la barra libre para los megaproyectos en manos de fondos de inversión que pueden traer consigo estas dos normas.

Levantar controles durante un año

La primera es un reglamento que los ministros de Energía aprobaron en noviembre pero que junto a otro reglamento para que la UE haga compras conjuntas de gas, España y otros 14 gobiernos mantienen 'congelado' y no darán el visto bueno definitivo hasta que los Veintisiete no sean capaces de llegar a un acuerdo para limitar el precio del gas. 

Tras el nuevo fracaso que cosecharon la semana pasada, volverán a intentarlo este lunes y si llegan a un acuerdo se dará luz verde automática a una medida de emergencia según la cual los proyectos de renovables tendrán durante un año la consideración de "interés social prioritario", y por tanto estarán por encima de cualquier otro interés "individual", como podría ser, por ejemplo, el de los vecinos de un determinado municipio o el de empresas que, como ya ocurre en algunas ocasiones, se ven perjudicadas por la instalación de un proyecto renovable en la parcela de al lado. 

Cuando se apruebe, se introducirá en la UE la "presunción de que los proyectos de energía renovable son de interés social prioritario para efectos de la legislación medioambiental" por un tiempo acotado a doce meses, que podría llevarse por delante los procesos de consulta pública, de presentación de alegaciones por las partes interesadas o incluso evaluaciones ambientales porque lo tiempos de autorización también se acortarán hasta un máximo de seis meses, que en la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental no se consideran "realistas".

"El reglamento viene a decir que se ha de mantener la protección de la biodiversidad pero que cada Estado miembro debe valorar si se lo puede saltar o no", resumió hace unos días la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no ocultó su disconformidad con este planteamiento al que solo le falta el trámite de acordar el límite al precio del gas para ver la luz. "Creemos que hay espacio para la participación y que no debería poderse contar con un sistema así", añadió.

Zonas de aceleración

La duración de esta vía rápida y extraordinaria para autorizar proyectos de renovables será de un año porque es el plazo en el que la Comisión Europea espera que esté aprobada y traspuesta a los Estados miembros otra pieza legislativa, una directiva que el jueves pasó el trámite en el Parlamento Europeo para acortar plazos de autorización y levantar ciertas garantías medioambientales. Para su aprobación ya solo queda la negociación entre Parlamento y Estados miembros que está prevista para el mes de enero. Entonces, fuentes parlamentarias indican que se verá si se introduce una modificación para que los gobiernos decidan quedarse fuera, algo que en estos momentos no se contempla.

Esta directiva -una ley de la UE que deben trasponer después todos los países también en un plazo acelerado, de un mes- parte de la preocupación de la Comisión, quien la propuso, por la existencia de "barreras" que pueden prolongar "hasta diez años" la autorización de un parque solar o eólico. Entre los "obstáculos clave", cita "procedimientos administrativos largos y duraderos", "falta de apoyo" y "oposición" a estos proyectos por parte de "instituciones públicas y privadas o del público mismo" y falta de conexiones a la red y procedimientos operativos.

Para ello, plantea dos vías para acelerar la autorización de proyectos de renovables. Una, más rápida, los acorta hasta un máximo de nueve meses el proceso -incluidos todos los elementos de red y la conexión- en unos espacios nuevos que creará esta ley, las "zonas de aceleración de renovables", que deberá ubicar cada gobierno en su territorio.

La elección de estas zonas en las que el despliegue será especialmente rápido puede ser algo conflictivo, según reconoce el eurodiputado socialista y ponente en la sombra de la propuesta que aprobó el Parlamento, Nicolás González Casares. También, el hecho de que en estas "zonas de aceleración" el silencio administrativo será considerado como una autorización. Es decir, si en nueve meses los promotores no tienen noticias de la Administración correspondiente podrán ir hacia adelante o que la nueva ley abra la posibilidad de poner molinos o parques solares en zonas dentro de la Red Natura, algo que ahora no está permitido. 

"Decimos que tengan las menores afecciones posibles" en estas áreas, explica González Casares, sobre algo que quedará a la elección de cada gobierno y que en el trámite en la Eurocámara se consiguió suavizar. "Conseguimos que los proyectos que vayan a la Red Natura, si son de interés general y se declaran así, que tengan que llevar asociada una declaración de impacto", explica González Casares, que cree una "contradicción" que los eurodiputados del PP votaran en contra de esta enmienda. "Yo no sé cómo lo han votado en contra, porque incluso en Galicia -donde gobiernan los populares y de donde procede él- los proyectos de renovables nunca se permiten en la Red Natura, tengan o no evaluación [de impacto]".

Criterios de ubicación

En el caso de España, lo previsible es que las zonas de aceleración de renovables se ubicarán donde coincida que "hay más recurso" -es decir, viento o sol-, menos protección ambiental, conexiones e infraestructuras y menos daños a las poblaciones. 

González Casares dice que durante la negociación de enero a su delegación le gustaría limar algunas cuestiones, como la consideración de los proyectos de renovables como interés general, por encima de los individuales y que, como en la norma que entrará antes en vigor, puede llevar a sortear consultas públicas. El PSE y Los Verdes presentaron una enmienda para que esto no sea así y dar "la capacidad a la población de expresarse" en una votación en la que el PP votó en contra. Ahora, tratarán al menos de limitar en el tiempo esta posible 'barra libre', solo hasta 2030.

En los territorios que queden fuera de esas áreas, la autorización, el texto que aprobó la Eurocámara hace unos días reduce a un máximo de 18 meses -desde la propuesta de la Comisión de 24- el tiempo máximo que puede durar el proceso para dar luz verde a los proyectos.

También con el objetivo de acelerar el despliegue de renovables, la directiva contempla medidas que a simple vista serán menos polémicas de lo que adelantan las anteriores entre los defensores de la España despoblada. El plazo para autorizar la instalación de placas solares en una cubierta no deberá superar los tres meses. Para las más pequeñas y dentro de las que están las que se ponen en las casas, de menos de 50 Kw, la directiva contempla que los Estados miembros no exijan más que "una simple notificación". "La instalación de equipamiento solar estaría exento del requisito de hacer una evaluación de impacto medioambiental", dice el texto.

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